Dejando a un lado la apocalíptica descripción que el señor Rodríguez Pipino ha hecho de la Alcaidía (hacinamiento intolerable, falta de agua, higiene deficiente, mala comida, alimañas, sarna, falta de sanitarios y condiciones de salubridad en general), lo más llamativo de su orden es que la misma ha sido formulada “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial y de la responsabilidad personal que hubiere corresponder”.
A pesar de que las intenciones del juez son buenas y no cabe dudar de su rectitud, no parece admisible que el emplazamiento al gobierno para mejorar la Alcaidía haya sido formulado bajo una amenaza semejante; sobre todo, si se tiene en cuenta la peculiar naturaleza de la obligación impuesta por el juez, ya que en el mejor de los casos el gobierno puede cumplir arbitrando los medios necesarios, pero sin garantizar la obtención de resultados concretos.
Entre nuestros jueces y tribunales se advierte una tendencia creciente a formular apercibimientos de esta naturaleza, que muchas veces -por lo general, cuando los «desobedientes» son personas de escasos recursos- toman forma de un proceso penal.
En el caso de la Alcaidía, y teniendo en cuenta el penoso estado en que se encuentra (según el propio juez), es impensable que el Ministro de Seguridad (no el actual sino cualquiera) pueda solucionar de inmediato esa catarata de problemas, carencias y patologías.
Para poner la Alcaidía en condiciones «humanas» (que es lo menos que se puede esperar), no solamente hace falta tiempo (no concedido por el juez Pipino), sino también una ingente inversión de dinero, que probablemente el Ministerio de Seguridad no tenga.
Mandar al ministro preso no solucionará los gravísimos problemas de la Alcaidía y probablemente cree otros igual o más complicados.
¿Quiénes son los que ponen el grito en el cielo?
Las condiciones de detención en la Alcaidía provincial son de responsabilidad directa del Ministro de Seguridad, sin dudas. Pero no hay que olvidar que la sobrepoblación carcelaria es también responsabilidad de los jueces y de los fiscales que son los que envían a las personas tras las rejas, muchas veces sin fijarse -como dice el chiste del borracho en el velorio- «si hay comodidades».Probablemente con un poco menos de populismo punitivo y un empleo menos generalizado y mecánico de la prisión preventiva, se podría contribuir decisivamente a reducir el hacinamiento. Y esto es algo que compete más a los jueces y a los fiscales, que al ministro de quien depende el Servicio Penitenciario.
Por otro lado, resulta un poco contradictorio que un medio de prensa denuncie la sobrepoblación carcelaria, solo 72 horas después de haber publicado un editorial con el título «Acá nadie va en cana».
Porque precisamente lo que el hacinamiento en la Alcaidía está demostrando es que «acá mucha gente va en cana»; solo que no se trata de la misma gente a la cual el medio de prensa en cuestión le gustaría ver tras las rejas.
