Aún no hay cifras oficiales, pero todo indica que muchos de los que solo hasta ayer apoyaban la huelga declarada ilegal se están pensando bien si vale la pena seguir tirando de la cuerda y exponerse a perder un mes completo de sueldo, ya que el gobierno, en cumplimiento de la ley, no pagará los días no trabajados.
Algunas especulaciones periodísticas sugieren que después que el gobierno se haya mostrado firme sobre el no pago de los días no trabajados, el número de trabajadores dispuestos a perder su sueldo ha descendido de manera sensible. «Son ya pocos los que se quieren exponerse a perder un mes completo de sueldo», sostienen estas fuentes.
Mientras tanto, no se sabe que el gobierno haya atendido la exigencia de los autoconvocados de poner fin a las causas judiciales abiertas contra los detenidos en el peaje de Aunor durante el último corte de ruta. Tampoco se conoce que los revoltosos hayan cumplido con su amenaza de cortar todas las rutas de la Provincia, en caso de que el gobierno no atendiera a sus peticiones.
Las protestas de ayer han estado dirigidas, casi exclusivamente, a cuestionar la polémica ley sancionada por la Legislatura para restringir las protestas. La sanción definitiva de esta norma correspondió a la Cámara de Senadores, que lo aprobó por una mayoría muy ajustada de los miembros presentes, aunque en un número inferior al de la mitad de los miembros de esta asamblea.
La norma aún no ha sido promulgada, pero la reunión mantenida ayer por el gobernador Gustavo Sáenz con el secretario general de la CGT de Salta, Carlos Rodas, y el delegado regional del Ministerio de Trabajo nacional, Jorge Guaymás, se deduce que la norma aprobada por la Legislatura puede ser observada total o parcialmente por el mandatario provincial.
