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Imagen ilustrativa
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Tuve la suerte de no haber experimentado entonces esa sensación de vacío paisajístico y vértigo existencial que embargó el alma del protagonista de la zamba La nostalgiosa, quien, en circunstancias muy parecidas a las mías, buscaba al fondo de la calle un cerro, pero encontraba «el cielo y nada más».



Al contrario, mi curiosidad se dirigió hacia las profundidades urbanas, en las que pude descubrir toda la magnificencia del Subte porteño, que me dejó maravillado, a pesar de que el desarrollo de la red hace cincuenta años no era el de ahora.

En Salta había cerros pero no Subte, y empezaba a preguntarme por qué.

Es verdad que Salta entonces era una ciudad pequeña y amigable, que se podía cruzar de un extremo a otro (especialmente de Este a Oeste) a pie, sin hacer grandes esfuerzos físicos. Atravesar la ciudad de Norte a Sur era, por entonces, una aventura más moral que geográfica, un viaje del alma que comenzaba en la parte más piadosa de la ciudad, y que, conforme descendía hacia el río, se internaba lentamente en los tenebrosos dominios del pecado carnal.

Pero las razones por las que en Salta no había un servicio de transporte por trenes subterráneos, no estaban muy clara que digamos. Algunos sostenían que nuestro subsuelo no es el más adecuado para la excavación de túneles; otros temían que los temblores acabaran hundiendo la ciudad, y no faltaba quien sostenía que nuestros edificios más viejos se desplomarían sin remedio si debajo de ellos se construía un túnel. Entre los antisubte de Salta no faltaban aquellos terraplanistas que ya por entonces aseguraban que el Cerro San Bernardo era en realidad un volcán dormido que en cualquier momento podía erupcionar y convertir a la ciudad en una gigantesca pista de patinaje sobre lava tibia.

Ninguna de estas razones me convencía. En ciudades como Los Ángeles o Tokio, con un elevado riesgo sísmico, las redes de metro son imprescindibles y bastante seguras. He conocido a muchos angelinos y a casi todos les he preguntado si tienen miedo a que el metro les hunda la ciudad. Todos me respondieron que no.

Fue así entonces que, con la ayuda de un primitivo plano de Salta (de la Salta de comienzos de los años 70 del siglo pasado) diseñé sobre el papel una rudimentaria red de estaciones de subterráneo para mi ciudad natal. Eran solo líneas y nombres de estaciones, pero pensé que aquel esbozo podía ser el comienzo de una era en la que Salta sería surcada por grandes autopistas, salpicada de estaciones aéreas, con islas flotantes para commuters, y bien comunicada, como las más grandes y modernas urbes del mundo.

De aquel primitivo «plano del subte salteño» (a la postre, un ejercicio de futurología sin demasiado sentido), recuerdo una línea larga y poblada de estaciones que conectaba el bajo salteño con el centro de la ciudad. Aquella línea troncal tenía como cabecera a la estación Marion en la zona sur (el nombre había sido elegido en homenaje a una noble trabajadora de aquella parte innoble de la ciudad antigua) y, en el otro extremo, a la estación Pajarito Velarde, bautizada así en honor a ese formidable hub de la cultura salteña.

Casi cincuenta años han pasado desde aquellos garabatos casi infantiles, y Salta sigue sin tener un solo metro de túnel para el transporte subterráneo. Si tuviésemos uno, esta es la hora que una buena parte de nuestros problemas de movilidad, de salubridad del medio ambiente y de seguridad en los desplazamientos estarían resueltos. Es evidente que el temor geológico y el terraplanismo sanbernardiano le han ganado, en este punto, la partida al progreso.


El transporte de superficie

Pero lo que más me llama la atención hoy no es la falta de trenes subterráneos, sino que el transporte público de superficie, que debería ser el rey de la ciudad, esté siendo expulsado cada vez más afuera del centro de la ciudad, por donde se supone deben circular los señoras y las señoras bien de Salta con sus opulentos SUV, detrás de sus gafas de Gucci, pero en donde no es recomendable ver a los pobres apeándose de los colectivos, pues -dicen- dan mala imagen a los turistas, que se supone que en su infinita superficialidad solo quieren ver gauchos acicalados haciendo piruetas con sus lanzas en una esquina de la Plaza 9 de Julio.

Antes de que a un engominado capitán del Ejército se le ocurriera hacer peatonales las primeras cuadras de las calles Alberdi y Florida, recuerdo que por ellas circulaban los colectivos, como décadas antes lo hacía el tranvía, que no llegué a conocer.

Con el tiempo, y los viajes, me di cuenta de que en Salta sucede exactamente al revés que en las ciudades más avanzadas y más preocupadas por el medio ambiente y el equilibrio urbano, en las que se prohíbe a los vehículos particulares entrar al centro de la ciudad y se privilegia el uso del transporte público. En Times Square de Nueva York, en la Place de la Concorde de París, en el Picadilly Circus de Londres, en la Puerta del Sol de Madrid y hasta en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, hay autobuses y subterráneos para aburrir. No entiendo por qué no en Salta.

En nuestra ciudad parece que la «política de Estado» es la de desalentar a como dé lugar el uso del colectivo, para lo cual el gobierno no solo se empeña en alejarlo del centro sino que también le aumenta el precio, a veces de forma irrazonable.


No llego a entender bien por qué motivo en algunos servicios públicos esenciales (como la atención sanitaria o la educación, que son gratuitos) no importa para nada la relación que existe entre lo que cuesta prestar el servicio y lo que Estado recauda por su prestación. ¿Por qué el Estado compra sofisticados equipos médicos para los hospitales sin esperar en ningún momento el retorno de la inversión en forma de dinero, y al mismo tiempo se niega a comprar nuevos colectivos o pagar un sueldo más alto a los choferes, si antes no se asegura que va a recuperar lo invertido con lo que pagan los usuarios del transporte?

En otras palabras, ¿por qué el transporte público colectivo de pasajeros en Salta no es gratuito para los usuarios y lo que cuesta prestar el servicio es soportado por los impuestos que pagamos todos?

Se podrá decir que la salud y la educación son derechos constitucionales mientras que el transporte no pasa de ser una actividad mercantil que no está consagrada como derecho al más alto nivel. Pero esta es una forma muy mezquina de pensar la inserción del ser humano en la ciudad en la que habita. En el mundo en el que vivimos, casi nadie podría ejercer su derecho a circular libremente por el territorio si no es con la ayuda del transporte. Si para circular, una persona debe pagar una cantidad de dinero (sea para comprar un coche y llenar el tanque de combustible, sea pagando el billete de un autobús), este derecho fundamental ya no se ejerce tan libremente como sería deseable.

Qué ocurriría si el derecho a la libertad de expresión solo pudiera ser ejercido de forma provechosa mediante un megáfono. ¿Sería razonable que el Estado se desentendiera del asunto y condenara a los ciudadanos a comprarse un megáfono de su bolsillo?

Es la evolución social la que, de hecho, ha elevado al transporte a la categoría de derecho fundamental de las personas. Su gratuidad (que no quiere decir que no cueste nada prestar el servicio) es, para mí, cuestión de unos pocos años.

El debate sobre la gratuidad del transporte público está muy vivo en Europa, en donde países como Luxemburgo o ciudades como Tallin o Dunkerke ya lo han implementado. Cuando ocasionalmente se ha puesto en práctica esta medida en ciudades como París o Madrid, la mejora de la circulación rodada y de la calidad del aire han sido más que notables.

Los argumentos a favor (reducción de la congestión circulatoria, mejora de la calidad del aire, mayor velocidad de los desplazamientos, mayor satisfacción laboral de los conductores, menores incidentes callejeros, mayor control del espacio urbano, ahorro de energía y mayor compromiso de los usuarios a la hora de cuidar las instalaciones) parecen por el momento más convincentes que los argumentos en contra, que se basan, casi todos ellos, en el escepticismo frente a la comodidad del uso del vehículo particular.

En Salta, quizá alguna diputada nos diga que no quiere compartir asiento con una señora que lleva gallinas vivas en una bolsa de mercado, o que no soporta ver a bordo de los colectivos a gente pidiendo o que le disgusta la música a todo volumen o el olor a patas. Para personas como estas, siempre será preferible encerrarse detrás de los vidrios tintados de su 4x4, que compartir el espacio con gente bastante menos afortunada que ella.

Pero si quitáramos del medio las apariencias y los deseos de diferenciación social de algunos y algunas, no hay nada que nos diga que es imposible que el boleto de ómnibus pase de 41 pesos a cero.

Cuando comencemos a pensar en la libertad de circulación como en un derecho tan fundamental como la libertad de opinar o la de manifestarse, estaremos a un paso de reivindicar al transporte público gratuito en la ciudad, algo que ya han conquistado -no sin esfuerzo, es cierto- millones de urbanitas en todo el mundo.



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