Junto a ella fueron también condenados la tesorera, Ana María Cerezo (seis años de prisión) y los ciudadanos Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi (tres años de prisión de ejecución condicional).
Contra esta decisión, la titular de la Fiscalía de Impugnación, señora Mónica Susana Poma, interpuso un recurso de inconstitucionalidad que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Impugnación.
El pasado miércoles 21 de enero, el Fiscal de Impugnación interino, señor Daniel Espilocín interpuso ante la Corte de Justicia de Salta recurso de queja con objeto de que el alto tribunal disponga la admisión del recurso de inconstitucionalidad y resuelva sobre la reducción de las penas.
La Fiscalía entiende que tal reducción se basa en «una errónea y arbitraria aplicación de la ley, al no considerar que fueron 26 familias afectadas por las conductas delictivas de los imputados, llevadas a cabo mediante diferentes maniobras de captación de recursos».
El Ministerio Público Fiscal pretende, en definitiva, que la Corte revoque la sentencia del Tribunal de Impugnación que redujo las penas a los condenados y mantenga las que en su día les impuso el Tribunal de Juicio.
