Del calendario de actividades publicado recientemente por el gobierno destaca no solamente su extensa variedad y su amplia localización geográfica, sino también la diferente capacidad técnica de sus organizadores, los recursos escasos con que cuentan algunos municipios, las ofertas de gastronomía artesanal sin garantías de calidad, y, sobre todo, los muy diferentes niveles de calidad en la oferta musical.
Por razones que se ignoran, en la formulación del calendario de actividades de la temporada de verano no participa la Secretaría de Cultura. Y si lo hace, es que francamente no se nota.
Aunque las actividades incluidas en el calendario no disfruten de ninguna subvención pública (lo cual es bastante dudoso), es del caso suponer que el solo aval del gobierno y de los intendentes municipales a estas actividades requiere que la selección de las mismas sea sometida a algún tipo de procedimiento transparente, en el que se pueda evaluar la seriedad de la propuesta, sus antecedentes y su calidad.
Para evitar fracasos y desilusiones, así como para ofrecer un paquete homogéneo de actividades fiables que contribuyan a acrecentar nuestro acervo cultural, es necesario implantar en el ámbito público un proceso sistemático con el objeto de obtener la información necesaria sobre los resultados, previstos o no, y el funcionamiento de un determinado proyecto cultural.
Esta tarea de evaluación no debe limitarse a la calidad de un proyecto determinado, sino que debe estudiar y tener en cuenta dos elementos muy importantes: la percepción de los usuarios y la calidad de la gestión organizacional.
Hasta ahora no se ha podido saber que el gobierno provincial o los gobiernos municipales hayan echado mano de la autoevaluación como instrumento de diagnóstico y mejora de la organización. Al contrario, llama la atención la falta de elementos de referencia para establecer los criterios de la necesaria evaluación (pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, etc.), más allá de los estrictamente vinculados a la calidad de servicio.