Un informe de Salta Transparente revela el aumento de casos de corrupción política en Salta

{jathumbnail off} Solo en el Distrito Judicial del Centro de la Provincia de Salta, que comprende a la ciudad capital, han ingresado 706 causas penales por delitos contra la Administración Pública entre los años 2006 a 2012.

Así lo pone de relieve un estudio efectuado por la organización Salta Transparente, que fue elaborado en base a la información suministrada por el Poder Judicial de esta Provincia tras un pedido formal de acceso a la información pública formulado por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita.

El estudio destaca no obstante algunas limitaciones en la información facilitada por el Poder Judicial, ya que la misma no incluye a las causas penales por delitos contra la Administración Pública que investigan los Juzgados Correccionales (órganos competentes para instruir y juzgar delitos de menor entidad), ni tampoco aquellas que se tramitan en los Distritos Judiciales del Norte y del Sur de la Provincia. Tampoco incluye las causas ingresadas con anterioridad al 2006 ya que tales datos no se encuentran informatizados.

Otras causas resultan difíciles de detectar debido a que los juzgados que las tramitan han formulado calificaciones imprecisas o carecen de un código que permita su individualización por el sistema informático del Poder Judicial (por ejemplo, causas seguidas contra N.N. o "a caratular").

Causas penales ingresadas por año

En el año 2006 ingresaron 93 causas por corrupción. En el 2012 estas causas fueron 71, mientras que en 2008 se alcanza el récord, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Causas penales por año

Causas penales ingresadas por Juzgado

En el Distrito Judicial del Centro existen ocho juzgados de Instrucción Formal entre los que se han distribuído las 706 causas penales de delitos contra la Administración Pública.

Causas penales por juzgado

Los actos de corrupción denunciados

Peculado

Esta figura, contemplada en el artículo 261 del Código Penal se configura cuando el funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. La penalidad es de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua. La segunda parte del artículo prevé el delito de peculado de trabajos y servicios, reprimiendo con igual pena al funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Es el delito más denunciado en los últimos seis años. Desde el año 2006 al 2012 en el Distrito Judicial del Centro ingresaron 297 causas por peculado.

Peculado

Cohecho

Esta figura penal se encuentra contemplada en el artículo 256 del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Es el segundo delito más denunciado, con 285 causas entre 2006 y 2012.



Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Figura prevista en el artículo 265 del Código Penal, en cuya virtud se reprime al funcionario público que, a fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, se interesare en algún contrato u operación que intervenga en razón de su cargo. Dicha figura establece para su autor una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

Entre el 2006 al 2012 ingresaron 12 causas por este delito.



Tráfico de influencias

El artículo 256 bis del Código Penal reprime bajo esta figura la conducta de aquella persona que solicitare o recibiere dinero, dádiva o aceptare una promesa, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga retardar o deje de hacer algo relativo a sus funciones. La pena para el funcionario que incurre en este delito es de uno a seis años de reclusión de reclusión o prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

Mediante esta figura se busca la imparcialidad o la objetividad como medio para que la función pública defienda y priorice los intereses generales y no particulares.

9 causas por tráfico de influencia tramitaron los juzgados de Salta entre 2006 y 2012.



Exacciones ilegales

La figura se encuentra prevista en el artículo 266 del Código Penal. Dicho artículo reprime con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Entre 2006 y 2012 ingresaron 48 causas.



Exacciones ilegales calificadas

La exacción ilegal es calificada cuando el funcionario empleare intimidación o invocare una orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima. En tal caso, la pena podrá elevarse hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis. Las razones por las que se agrava la exacción ilegal radican que al invocarse orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, el autor emplea intimidación o se vale de engaño.

Entre 2006 y el 2012 ingresaron 20 causas.



Malversación de caudales públicos

Está contemplado en el artículo 260 del Código Penal, que establece que será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

29 causas penales han sido registradas en el periodo analizado.



Enriquecimiento ilícito

Figura prevista en el artículo 268. 2 del Código Penal, que establece que será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años el funcionario público que debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.

Entre 2006 y 2012 ingresaron cuatro causas penales por este delito.



Fuente: Gonzalo Guzmán Coraita / Salta Transparente - Gráficos: Sergio Álvarez


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