Para esta ocasión, Sáenz ha preferido rodearse de sus incondicionales y de sus colaboradores más cercanos, desechando así la posibilidad de comparecer ante la Asamblea Legislativa para dar cuenta de las luces y las sombras de su desempeño como primer mandatario de la Provincia.
Sin embargo, Sáenz ha preferido hacer un repaso en solitario de sus «conquistas», entre las que sorprendentemente ha incluido la reforma de la Constitución de Salta, que ha sido presentada esta mañana como un acto de gobierno más, como si su redacción y diseño dependiera directa y exclusivamente de la voluntad del gobernante de turno.
Sobre la reforma en sí, Sáenz ha hecho lo que ni los propios convencionales constituyentes (ni del gobierno ni de la oposición) se han animado a hacer; esto es resumir su espíritu.
Cual si fuera Hegel, el Gobernador de Salta ha dicho que tal espíritu consiste en «limitar los mandatos de los tres poderes», algo que según Sáenz es «una decisión que antes nunca se había tomado en Salta».
¡Y todavía algunas convencionales partidarias de Sáenz se ofenden cuando alguien dice en voz alta que los poderes del Gobernador de Salta no son los de un gobernante republicano sino, a lo mejor, de un monarca de Oriente!
Pero con su discurso de esta mañana, Sáenz confirma que en Salta las cosas funcionan exactamente al revés y que es el Gobernador de la Provincia el que señala los tiempos constitucionales en Salta.
La confirmación de Sáenz de que la Convención Constituyente no es más que un apéndice de su gobierno, una especie de polea de transmisión de sus «decisiones», debería servir para abrir los ojos a los jueces ad-hoc que integran la Corte de Justicia, que en una resolución reciente han dicho que no es cierto que la Convención sea un órgano gubernamental, dando a entender que cualquier alegación en tal sentido supone un agravio a la división de poderes.
Pero con independencia de este detalle, si el gobernador Sáenz cree realmente que es su «decisión» la que va a limitar el poder, debería preocuparse porque los convencionales que le son fieles accedan a que se incluya en la Constitución la cláusula transitoria que declare que su vigente mandato deberá computarse como el primero de los dos consecutivos autorizados. ¿Qué razones democráticas -que no sea lógicamente la intención de no cumplirla- puede haber para rechazar una cláusula tan prudente como esta?
La oferta de los convencionales oficialistas -con el vicegobernador Marocco a la cabeza- de sustituir la fuerza normativa de la cláusula transitoria pretendida por la oposición por una especie de «renunciamiento histórico» por parte de Sáenz, es una forma sibilina de subrayar la preeminencia del gobernante sobre la norma que debe limitar su propio poder; una forma de colocar a Sáenz por encima de cualquier debate constitucional.
Si la «limitación del poder» fuese un asunto tan simple que para lograrlo bastara solo con la palabra de honor del gobernante, entonces ¿cuál es el sentido de la reforma constitucional?
Quizá lo peor de todo es que Sáenz ha colocado a la reforma constitucional a la misma altura que las obras públicas, lo que habla a las claras de que un Gobernador que no rinde cuentas ante la Legislatura y que prefiere hablar en soledad para no responder a preguntas incómodas, es un Gobernador menos democrático que aquel que se anima a poner la cara frente a los representantes del pueblo y tiene el coraje suficiente para mezclarse con ellos, debatir y someterse a votaciones de aprobación o de reprobación.
