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  • Tardía reacción
  • La creación de esta institución data de agosto de 2017, fecha en que fuera promulgada la ley provincial 8024, que instituye el así denominado sistema provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa

Según la información oficial del gobierno provincial de Salta, la nueva institución tendrá su sede en segundo piso del inmueble ubicado en la calle Santiago del Estero 2091 de la capital de la Provincia.



La misma información oficial dice que integran el comité, los señores Cristina Cobos y Rodrigo Solá, designados por organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos reconocidas legalmente; el señor Ramón Corregidor, designado por la Cámara de Diputados, y el señor Marcelo Robles por la Cámara de Senadores.

El inciso 9 de la ley 8024 habla también de un miembro designado por Poder Ejecutivo, pero el nombre de este integrante del nuevo comité no ha sido dado a conocer por el gobierno.

Tareas del Comité

El comité tendrá como principal tarea, según manda la ley, la de fortalecer la monitorización de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. El comité elabora recomendaciones dirigidas a las autoridades provinciales, magistrados y funcionarios judiciales para la adopción de medidas especiales urgentes, para el cese de cualquier maltrato que pudiese surgir en las instituciones de reclusión, y su investigación inmediata para la protección de la víctima. El comité trabaja también en la elaboración de protocolos de actuación en base a la inspección de los establecimientos de detención.

La actuación del nuevo comité estará sujeta a los principios de coordinación, complementariedad, cooperación, independencia funcional, confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad.

Sus integrantes, elegidos por concurso público de antecedentes y oposición, duran cuatro años en sus cargos cuatro años y pueden ser reelectos una sola vez.


Consejo consultivo

El sistema provincial instituido por la ley 8024 prevé también el funcionamiento de un consejo consultivo, previsto como órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento.

Estará integrado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Cámara de Diputados, el Senado, el Ejecutivo Provincial, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que colaborarán en el diseño, implementación y monitorización de recomendaciones generales o específicas de prevención de la tortura. Los cargos de este consejo consultivo son ad honorem.

Al acto oficial de presentación de las nuevas instituciones asistieron el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada y miembros de su gabinete; el juez de la Corte de Justicia de Salta, Fabián Vittar; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Esteban Amat Lacroix; el Procurador General de la Provincia, Pedro Oscar García Castiella, representantes de la Universidad Nacional de Salta, del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, y del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.



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