Sáenz dice que Abel Cornejo ‘siempre fue un hombre de consulta por temas de seguridad y justicia’

Si bien no constituyen una novedad en sentido estricto, las afirmaciones del Gobernador sirven para confirmar una grave anomalía institucional.

Ni el artículo 166 de la Constitución de Salta ni el artículo 32 de la ley 7238 (Orgánica del Ministerio Público) reconocen ninguna facultad consultiva a los magistrados integrantes de dicho poder.

Al contrario, son los demás poderes del Estado (entre ellos, el Gobernador de Salta) los obligados a «prestar colaboración» al Ministerio Público (cuando éste la requiera), pero no al revés; es decir, el Gobernador (para gobernar o simplemente para informarse mejor) no puede solicitar la colaboración del Ministerio Público o la de sus magistrados, sin alterar gravemente el equilibrio de poderes.

La independencia funcional del Ministerio Público, consagrada en el artículo 167 de la Constitución de Salta impide absolutamente que cualquiera de sus magistrados ejerza de consultor de cualquier otro órgano constitucional, incluido el Gobernador de la Provincia.

Al Ministerio Público de Salta no le competen ninguna de las cuestiones de seguridad (enumeradas en el artículo 26 de la ley 8171, de 5 de diciembre de 2019), de modo que la consultas a que se refiere el Gobernador de Salta tienen que haber sido solicitadas (o bien prestadas espontáneamente) a título personal; es decir, prácticamente en secreto, con una grave afectación de la independencia de los poderes y enorme sacrificio del decoro personal, tanto de uno como de otro.

Sin poner en duda ni por un minuto la idoneidad del señor Cornejo en materias como la seguridad o la justicia, el hecho de que siempre haya asesorado al Gobernador (según las propias palabras de este) comporta una irregularidad mayúscula, que no hace mejor cosa que violar el mandato de independencia contenido en el artículo 4º de la ley provincial 7238.

Sea a título personal o a título institucional, los magistrados del ministerio público, así como no pueden recibir instrucciones de otros órganos de los poderes públicos, tampoco, por lógica, pueden evacuar «consultas» de ninguna naturaleza.

La inoportuna revelación del señor Sáenz, no solo lo coloca en una incómoda situación a él (que por nada del mundo debió aceptar o solicitar el «consejo» de Cornejo), sino que muy especialmente compromete la actuación independiente del Procurador General de la Provincia, en todas y cada una de las causas en las que han tomado parte él y sus subordinados, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha.

Si durante este periodo, el Procurador General ha sido «asesor» (aunque fuese informal) del gobierno, todas sus actuaciones, sin excepción de ninguna, están ahora sospechadas de parcialidad política.