Un juez de Salta anula un proceso penal seguido contra una mujer por aborto

El Juez de Garantías de Primera Nominación de la ciudad de Salta, señor Pablo Arancibia, ha declarado la nulidad absoluta de la denuncia penal formulada contra una mujer a la que se le había formado una causa por el delito de aborto, al considerar que en el caso se ha violado las garantías constitucionales que prohiben que una persona declare contra sí misma y consagran la inviolabilidad de la defensa en juicio.

El magistrado ha estimado así la alegación de nulidad formulada por la Defensora Oficial Penal 12, señora Marcela Robles, que impugnó el decreto de apertura de diligencias y, por ende, todas las actuaciones posteriores.

En una comunicación de prensa difundida hoy por el portavoz del Poder Judicial salteño se consigna que el Fiscal Penal de Cerrillos, señor Federico Gabriel Portal, había decretado la apertura de diligencias contra la mujer y calificado provisionalmente su conducta como probable autora del delito previsto en el artículo 88 del Código Penal.

El juez Arancibia consideró que la notitia criminis  que desencadenó la actuación del Fiscal fue efectuada con violación de la obligación de guardar secreto profesional por parte del médico que atendió a la mujer. Para el magistrado, el facultativo incurrió también en violación al derecho a la intimidad de la mujer como paciente, ya que -según el juez- la denunciada se vio “compelida a solicitar ayuda médica a riesgo de revelar la comisión de un ilícito, pero con la finalidad de salvar su vida”.

En su resolución anulatoria, el juez recordó que la Corte Suprema de Justicia ratificó recientemente el fallo plenario “Natividad Frías”, en el que dispuso el sobreseimiento de una mujer que habiendo practicado el aborto concurría a un centro de salud a fin de atenderse de alguna secuela de dicha práctica.

En otro apartado de su razonamiento, el magistrado recordó la doctrina judicial que establece que el Estado no puede acometer la persecución penal valiéndose de medios inmorales, como seria aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el imputado que acude a requerir atención hospitalaria, mediante la imposición al medico del deber de convertirse en un agente de persecución estatal.

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