Los dos han sido declarados culpables de un de delito de falsificación de instrumento público y absueltos de la acusación de estafa.
Durante la fase final del juicio plenario, la acusadora pública, señora Ana Inés Salinas Odorisio, había pedido para Ochoa la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que para Palacios había solicitado una pena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional y cinco años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Ochoa, Palacios y Ruiz fueron denunciados el 11 de junio de 2020 por la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta por haber emitido un permiso transitorio de habilitación para un establecimiento comercial con su firma falsificada.
Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, la investigación puso de manifiesto que, en agosto de 2019, el propietario del comercio había iniciado los trámites para la habilitación de su local, pero que tras abonar tasas y honorarios no obtuvo respuesta de la Administración en tiempo razonable, por lo que contrató a Ochoa, que se presentó como gestor, a quien entregó dinero para la agilización del trámite.
Tiempo después, Ochoa le entregó el permiso de habilitación, pero con una firma falsificada.
