Con ser grave, esta afirmación -que comporta nada menos que la expulsión de la política del seno del Parlamento nacional- no es tan grave como la que a continuación hizo la señora diputada: «Soy parte del gobierno de Salta y me siento agraviada», ha dicho la señora Calletti, al salir al cruce de unas afirmaciones de su colega y también diputado por Salta (y candidato a Vicegobernador de esta Provincia), señor Carlos Zapata.
Salvo que la versión taquigráfica estuviera equivocada, la diputada Calletti dijo que es «parte» del gobierno de Salta; es decir, no una mera simpatizante ni una aliada política; no ha dicho que sea o se sienta «parte» de un «proyecto» o de un «espacio» sino de un gobierno. De sus palabras solo se puede interpretar que participa o tiene intereses en el gobierno.
Si la señora Calletti es, como ella misma ha dicho, «parte» del gobierno de Salta (al mismo tiempo que miembro de un poder instituido por la Constitución federal) debería decir puntualmente qué «parte» ocupa en el gobierno de Salta, cuál su grado de «participación», quién le ha dado «parte» en el gobierno provincial y en qué nivel, cuál es su responsabilidad dentro de él, qué tiempo dedica a este gobierno y qué tiempo a su empleo federal y si percibe por sus «tareas provinciales» una remuneración en dinero o en especie, o si la incompatibilidad surge de la aplicación de normas éticas.
En caso de que esas explicaciones tan sencillas no lleguen, los «agraviados» serán los ciudadanos de Salta que la han votado para que se dedique -como ella dice- «a debatir las leyes de los argentinos» y no para gobernar Salta, en ninguna medida.
