El proyecto prevé la implementación del juicio por jurados en la administración de la justicia penal, pero solo para los delitos graves que se cometan en territorio provincial.
Según el proyecto, la participación de la ciudadanía en la administración de justicia otorga mayor legitimidad a las decisiones judiciales y fomenta la confianza en un sistema de justicia seriamente objetado en cuanto a su credibilidad.
El gobierno sostiene que la transparencia también se encuentra garantizada “por un cuidadoso cumplimiento del proceso de selección de los jurados”, por medio de actos públicos caracterizados por la nominación aleatoria, debidamente auditados, y por las posteriores definiciones sobre la integración del panel por medio de la litigación en audiencia pública.
Juicio por jurados en la Argentina
Hasta el momento este modelo de enjuiciamiento se ha implantado en Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.Desde hace 170 años la Constitución argentina exige que los crímenes -es decir los delitos más graves- sean juzgados por los ciudadanos mediante el sistema de jurados. El mandato ha permanecido inalterado en las sucesivas reformas de la Constitución Nacional y se encuentra vigente en sus artículos 5, 118, 121, 122, 123 y 126.
En ese sentido, la Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el mandato constitucional puede y debe ser cumplido por las provincias que son las que sancionan sus leyes procesales en materia penal.
