Lamentablemente, el enlace que en el sitio web oficial de la Corte de Justicia de Salta nos debería conducir al texto de la Acordada n.º 14627, no funciona. Quizá se deba a que la Corte ha entrado también en fase de «austeridad digital», lo cual no se ha de descartar en absoluto.
Ya sucedió antes, y no solo en materia económica. Durante la pandemia pudimos ver cómo el tribunal «cimero» (expresión muy graciosa, pues si se le añade una «o» se convertirá en un adjetivo más bien escandaloso) sancionaba pomposas acordadas para establecer un régimen sanitario especial en la Ciudad Judicial, distinto al que había establecido el gobierno con carácter general, como si ellos —los jueces— formaran parte de un universo aparte, pero un universo que, por razones más de imagen que de conciencia, no puede darse el lujo de aparecer como «muy diferente» al que habitan otros mortales.
En mi modesta opinión, la «austeridad judicial» no consiste en autocongelarse el sueldo, en usar menos el aire acondicionado en las oficinas o en racionar la cera que habitualmente se utiliza para abrillantar los gomeros del tercer piso.
«Austeridad judicial» es impedir que en un juicio penal en el que las cosas están más claras que el agua, las sesiones se extiendan durante todo un mes y que durante ese periodo de tiempo, extraordinariamente largo, desfilen delante del estrado dos centenares de testigos, la mayoría de los cuales no tiene más para aportar al esclarecimiento de los hechos que chismorrerío barato, más propio de una telenovela caribeña (o turca), que de un proceso presidido por la racionalidad legal, la seriedad y el buen gusto.
Un mes de juicio y doscientos testigos (la mayoría, al cuete) significa mucho dinerito público que se malgasta; platita que se escurre sin remedio, como agua entre los dedos, por los resumideros judiciales.
Entre los recursos superfluos se ha de contar el inusitado despliegue de una numerosa fuerza policial de choque en el interior de la sala de juicios, como si alguien estuviera esperando que se produzca un desorden mayúsculo en el debate que requiera el empleo de porras y gas pimienta. ¿Qué temen los jueces? ¿Qué calculan que puede pasar? Tal vez haya barras bravas o narcos disfrazados de periodistas en la platea.
«Austeridad judicial» es utilizar con sabiduría el valioso tiempo de los jueces, de los fiscales y de los abogados, lo cual implica no declarar larguísimos «cuartos intermedios» cada vez que alguien se tiene que tomar una aspirina o responder a un WhatsApp.
La «austeridad judicial», en realidad, es un rasgo de carácter estrechamente vinculado con el recato republicano, lo que quiere decir que quienes ejercen el poder de juzgar deben saber que su poder viene del pueblo (no de Dios ni de ningún monarca iluminado) y que el ser humildes y transparentes es algo que los eleva en vez de rebajarlos.
No en vano el Diccionario de nuestra lengua dice que austero es aquello que es «severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral».
Por tanto, al hablar «austeridad» hablamos de moral, lo que quiere decir que, para alcanzarla, no basta con sancionar una Acordada.
Este peculiar rasgo de carácter —que dicho sea de paso, poco tiene que ver con la economía del consumo— es una virtud que debería empujar a algunos a respetar el trabajo silencioso de jueces, secretarios y fiscales que no tienen el poder de dictar acordadas de obligatorio cumplimiento y cuya autoridad constitucional, sin embargo, se ejerce siempre bajo la mirada autoritaria y controladora de un tribunal que declama «austeridad» en las cuentas, pero que en lo más profundo del alma lleva impresa a fuego la mancha original de la soberbia, que es su auténtica seña de identidad.
