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  • Fuera de la ley
  • La que fuera ministra de Derechos Humanos y Justicia del gobierno de Urtubey y hoy se sienta en un escaño de la Cámara de Diputados de la Nación ha saltado a las portadas digitales por su convencida afirmación de que sus colegas diputados han sido electos «para debatir las leyes de los argentinos» y no «para hacer política en el recinto».
Cyntia Pamela Calletti, diputada nacional por Salta
Cyntia Pamela Calletti, diputada nacional por Salta

Con ser grave, esta afirmación -que comporta nada menos que la expulsión de la política del seno del Parlamento nacional- no es tan grave como la que a continuación hizo la señora diputada: «Soy parte del gobierno de Salta y me siento agraviada», ha dicho la señora Calletti, al salir al cruce de unas afirmaciones de su colega y también diputado por Salta (y candidato a Vicegobernador de esta Provincia), señor Carlos Zapata.


Bastante más pesado que decir que la política no debe tener lugar en el recinto parlamentario es afirmar que un diputado nacional forma parte de un gobierno de Provincia, cuando las normas que nos rigen establecen con claridad que las personas que cumplen funciones en el Estado nacional (los diputados nacionales, en concreto) no pueden desempeñar otro cargo o empleo público remunerado en el ámbito nacional, provincial o municipal. La razón de esta incompatibilidad no es otra que el más que notable conflicto de intereses que una situación de este tipo produciría.

Salvo que la versión taquigráfica estuviera equivocada, la diputada Calletti dijo que es «parte» del gobierno de Salta; es decir, no una mera simpatizante ni una aliada política; no ha dicho que sea o se sienta «parte» de un «proyecto» o de un «espacio» sino de un gobierno. De sus palabras solo se puede interpretar que participa o tiene intereses en el gobierno.

Si la señora Calletti es, como ella misma ha dicho, «parte» del gobierno de Salta (al mismo tiempo que miembro de un poder instituido por la Constitución federal) debería decir puntualmente qué «parte» ocupa en el gobierno de Salta, cuál su grado de «participación», quién le ha dado «parte» en el gobierno provincial y en qué nivel, cuál es su responsabilidad dentro de él, qué tiempo dedica a este gobierno y qué tiempo a su empleo federal y si percibe por sus «tareas provinciales» una remuneración en dinero o en especie, o si la incompatibilidad surge de la aplicación de normas éticas.

En caso de que esas explicaciones tan sencillas no lleguen, los «agraviados» serán los ciudadanos de Salta que la han votado para que se dedique -como ella dice- «a debatir las leyes de los argentinos» y no para gobernar Salta, en ninguna medida.

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