El Defensor del Pueblo de Salta, contra el derecho de huelga y la autonomía colectiva de los actores sociales

El señor Nicolás Zenteno, quien por razón de la inexplicable mora del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salta ejerce todavía el cargo de Defensor del Pueblo, es el autor del mayor grotesco jurídico de que se tenga memoria en la historia reciente de las relaciones laborales en Salta.

El funcionario, en nombre del «superior interés de los niños»  y del -a su juicio- intangible y supremo derecho a la educación, ha interpuesto una acción de amparo con la pretensión de que un juez letrado de la Provincia acabe por decreto con la huelga que desde hace días llevan a cabo los trabajadores docentes de las escuelas y colegios públicos de Salta.

Según el señor Zenteno, la falta de acuerdo entre las partes (el gobierno provincial y los sindicatos docentes), habilita su actuación como Defensor del Pueblo. Su misión entonces es la de poner fin al conflicto haciendo que los niños y sus maestros vuelvan felices a las aulas, y que el gobierno negocie alegre y pacíficamente con los sindicatos, privando -de paso- a los trabajadores de la única herramienta de que disponen para la autotutela de sus derechos: la huelga.

No solo por su limitado ámbito territorial de actuación, sino también por sus modestísimas atribuciones legales, el Defensor del Pueblo de Salta carece en absoluto de competencias para exigir a las partes en conflicto que retomen la negociación, que lleguen a un acuerdo para poner fin a la controversia o que el conflicto finalice con tales o cuales estipulaciones.

El funcionario probablemente lo sabe y es por ello que ha solicitado el amparo de un juez para que sea éste quien avasalle la autonomía colectiva de las partes en conflicto (imponiendo contenidos, calendario y agenda a una negociación en la que las partes son plenamente soberanas) y vuelva inútil el derecho de huelga.

En un escrito fechado el pasado jueves santo (17/4) y publicado en su web, el Defensor del Pueblo afirma «la imperiosa necesidad de que ese diálogo se materialice con los chicos en las aulas», lo cual deja bien claro que su postura no es neutra, como pretende, sino profunda e inocultablemente antiobrera.

En un párrafo de aquel escrito se puede leer lo siguiente: «en caso de profundizarse las medidas de fuerza se está analizando la presentacion de accion de amparo en forma conjunta con asociaciones de Derechos Humanos para el restablecimiento del dialogo entre las partes y la inmediata reanudación de las clases, tal como hiciera la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante el paro docente que afectara a esa Provincia».

Probablemente cuando el Defensor del Pueblo de Salta era niño, se vio afectado por una huelga docente y en consecuencia se perdió aquella clase en que los maestros tradicionalmente enseñan que la ciudad de Buenos Aires no es «una provincia»  sino un territorio federalizado.

En su escrito de amparo, el Defensor del Pueblo se define a sí mismo como un Organismo Constitucional de Garantías, cuando la realidad es que la Constitución de Salta no contiene la más mínima mención al respecto y la creación de este órgano amorfo y sujeto a insoportables disputas políticas solo tiene la cobertura de una modesta ordenanza municipal.

En su intento por aparentar neutralidad y congraciarse los los docentes en conflicto, el Defensor del Pueblo de Salta expresa en su escrito de amparo que «debe quedar fuera de toda controversia la trascendencia, no siempre debidamente valorada, de la tarea desempeñada por los docentes, quienes en ocasiones deben además padecer y sobrellevar con entereza situaciones que han llegado hasta al maltrato, absolutamente injustificable».

Demás está decir, que no existe constancia en los registros públicos que, frente al maltrato injustificado de los trabajadores docentes, el Defensor del Pueblo de Salta haya actuado en ningún sentido y, menos, claro está, que hubiera promovido acción de amparo en defensa de sus derechos fundamentales vulnerados.

La petición que el Defensor del Pueblo de Salta dirige al juez se basa en la teórica prevalencia del derecho a la educación y los derechos genéricos de la infancia sobre el derecho de huelga. Aunque esta postura se puede (muy difícilmente) defender con argumentos jurídicos y filosóficos, lo llamativo es que el Defensor del Pueblo de Salta solo aporta en su escrito vaguedades y lugares comunes que en el mejor de los casos sirven para dejan al desnudo su candidez pero que de ningún modo permiten establecer una relación de prelación que coloque a la huelga (un derecho de libertad) en una posición subordinada respecto de un derecho de naturaleza prestacional.

Todavía más curioso es el párrafo en el que el Defensor del Pueblo asegura que no está en contra de los derechos colectivos de los trabajadores docentes de Salta: «Lo expuesto y la resolución a dictarse, no implican la adopción de una posición contraria a las reclamaciones de los docentes ya consideradas, ni podrán ser interpretados como encaminados a debilitar a sus peticiones ni al movimiento sindical que las enarbola». Resulta mucho más que evidente que vaciar del contenido el derecho de huelga e impedir radicalmente su ejercicio conduce inexorablemente a debilitar la posición negocial de los docentes hasta dejarlos completamente indefensos frente al poder exorbitante del gobierno provincial en la mesa de negociación colectiva.

Para el final, el Defensor del Pueblo ha reservado la petición más surrealista de todas: que el gobierno no descuente a los docentes los días huelga. Llamativamente, después de abundar en citas normativas de carácter internacional, que van desde las resoluciones de la Asamblea de la ONU a los llamados Principios de París, el señor Nicolás Zenteno no cita ninguna norma de derecho en apoyo de su absurda y voluntarista pretensión de que el gobierno pague lo que no debe.

La extravagancia de esta presentación no hace sino dudar muy seriamente de la utilidad y del futuro de una institución cuya pobreza de recursos competenciales y jurídicos representa un verdadero peligro para los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciiudadanos.

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