El asunto estalla en plena campaña electoral y pone en tela de juicio la actuación de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Salta, ya que el informe habla de «supuesta violencia policial en Argentina» en contra de determinados colectivos que la sufren «de forma desproporcionada».
Además de los casos de violencia sexual y policial contra las mujeres de la etnia wichi, es particularmente significativa la mención de las «operaciones contra el comercio ambulante», algo a lo que nos tiene acostumbrados la Municipalidad de Salta, desde que es Intendenta Municipal de la ciudad la señora Bettina Romero Marcuzzi, que ha presentado la candidatura a su reelección.
La Organización de las Naciones Unidas insta a la República Argentina -y, evidentemente, a la Provincia de Salta- a aprobar leyes «que prohíban explícitamente la aplicación de perfilados raciales» por parte de las fuerzas del orden. Se trata de una discriminación que es perfectamente posible en Salta, en donde el gobierno provincial, cuando inaugura escuelas o adopta determinadas medidas de impacto territorial, suele dividir a los pobladores en «criollos y originarios» e incluso no tiene reparos en decir que construye escuelas «exclusivamente para indígenas».
A partir de este informe, no solo el gobierno provincial deberá revisar sus protocolos de actuación y su lenguaje en relación con las poblaciones indígenas, sino que la Municipalidad de Salta y la Policía de la Provincia deberán modificar sus estrategias de actuación contra el comercio informal con el objeto de eliminar el maltrato y la represión motivados muchas veces por los perfiles étnicos elaborados de antemano por la autoridad.
En cualquier caso, en plena campaña electoral debería caer como una bomba que una organización del nivel de la ONU se refiera a Salta como un espacio en donde no se respetan los derechos fundamentales de ciertas personas.
