Una ONG denuncia que el 'Pacto por Salta' encubre un intento de blindar la impunidad de los constructores

La ONG Red Sol Salta ha dicho que la convocatoria formulada por Intendente Municipal a un 'Pacto por Salta' encubre la voluntad de «garantizar impunidad de la administración municipal para dejar de lado definitivamente las normas vigentes en la construcción de edificios».

En una declaración de prensa difundida ayer a los medios, la organización que desde hace varios años viene denunciando la discrecionalidad del poder municipal en materia de nuevas edificaciones, ha dicho que «son evidentes las faltas estructurales que tienen los servicios esenciales y que padece el conjunto de la comunidad por construir sin ningún tipo de planificación, lo que será soportado también por las administraciones futuras; los vecinos de los barrios ya advierten el resultado de esta política de negociados y desorden que generó un gran pasivo ambiental en los servicios esenciales».

Red Sol Salta ha denunciado también que el decreto municipal 1432, suscrito recientemente por el Intendente de Salta, en la medida en que pretende introducir por vía reglamentaria determinadas excepciones a la Ordenanza Nº 12.745 (de procedimiento de impacto ambiental) y a la ley provincial 7070 (de medio ambiente), supone el ejercicio de un poder de facto cuya finalidad es otorgar nuevas facilidades para construir edificios.

En concreto, dice la ONG salteña que el citado decreto, que significa el comienzo del Pacto por Salta, dispone que será la autoridad de aplicación ambiental municipal la que determinará si un emprendimiento necesita o no la evaluación de impacto ambiental y social.

Finaliza la declaración de Red Sol Salta señalando a la discrecionalidad municipal como nuevo ataque a las condiciones de vida de los salteños y advirtiendo de las graves consecuencias que traerá aparejadas el decreto. Para la ONG salteña, la norma sancionada por el Intendente constituye el modus operandi para los grandes constructores, que al amparo de la nueva norma no estarán sometidos a normas ambientales, sociales ni sísmicas y empezarán sus trabajos con el visto bueno de la autoridad de aplicación municipal con solo presentar una declaración jurada.

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