Ayer se ha sabido que los «delegados» de los autoconvocados (que nadie sabe cómo han sido elegidos ni por quién) se han reunido con el gobierno y han añadido a sus reivindicaciones de carácter laboral una de carácter procesal: que se archiven los procesos penales abiertos contra los veinte detenidos por cortar la ruta en el Portezuelo.
La explicación es sencilla. El gobierno de Salta -especialmente en la época de Urtubey- ha dado señales a la ciudadanía de que «controla» todos los resortes del Poder Judicial y que los jueces y fiscales reciben (y cumplen) órdenes para abrir y cerrar causas penales con un solo chasquido de dedos y por cuestiones de conveniencia u oportunidad políticas.
El ejemplo de Urtubey «perdonando» a finales de 2015 las causas penales en las que estaba involucrado Juan Carlos Romero, que habían conseguido avanzar con enormes dificultades, ha llevado a los autoconvocados a la convicción de que basta un WhatsApp del Gobernador de la Provincia para que el Procurador General decida que los graves delitos que se cometieron en el Portezuelo se borren de la historia y no produzcan ninguna consecuencia. Es decir, los huelguistas están convencidos de que Sáenz puede «amnistiarlos» o, mejor aun, decretar, como el Papa, indulgencias plenarias.
Pero para evitar aberraciones institucionales como ésta están los fiscales, cuyo deber ineludible consiste en asegurar que se respete el interés público tutelado por ley. Es decir que si los fiscales deciden -con pedido o sin él- archivar una sola de las causas abiertas por delitos que se han consumado, podrán congraciarse con el gobierno pero estarán traicionando su misión constitucional. El indulto fiscal será la mejor forma de asegurarse de que los cortes de ruta van a volver a repetirse y cada vez de una forma más salvaje y dañina.
Ni los delegados, ni -por supuesto- el gobierno, se dan cuenta de que amenazar con un corte total de las rutas es también un delito penal (una mancha más del tigre) y que si los fiscales no han actuado ya notitia criminis es porque están sintonizando otro canal o están esperando la llamada del Gobernador de la Provincia (tan alejados de la realidad no están los trotskistas).
Lo que debería preguntarse el gobierno ahora mismo es con qué gente y con qué recursos los autoconvocados van a cortar «todas» las rutas, puesto que si algo han demostrado durante estas casi cuatro semanas de conflicto es que son capaces de hacer mucho ruido pero de producir muy pocas nueces. A los bloqueadores de rutas les pueden salir una o varias «zuninos» ávidas de focos y de cachiporras.
Por eso es que el gobierno se entregará atado si accede a negociar con los autoconvocados antes de poner en marcha todos los mecanismos legales que el Ordenamiento le proporciona para reconducir el conflicto. Admitir que se trata de una cuestión «política» es rendirse y dejarse arrastrar al terreno en el que los trotskistas quieren colocar la controversia.
Como el Partido Obrero no tiene diputados, ni senadores ni concejales, porque la democracia ha decidido que no los tengan, lo suyo es salir a la calle a reventar la convivencia. La política no se les da muy bien (como no se le dio a Trotsky, vencido por Stalin primero y por un piolet después) así que se dedican a hacer lo que mejor saben hacer desde 1917: to cause dissent, stir the pot, get the people to question the whole rotten system. Si el gobierno acepta el envite, serán sus funcionarios -y no los agitadores- los que dejarán al desnudo su idea particular de la democracia.
Si Sáenz quiere demostrar autoridad, debería olvidarse de conceder entrevistas y hablar generalidades poéticas sobre sus «grandes logros» en el ámbito del empleo público y pensar seriamente en cesar a su Ministro de Economía y Servicios Públicos, que es uno de los principales responsables de que los huelguistas piensen que con el gobierno se puede hacer lo que se quiera.
En las últimas horas la huelga ha pasado de ser «reivindicativa» (ilegal, pero reivindicativa al fin y al cabo) a ser simplemente «extorsiva» (doblemente ilegal). Muy mal hacen Sáenz y sus funcionarios en pensar que los están extorsionando a ellos por su bonita cara. El chantaje se dirige contra la sociedad salteña, contra el Estado de Derecho, y es por tanto deber del gobierno reaccionar defendiendo a la primera y afirmando la supremacía del segundo, y no ceder en ningún momento a las presiones que se ejercen fuera de la ley, sea que tales presiones provengan de la ultraizquierda o del otro extremo del arco ideológico.
Con los derechos de todos no se juega.
