Salta Transparente denuncia carencias en la comunicación pública del Poder Judicial salteño

Ciudad Judicial de SaltaLa organización Salta Transparente, que dirige el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, ha emitido hoy una declaración crítica en la que afirma que la Corte de Justicia de Salta -tribunal que ejerce también como órgano de gobierno del Poder Judicial- «se halla en deuda con la transparencia».

En especial, con la llamada «transparencia activa», entendida como la obligación que incumbe a los órganos del Estado en orden a comunicar de manera periódica la información pública que producen, sin que nadie lo solicite.

En este sentido la declaración de Salta Transparente recuerda que las leyes que se han dictado en los diferentes países el mundo sobre transparencia activa establecen, de manera general, la obligación de que los órganos del Estado publiquen en sus páginas web información sobre su estructura orgánica, sus facultades, las funciones y atribuciones de sus unidades, su marco normativo, la nómina de su personal, con las correspondientes remuneraciones; sus contrataciones, los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios, o la información sobre el presupuesto asignado y sobre su ejecución.

La situación en el Poder Judicial salteño

Según Salta Transparente, el llamado Plan Estratégico 2007-2011 del Poder Judicial salteño -que fuera aprobado mediante acordada Nº 9.701, de 29 de diciembre de 2006- fijó como objetivos, entre otros, los de implementar portales de información, avanzar en el desarrollo de una guía de trámites administrativos y judiciales online  y optimizar los servicios de información de jurisprudencia y legislación para magistrados, empleados, organizaciones y ciudadanos.

El informe de Salta Transparente señala que si bien la Corte de Justicia de Salta habilitó su página web y que actualmente es posible acceder desde cualquier computadora conectada a Internet a los fallos de este tribunal, este acceso presenta algunas limitaciones. Entre éstas cita el que solo están disponibles las sentencias dictadas a partir del año 2001 y que la publicación de las sentencias no se efectúa, como sería deseable, a medida que éstas son dictadas.

La situación salteña contrasta nítidamente -dice el informe- con lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuya página web es posible encontrar desde el primer fallo, dictado el 15 de octubre de 1864, hasta el último.

Un secreto para los ciudadanos

El seguimiento «on line»  de los asuntos en trámite ante la Corte de Justicia tiene -según Salta Transparente- «carácter secreto»  para los ciudadanos.

Según esta organización, solo pueden seguir a través de Internet el movimiento de cada expediente los abogados de las partes personados en su tramitación, siempre y cuando dispongan de una clave.

La situación es otra vez notablemente diferente en el ámbito de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, ya que cualquier ciudadano, sin necesidad de clave y sin ningún tipo de restricción, puede conocer cada uno de los movimientos de cualquier expediente que se encuentre en trámite ante el máximo tribunal de justicia del país.

Según Salta Transparente, informar sobre la circulación de los expedientes que esperan sentencia permite a los ciudadanos conocer de manera directa el funcionamiento de la Corte, así como saber cúales son los expedientes que se hallan parados, a cuáles se les da mayor prioridad o el tiempo que emplea cada juez en emitir su voto. El acceso a esta información también permite, según el informe, medir la productividad de la Corte y la de sus magistrados.

En deuda con la transparencia

Finaliza el informe de Salta Transparente diciendo que, además de las carencias ya apuntadas, en la página web de la Corte de Justicia no hay información sobre la planta de personal, de funcionarios y de magistrados, así como sus remuneraciones. Tampoco figuran allí las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces y no se pueden consultar todas las acordadas emitidas por la Corte.

Falta también información sobre las contrataciones (la Corte solo publica los llamados a concurso y las licitaciones) y la que se refiere al presupuesto asignado y su ejecución. Según Salta Transparente, la última memoria publicada por la Corte de Jusiticia data del año 2011.

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