La inusual demora -especialmente del Ministerio de Seguridad y de la Municipalidad de Salta- en controlar este incendio, que ya va por el quinto día, se explica en parte por la falta de medios adecuados para combatir eso que en Salta se llaman los «focos ígneos», pero también por la imperdonable desidia de algunos funcionarios, que prefieren pasear su estampa por los barrios marginales para promocionar su propia imagen, que atacar el fuego que amenaza con producir grandes pérdidas.
Es llamativo -por no decir indignante- que el Ministro de Seguridad del gobierno, que debería estar al frente de las operaciones o por lo menos sentarse en una mesa de coordinación, prefiera ir a patear penales a un barrio a extramuros de la ciudad.
La actitud del funcionario revela sin necesidad de hacer ningún esfuerzo que hoy por hoy es más importante su campaña electoral que la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos.
Tampoco comprenden los ciudadanos el motivo por el que no se ha pedido ayuda antes a los servicios nacionales especializados y que se hayan movilizado recursos aéreos insuficientes. A ello se une la falta de reacción municipal, cuyos funcionarios administran un dinero proveniente de la recaudación de la «tasa de prevención y protección de bienes y personas» que, a falta de una protección efectiva, se convierte en una exacción confiscatoria.
Por otro lado, si el propio gobierno reconoce que los incendios han sido provocados, ¿cómo es que no se ha movilizado a la Policía para hallar a los culpables?
En cualquier otro país medianamente serio del mundo, esta clamorosa falta de diligencia ya habría producido consecuencias políticas. Pero en Salta -en donde nadie se hace responsable de sus errores y de sus omisiones- las consecuencias políticas están lejos de producirse.
