En Salta, a los 16 años se puede elegir al Presidente de la Nación pero no conducir un colectivo

Según la Corte de Justicia de Salta, la edad mínima para otorgar un permiso de conducir vehículos del transporte colectivo de pasajeros «es un tema en el que se encuentra en juego la vida misma de los ciudadanos».

Así lo ha puesto de manifiesto el alto tribunal de justicia salteño -el mismo que hace tres años denegó el derecho de conducir colectivos a una mujer, solo por el hecho de serlo- en una resolución mediante la cual revocó una sentencia de primera instancia que había concedido amparo a dos ciudadanos menores de 21 años que solicitaron de la administración el permiso para conducir Clase D2 (Profesional), y que, previamente, había declarado inconstitucional el artículo 11 de la ley nacional de tránsito 24.449.

El argumento de la Corte, sin quererlo, pone en serio entredicho la reciente reforma la normativa electoral que, por primera vez, reconoció el derecho de sufragio activo a los ciudadanos mayores de 16 años y menores de 18.

Así, para el tribunal salteño, contrario sensu, la elección de las más altas magistraturas del Estado -incluida la del Presidente de la Nación- a pesar de la trascendencia que tal acto supone para la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos (entre ellos, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física) no es un tema en el que se encuentre en juego la vida misma (o la fortuna) de los ciudadanos.

De forma implícita, la Corte ha establecido también el principio general de que, cualesquiera sean las previsiones legales al respecto, cuando se trate de una profesión o de un oficio en el que se encuentra en juego la vida de los ciudadanos, aunque el profesional o el trabajador cuente con la habilitación legal o, en su caso, la de sus colegios profesionales, y demuestre idoneidad suficiente, aquellos no podrán ejercerlas de ningún modo, por el riesgo que tal ejercicio entraña.

Por esta peligrosa regla de tres establecida por la Corte, un ingeniero/a a punto de cumplir los 21 años, recibido con las mejores notas y colegiado legalmente, no podrá proyectar casas con normas antisímicas, pues en tal proyecto se encuentra en juego la vida de los ciudadanos.

La misma situación afectaría a un joven cirujano/a que deba realizar una operación urgente para salvar una vida; un abogado/a menor de 21 años en pleitos en los que se halle comprometida la vida o la seguridad de su cliente, o un joven psicólogo/a que quisiera gestionar un servicio de atención a los potenciales suicidas.

El argumento legal

Recuerda la Corte de Justicia que el artículo 11 de la ley nacional de tránsito, que establece las edades mínimas para conducir, fija en 21 años la edad para manejar vehículos en la vía pública y acceder a los permisos clases C, D y E, que son los llamados "profesionales".

Para el tribunal salteño, esta norma no hace alusión «a la mayoría de edad», ya que, a la hora de fijar los criterios para la concesión de los diferentes permisos, «el legislador ha tenido en cuenta otros parámetros que no se relacionan con haber alcanzado o no la mayoría de edad establecida en la ley de fondo».

Curiosamente, la Corte de Justicia de Salta no dice cuáles son esos «otros parámetros»  tenidos en cuenta en su día por un legislador que racionalmente no pudo prever la posterior reforma del Código Civil en materia de mayoría de edad y capacidad de las personas.

En virtud de este criterio, la Corte de Salta ha declarado inaplicable al caso planteado el artículo 5 de la ley 26579, que dice que toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los 18 años.

Como queda dicho, la Corte no solo sostiene el criterio legal aquí expuesto sino que considera que en la conducción de vehículos se encuentra en juego la vida misma de los ciudadanos, algo que, por otra parte, sucede también con una importante cantidad de actividades profesionales en las que solo se exige la mayoría de edad para su ejercicio.

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