La caída en desgracia de Pepe Muratore no parece estar vinculada tanto con las consecuencias del voraz incendio que el pasado 6 de noviembre devoró una parte importante de las instalaciones del Mercado, como con la denuncia de una de las puesteras del Patio de la Empanada (rama fundadora) sobre la presunta exigencia de una generosa comisión para poder seguir explotando su negocio.
Tanto, que el intendente Emiliano Durand, que había tomado buena nota del entredicho empanaderil, le echó la firma al decreto 720/2024, por el que, amparado en la legalidad vigente (la ley salteña de procedimiento administrativo y la ordenanza que regula al propio Ente) decidió defenestrar (y nunca mejor dicho) al histórico e influyente administrador.
La ley autoriza la intervención de las entidades descentralizadas solo en tres casos:
a) Suspensión grave e injustificada o por fuerza mayor, de la actividad a cargo del ente;
b) Comisión de graves o continuadas irregularidades administrativas; y
c) Existencia de un conflicto institucional insoluble dentro del ente.
Curiosamente, cuando el jefe de gabinete municipal Juan Chalabe compareció ante los medios, no citó como motivo de intervención ninguno de estos tres y se limitó a decir que el muratorazo se produjo a causa de «la situación excepcional de emergencia desatada tras el siniestro del pasado 6 de noviembre».
Sin embargo, la motivación del decreto 720/2024 no habla de excepcionalidad ninguna. Dice claramente, en cambio, que «existen puntuales circunstancias que permiten sostener que las labores de administración encomendadas no se realizan de un modo plenamente ajustado a la Ordenanza N° 15.151 y demás normativa aplicable». Es decir, que Muratore no cumplió con la legalidad vigente.
Aunque entre los fundamentos del decreto se ha colado este, que es muy discutible: «La conformación de un Directorio compuesto por tres miembros dificulta sobre manera la toma de decisiones diarias, excepcionales e inmediatas que la organización de la actividad de más de cuatrocientos comerciantes requiere». Es decir, que si por Durand y Chalabe fuese, Chiclana, Paso y Sarratea no deberían haber existido jamás.
El caso es que, frente a la intervención, Muratore reaccionó como una fiera herida y llevó su resistencia a los estrados judiciales, en donde obtuvo una «cautelar» de la que parece sentirse sumamente orgulloso, aunque la medida -que protege a los puesteros y no al administrador- lo deja a él con el trasero al aire.
Al darse cuenta de que su blindaje judicial no es lo suficientemente fuerte como para proteger la incolumidad de su administración (y de su imperio tomateril), Muratore decidió amurarse y lanzó el peligroso mensaje de que no se va a notificar de su destitución, ni que caigan bombas de papa por la parte que da a la calle Ituzaingó.
Además dijo -aunque esto ya no se puede creer tanto- que está preparado «para que lo que saquen muerto» de las instalaciones del Mercado, a cuyo fin está todavía pensando si se inmolará a lo Salvador Allende en la resbalosa zona de las lechugas, o si, para acelerar un poco las cosas, decide hacerlo en los puestos centrales, en donde venden mote junto a los ganchos con toncoro y hayacuchillo.
Pero antes de ofrecer una «solución final», Muratore ha lanzado un último órdago, negando al Intendente la potestad de intervenirlo. «¡Como la Municipalidad va a intervenir a la propia Municipalidad!», dicen los incondicionales de Cautelatore, que se muestran desolados y se preguntan quién organizará en el futuro el torneo de la pizza y decidirá con su fino paladar cuál es la mejor muzzarella del mundo.
Pero es que justamente de eso va la cosa. ¿Quién esperaba Muratore que lo interviniera? ¿El papa Francisco? ¿O el Señor del Milagro?
Si todo termina como parece que va a terminar, la empanadera ciega habrá visto una pequeña luz al final del túnel.
