No se trata, como se podría suponer, de un caso de explotación de trabajadores extranjeros, sino exactamente al revés: son los extranjeros ilegales los que explotan a los nacionales.
Pero, ¿este curioso fenómeno es solo culpa de Posco?
Si nos atenemos a la información publicada por algunos medios de prensa, la culpa de lo que ocurre en torno a la contratación de trabajadores extranjeros ilegales en puestos clave no solo obedece a la avaricia de los coreanos, sino también en buena medida a la clamorosa ineficacia de la inspección de trabajo del gobierno salteño y a los deficientes controles de las autoridades federales de migraciones.
En cualquier país, si en una empresa se detectan extranjeros ilegales trabajando en ella, se detiene y procesa al empresario (por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros) pero no a los trabajadores extranjeros, como se ha hecho en Salta, ya que la ilegalidad administrativa no es delito, como sí lo es el que comete su empleador. En Salta, los coreanos de Posco no han sido ni siquiera interrogados.
Pero lo que ha sufrido aquí una estruendosa bofetada es el «orgullo salteño», porque los coreanos de Posco no contratan la proporción de mano de obra local que está prevista en las leyes.
Si esto fuese verdad (que es muy posible que lo sea) rodaría por el fango la promesa del gobierno salteño de una revolución en el empleo doméstico y casi todas las bienaventuranzas relacionadas con el litio. Si Posco trae capataces y supervisores de otros países, es muy probable que también lo hagan las otras empresas, sin que el gobierno ni los de migraciones se enteren.
Pero mucho más grave que esto es el hecho de que mineras como Posco subcontraten algunos trabajos con empresas proveedoras de servicios mineros constituidas por ellos mismos (vaya uno a saber de qué forma) en otras partes del país y dejen de lado maliciosamente a los proveedores salteños, que trabajan afanosamente para especializarse y dar servicios transparentes y de alta calidad. He aquí otra promesa del gobierno que se queda sin cumplir.
Hace algunos meses, un grupo de mineros de origen asiático, presuntamente borrachos, molió a palos a una pareja de vecinos en un edificio céntrico de la ciudad de Salta. Los vecinos se habían quejado del volumen de la música en horas de la noche, lo que no hizo mucha gracia a los mineros. No se sabe que ni siquiera los agresores hayan sido detenidos por la Policía, que acostumbra a guardar en la Alcaidía a los oriundos, simplemente por mirar fuerte a alguien. ¿Hay impunidad para los mineros extranjeros en Salta?
En relación con la planta de Güemes, recién ahora va a intervenir en el asunto la inspección de trabajo salteña, que, por lo que se ve, solo está para celebrar actos de conciliación entre copetudas dueñas de casa y empleadas domésticas ninguneadas. Tanta es la pasión que los inspectores y los letrados de la administración laboral salteña le ponen a estos pequeños asuntos, que por debajo de sus narices se les ha colado una enorme esclavitud en forma de jornadas de trabajo «a la coreana».
Sin embargo, lo más preocupante de todo -y esto lo denuncian los oriundos explotados- quizá no sea que los coreanos hagan trabajar a los criollos como esclavos, sino que no les dirijan la palabra, como sucede en la famosa película El secreto de sus ojos con el siniestro y torturado personaje de Isidoro Gómez, que no se quejó de su largo y penoso encierro, sino de que Pablo Rago no le hablaba.
Tal vez, si los jefazos coreanos fuesen más locuaces (o si utilizasen los modernísimos traductores automáticos que sus propios paisanos han inventado), la explotación laboral de los criollos a manos de inmigrantes ilegales podría haber pasado desapercibida unos ochenta años.
Con tal, la Dirección Provincial de Trabajo (o como se llame ahora), seguirá impávida clausurando pequeños almacenes mientras el 60% de la fuerza de trabajo salteña se encuentra desprotegida y en negro.
