Cuatro ONG's de Salta piden la destitución del juez Soria y de la asesora de incapaces Flores Larsen

Cuatro organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres han remitido un extenso escrito a la Corte de Justicia de Salta en el que solicitan la apertura del procedimiento de destitución previsto en el artículo 160 de la Constitución Provincial y en los artículos 8 y 9 de la ley provincial 7138, contra el Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familias Nº 2, señor Víctor Raúl Soria, y contra la Asesora de Incapaces Claudia Mariela Flores Larsen, a cargo de la Asesoría de Incapaces Nº 2.

Soria y Flores Larsen intervinieron en diciembre pasado en el caso de una menor de 13 años, embarazada como consecuencia de la violación de su padrastro, cuyos representantes legales habían solicitado la interrupción del embarazo, con amparo en lo dispuesto en el inciso 2º, primera parte del artículo 86 del Código Penal, en conexión con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2012 y Decreto Nº 1170/2012 del Gobernador de la Provincia de Salta, que establece el procedimiento a seguir para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos no punibles en hospitales públicos.

El pasado día 21 de noviembre de 2013, Flores Larsen interpuso una acción de amparo ante el Juzgado del juez Soria invocando la representación del hijo no nacido de la adolescente violada, con la pretensión de que el juez impidiese que la menor, violada y golpeada reiteradamente por su padrastro, interrumpa el embarazo.

Tres semanas más tarde, Soria concedió el amparo solicitado por Flores Larsen y en su resolución prohibió «ejecutar cualquier práctica médica o de cualquier índole que pudiera interrumpir o evitar la gestación natural del niño por nacer, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y remitir los antecedentes a la justicia penal».

Pero Soria no pensó que tal orden fuese moral y jurídicamente suficiente y agregó a su resolución dos puntos más: uno, la insólita declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1170/2012 del Gobernador de la Provincia de Salta, cuya adecuación a la Constitución Provincial había sido declarada poco tiempo antes por la Corte de Justicia provincial; y dos, «que llegado el momento del nacimiento del hijo de la menor se le allane el camino a la niña-madre para una futura adopción».

La intervención de Flores Larsen y la posterior resolución de Soria provocaron un revuelo internacional casi inmediato y la condena casi unánime de las organizaciones que defienden los derechos de la mujer.

Poco después, la Corte de Justicia, que recibió el asunto en apelación, revocó la decisión de Soria y ratificó que el Decreto Nº 1170/2012 no vulnera la Constitución Provincial, desestimando en última instancia el amparo solicitado por Flores Larsen.

La Corte tampoco se ha limitado a restaurar la legalidad, echando abajo el pronunciamiento del juez de primera instancia, sino que, ante la inusitada gravedad del asunto, ordenó «el envío inmediato»  de los antecedentes del caso al Procurador General de la Provincia para que, en el ámbito de las facultades que le son propias, examine el desempeño funcional del juez del amparo como consecuencia del “apartamiento de los mandatos constitucionales y legales”.

A pesar del tiempo transcurrido, aún no hay noticias de que el Procurador General -conocido por su firme postura antiabortista y su sintonía ideológica con el Gobernador de Salta- haya incoado ningún procedimiento contra Soria o contra Flores Larsen, según el claro mandato de la Corte.

La omisión ha forzado a que sean el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Fundación Entre Mujeres, la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos y la Multisectorial de Mujeres de Salta, todas ellas organizaciones de la sociedad civil, las que exijan formalmente el público enjuiciamiento del juez y de la asesora de incapaces para depurar sus responsabilidades en el asunto.

De prosperar esta petición, Víctor Raúl Soria y Claudia Mariela Flores Larsen, serán destituidos de los cargos que ocupan.

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