El gobierno de Urtubey 'concientiza' sobre derechos que no existen

La información oficial del gobierno de Salta dice que la semana pasada el Ministerio de Trabajo provincial montó un stand en la llamada Feria de los Derechos en donde funcionarios de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil "informaron y concientizaron" «sobre los derechos que asisten a los niños de no trabajar»  (sic).

Lo curioso es que un derecho de esas características no existe como tal en nuestro ordenamiento jurídico positivo; ni en el derecho interno ni en las normas internacionales de aplicación obligatoria en nuestro país.

La norma fundamental en esta materia, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU el día 20 de noviembre de 1989 (incorporada al derecho nacional con rango superior al de las leyes ordinarias en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), en ningún pasaje de su articulado consagra un derecho "a no trabajar".

Esto suena a un invento del ministro Eduardo Costello o de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que preside la señora Paola Pons.

Antes al contrario, lo que establece el artículo 32 de la citada Convención es la obligación de los Estados Partes de reconocer el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Por tanto, el derecho de que gozan los niños en esta materia no consiste en "no trabajar", como enseña y difunde el gobierno de Salta, sino en estar convenientemente protegidos contra la explotación económica y contra aquellas formas de trabajo que puedan representar un peligro para su integridad física o moral, dificultar su educación o retrasar su desarrollo.

En consonancia con este "derecho de protección" -que obliga a los Estados Partes a adoptar medidas genéricas, como el establecimiento de una edad mínima para la admisión en el trabajo, o específicas, como la prohibición del empleo de menores en tareas insalubres o peligrosas- la ley nacional 26061, llamada de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lejos de establecer un "derecho a no trabajar", establece todo lo contrario.

En su artículo 25, esta ley establece que «los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes».

Otras normas internacionales, como el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima, o el Convenio 182, sobre las peores formas de trabajo infantil, tampoco consagran el derecho de los niños "a no trabajar", ni siquiera de manera indirecta.

No es posible, por tanto, conectar el mandato negativo dirigido a los poderes públicos de los Estados de abolir el trabajo infantil sino con el derecho de los niños a ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo peligroso o incoveniente para su pleno desarrollo.

Tampoco es conveniente confundir el fenómeno llamado "trabajo infantil" (que no es equivalente a "trabajo de los niños") con un derecho universal de los niños a "no trabajar". De existir, efectivamente, un derecho de estas características, no serían posibles las excepciones normativas que autorizan, bajo determinadas condiciones, el trabajo de los niños en explotaciones familiares, en el cine, en la televisión y otros espectáculos, o incluso los contratos deportivos rentados.

No es posible, ni conveniente, confundir un derecho con otro ni considerar que toda prohibición o restricción legal genera como contrapartida un derecho subjetivo inmediatamente exigible como tal.

Como este derecho reconoce como único sujeto obligado a los poderes públicos, no es el gobierno provincial de Salta el que debe montar stands para "concientizar" a los niños de su "derecho a no trabajar".

Al contrario, deben ser los niños los que organicen un stand para recordarle al gobierno de Salta que está obligado a protegerlos contra la explotación, pero de forma efectiva y eficaz, y no con simples campañas informativas, que, además, equivocan el enfoque jurídico y confunden a los ciudadanos.

Y de paso, los niños podrían montar en la misma Feria de los Derechos un stand para recordarle al gobierno que, efectivamente, les asiste el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que colisiona frontalmente con determinadas prácticas religiosas en las escuelas públicas.

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