No debe haber nada peor para un órgano constitucional que verse obligado a salir a buscar, organizada y obsesivamente, el aplauso de aquellos a los que tiene que servir.
Dicho en otras palabras, la autoridad no se demuestra con documentos más o menos bien redactados sino con una alta estatura moral.
La proliferación de escritos de apoyo solo sirve -en el mejor de los casos- para dejar a la vista de todos la propia debilidad institucional y la peligrosa inseguridad personal de quienes integran estas instituciones acomplejadas.
El juicio sobre la eficiencia de una institución cualquiera no puede efectuarse nunca en base a la contabilidad de escritos de apoyo y de rechazo. Hay formas mucho menos sesgadas de hacerse una idea de los errores y los aciertos de alguien, que empezar a contar los tuits y los retuits a favor y en contra.
Rodearse de aduladores dóciles es la mejor forma de perder todo contacto con la realidad, y probablemente el método más infalible para eludir el fatal y necesario enfrentamiento con los problemas.
Quien, por debajo de los conflictos aunque operando temerariamente en ellos, desea íntimamente convertirse en supremo intérprete constitucional, no puede -sin arriesgarse a caer en el ridículo- entregar a sus ocasionales aduladores un escrito que diga que nuestra Constitución prevé «exámenes abiertos, rigurosos y participativos».
Ninguna de estas exigencias figura en nuestra Constitución (de hecho, es casi imposible saber lo que es un examen «participativo»). Pero aun si llegasen a figurar, siempre será mejor hacer algún esfuerzo por cumplir con estas metas, que ponerse a repartir panfletos por las oficinas y rogar para que los firmen.
Los psicólogos deberían tomar cartas en el asunto y evitar que las inseguridades personales tomen por asalto a una instituciones que -se supone- deben afirmar su autoridad y su prestigio, no en el aplauso de pago sino en la alta consideración social de su propio desempeño.
