La fuerza de choque más importante que hay en Salta, la mejor entrenada, no es el GOPAR sino el departamento de inspecciones comerciales de la Municipalidad de Salta, que se enfrenta a los pochocleros de la Plaza 9 de Julio a cadenazo limpio.
Ante esta carencia fundamental, los ministerios de Defensa y Seguridad del presidente Milei mandan a la frontera Norte unos fierros viejos, que solo son superados en obsolescencia operativa por algunas avionetas bolivianas que aterrizan como pueden en Rosario de la Frontera.
Nuestro Alejandro Magno del Bermejo practicaría incursiones quirúrgicas en territorio boliviano, sin importarle un pepino su soberanía; y extirparía en origen el tejido maligno que alimenta la espiral narco en el castigado Departamento de Orán.
Todo ello, sin contar con que «sus muchachos», bien entrenados y adoctrinados en la xenofobia más sensible, podrían sorprender por la espalda a los «argentinos truchos» que inflan descaradamente el padrón de Aguas Blancas y ponerlos del otro lado del Bermejo en cuestión de segundos.
En Aguas Blancas se escucha un clamor popular: que algún fiscal de la UFINAR, de la UDEC, de la UGAP, de la UFEM, de la UNESCO, de la UNICEF, o la misma fiscal de Orán, actuando en «unidad» consigo misma, como el Espíritu Santo, impute de forma provisional a Nicolás Maduro un delito de narcoterrorismo y otro de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; todo ello en virtud del principio de justicia universal. Es decir, que procedan como ha hecho la fiscal Bondi, a la que ningún bondi la deja bien.
Los fiscales deberían también pedir al Juez de Garantías del territorio —a ser posible el juez Raúl Fernando López— que se mantenga la detención de Maduro, no porque su libertad represente un peligro para nadie, sino en atención a sus antecedentes condenatorios y al riesgo de fuga, ya que damos por hecho que el juez de Nueva York lo va a hacer picadillo, a él y a su señora, «la primera combatienta».
En la frontera Norte se espera que el dictador venezolano sea juzgado por vídeoconferencia en Orán por un tribunal presidido por el exjuez Claudio Alejandro Parisi e integrado por el también exjuez Edgardo Laurenci, que recuperarían su jurisdicción solo para este juicio, con la venia de la magnánima Presidenta de la Corte de Justicia y del destituyente Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La defensa del bigotudo podría ser ejercida por el letrado Roberto Ortega Serrano, también por videoconferencia, pero en este caso desde la cárcel.
Incluso antes de que Maduro sea enviado a compartir su suerte (y la celda) con el Gringo Palavecino, el dictador podría recibir la bendición sacramental del también condenado exobispo de Orán Gustavo Zanchetta.
Así, todo Orán estaría de fiesta.
