En un comunicado de la Oficina del Presidente, difundido a través de X, se afirma que el gobierno «requiere de funcionarios comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado», y como no-comprometidos ha señalado a dos: el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Osvaldo Giordano y la Secretaría de Minería, Flavia Royón.
En todo caso, el Presidente dice que los futuros funcionarios deberán defender a los argentinos y «del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo», dando a entender de este modo que ni Giordano ni Royón lo hicieron.
Según Télam, que cita fuentes oficiales (como si Télam no fuera oficial), ya se sabía que cuando regresara Milei de su viaje por Israel e Italia, se iba a descabezar a cuatro funcionarios nacionales que responden a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; y de Salta, Gustavo Sáenz.
Se especula con que los próximos en dejar sus cargos son el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, y Daniel Tillard, uno de los directores del Banco Nación.
Las mismas fuentes -según Télam- afirmaron que el rechazo de una parte de la oposición a la ley bases era esperable y estimaron que la votación en Diputados sirvió para desvelar los intereses de los políticos de la «casta», a los que el propio Presidente había calificado de «kirchneristas de buenos modales».
