La llamada Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte ha solicitado apertura de juicio oral contra los ciudadanos Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz, Brian Gabriel Palavecino, Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. A todos ellos se los señala como los autores del robo a la empresa Abra del Sol.
Además, al retirarse del lugar, lo hicieron en la camioneta Toyota SW4, propiedad de uno de los socios gerentes de la empresa. A este último, mediante violencia y amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir al vehículo, que era conducido por uno de los autores del hecho. Lo trasladaron con el rostro cubierto junto al resto del grupo a un lugar alejado de donde cometieron el robo, donde finalmente fue abandonado. El empresario fue auxiliado por transeúntes, quienes lo llevaron a una dependencia policial para denunciar el hecho.
En una comunicación de prensa, los fiscales sotienen que la investigación enfrentó diversas dificultades, no solo por la gravedad del hecho, sino también porque uno de los imputados, que por entonces ocupaba el cargo de gerente comercial de la empresa, el contador José Dimas Ruiz, simuló ser una víctima mientras mantenía contacto con los investigadores para colaborar. Sin embargo, posteriormente se reveló que proporcionaba información a los autores del hecho para que pudieran eludir la pesquisa.
Esta situación se agravó -dicen los fiscales debido a que, a pesar del evidente entorpecimiento de la investigación, José Dimas Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el exjuez Claudio Alejandro Parisi, presuntamente a cambio de una suma de dinero. Este hecho derivó en la imputación del exmagistrado por el delito de cohecho pasivo agravado y fue uno de los motivos que llevaron a su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento.
Sostienen también los fiscales que otro obstáculo que hallaron para el progreso de la investigación fueron las «sistemáticas negativas» del juez Francisco Oyarzú a las autorizaciones solicitadas por la Unidad Fiscal interviniente para extraer datos de los teléfonos celulares y otros dispositivos de almacenamiento secuestrados a los imputados. Esta decisión fue corregida por el Tribunal de Impugnación, después de que los fiscales interpusieran recursos que no fueron resueltos sino seis meses después. El comunicado fiscal dice que este fue uno de los motivos en los que se basa la denuncia presentada contra Oyarzú por el Procurador General, Pedro García Castiella ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Los fiscales que investigan el asunto han destacado la importancia de la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares, computadoras y pendrives secuestrados en los domicilios del Gringo Palavecino. Entre los elementos obtenidos se encuentran vídeos, fotografías y llamadas telefónicas grabadas que acreditaron la logística empleada para cometer el hecho, así como conversaciones entre Palavecino y José Dimas Ruiz. En dichas comunicaciones, no solo reconocían ser los autores del delito y las acciones realizadas para entorpecer la investigación, sino que Palavecino también le reclamaba a Ruiz por la detención de su hijo.
