El informe, elaborado por los expertos Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, atribuye este fenómeno al menor crecimiento económico, así como al aumento de la desigualdad, y advierte que todas estas variables “se refuerzan entre sí, formando un círculo vicioso”.
A ello han contribuido la gran crisis financiera mundial y sus secuelas, que han obligado a una lenta recuperación y provocado un aumento significativo de la desigualdad. Decenas de millones de personas se han quedado atrás con sus esperanzas destruidas. Muchos de ellos decidieron llevar su frustración a las calles, en un clima de insatisfacción social generalizada, con el correlativo aumento del nivel de activismo ciudadano.
Diez años después de la gran crisis financiera estallaron protestas populares en Francia, en Grecia, en Honk Kong, en la India, en Chile, en Colombia, Bolivia, Irán e Irak, por solo citar los países en donde las revueltas fueron más intensas.
Si bien estas protestas fueron provocadas por diferentes eventos, que van desde el aumento de los costes de transporte a precios más altos del combustible, el elemento común que enlaza a todas ellas es el descontento social que está estancando los niveles de vida y causando una mayor desigualdad.
* Que las grandes pandemias pasadas, aunque de una escala mucho menor que la del Covid-19, provocaron un aumento significativo del malestar social al reducir la producción económica y aumentar la desigualdad, creando un círculo vicioso en el que estas variables se refuerzan entre sí.
* Que una mayor desigualdad y una menor producción económica son efectos persistentes y visibles incluso después de cinco años del comienzo de la pandemia analizada. En promedio, el malestar social y el riesgo de disturbios civiles aumentan entre 12 y 14 meses después de que se declara la pandemia.
* Que se necesitan ahora mismo medidas políticas para proteger al grupo más vulnerable de la sociedad, ya que es probable que la crisis del Covid-19 desencadene este “círculo vicioso” en los próximos años.
* Que durante la última pandemia han sido especialmente útiles “las prestaciones por desempleo y la mejora de los beneficios de salud, como las licencias por enfermedad”. También se destaca que “donde la informalidad es generalizada, las transferencias de dinero en efectivo pueden ser la mejor respuesta”. Esta última referencia conecta claramente con la necesidad de implementar una renta básica incondicional y universal.
* Que la crisis de Covid-19 podría “brindar una oportunidad para abordar las desigualdades de larga data en el acceso a la salud y los servicios básicos, las finanzas y la economía digital y mejorar la protección social para los trabajadores informales”.
Las medidas de confinamiento han tenido un enorme impacto en el mercado de trabajo, con un aumento del desempleo y una caída en la participación de la fuerza de trabajo. Las pérdidas de empleo se concentraron en las industrias con salarios más bajos y entre las mujeres y los jóvenes.
Si bien es verdad que durante el pico de la pandemia las revueltas sociales han disminuido a causa de las restricciones de movilidad, ha habido excepciones notables como las recientes protestas generalizadas en países como los Estados Unidos y el Líbano, en donde se han producido reacciones virulentas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico.
En Salta
A la luz de las conclusiones del informe del FMI de octubre de 2020, no parece casual ni anecdótico que los graves disturbios sociales que se están produciendo ahora mismo en Salta ocurran solo unas semanas después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara el fin de la pandemia del Covid-19.Si bien es cierto que hay factores locales que contribuyen a explicar esta crisis, parece evidente que el gobierno provincial de Salta -aparentemente más preocupado en ganar las elecciones que en gobernar el complejo escenario postpandémico- no ha acertado a tomar medidas para proteger a la población más vulnerable.
La tímida recuperación económica, el declamado superavit fiscal y la euforia por el previsible crecimiento de la extracción del litio han instalado al gobierno en una nube de triunfalismo y comodidad que le ha impedido advertir el riesgo de revueltas sociales generalizadas; no solo como respuesta al descontento social, sino como una suerte de reacción ciudadana después de años enteros de contención debido a las restricciones a la movilidad impuestas por la lucha contra la enfermedad.
El gobierno de Salta se enfrenta ahora a un escenario complejo, por cuanto su obligación más inmediata es la de restaurar el orden público alterado; pero para hacerlo de una manera efectiva, convincente y -sobre todo- duradera, debió haber puesto en acción hace por lo menos dos años, medidas especiales de asistencia a la población más vulnerable.
La democracia cuantitativa (las elecciones populares) apenas si proporcionan soluciones efectivas para problemas como estos. Las conclusiones del estudio del FMI sobre las pandemias y las revueltas sociales nos indican que la solución no pasa por negociar treguas «políticas» con los agitadores (que no representan a la población vulnerable y que más bien se aprovechan de ella) sino por poner en marcha, de forma urgente, políticas efectivas de asistencia social.
