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Manifestación del 8N en Buenos AiresEn vísperas del 8 de noviembre, el intelectual anglo-argentino Ernesto Laclau, uno de los más afamados letristas del “relato” oficial, anticipó que las demostraciones que se anunciaban para ese día (el 8N) serían “una expresión de malestar de una parte de la Argentina que está dejando de existir”.

Imagen ilustrativaAmurallada en el lejano Calafate, su lugar en el mundo, la señora de Kirchner se repone tras una semana exigente y se prepara para otra que prevé muy complicada: el 8 de noviembre (8N) se producirá una demostración nacional de protesta que el propio oficialismo descuenta que superará el millón de personas. Una tormenta pronosticada.

Juez Thomas Poole GriesaEl juez de Ghana Adjei Frimpong, el magistrado estadounidense Thomas Griesa y la Corte de Apelaciones de New York forman parte, para algunas mentes calenturientas, de una conspiración antiargentina motorizada por lo que convencionalmente se designa como “fondos buitres”.

Lula da SilvaEl ex presidente de Brasil Luiz Inacio Da Silva –Lula para todo el mundo- es un hombre de izquierda surgido del movimiento obrero de su país. De visita en Argentina se reunió, ciertamente, con la señora de Kirchner pero desplegó un discurso público y una actividad que difícilmente hayan conformado al gobierno. Advirtió sobre los peligros de la inflación para el crecimiento y el desarrollo social de las naciones ("La inflación es una desgracia para cualquier país, y principalmente para los trabajadores"), subrayó la virtud de los recambios presidenciales ("La democracia es un ejercicio de alternancia de poder"), habló de la relación del poder con los medios (“Yo aprendí a no estar reclamando y decir que la prensa es culpable de todo”). En fin, se abrazó con todo el arco opositor, y en particular con un candidato peronista a suceder a la actual Presidente, el gobernador cordobés José Manuel De la Sota (Daniel Scioli, que tenía programada su presencia en la Conferencia de IDEA y un encuentro a solas con Lula, quedó varado en Buenos Aires: hay quien aventura que fue retenido adrede en la Casa Rosada, para evitar que se fotografiara con el brasilero).

Protesta de las fuerzas de seguridadEl oficialismo interpreta el reclamo salarial de prefectos y gendarmes como una acción de carácter golpista. El cacerolazo nacional del último 13 de septiembre pareció abrir una fase nueva en los problemas que sufre el gobierno central. Ese acontecimiento masivo corporizó un notorio y sostenido movimiento de rechazo de la opinión pública y, al mismo tiempo, introdujo un nuevo ritmo en los acontecimientos, que incrementaron su velocidad. La Casa Rosada contribuyó decisivamente a esa aceleración. Creció el aislamiento gubernamental: el poder se pelea con (casi) todos. A mayor aislamiento menor gobernabilidad.

El cacerolazo nacional del último 13 de septiembre pareció abrir una fase nueva en los problemas que el gobierno central, si bien se mira, viene sufriendo desde el momento en que emergió triunfante de las urnas, un año atrás. Las crónicas y los estudios de opinión pública registran la pendiente por la que se ha venido deslizando casi ininterrumpidamente desde entonces y que determinó una pérdida de casi treinta puntos en la imagen positiva de la Presidente, que ya dos meses atrás quedaba superada por la opinión negativa.

Irónicamente, uno de los mosqueteros intelectuales del oficialismo, José Pablo Feinmann, ratificaba esta semana esa creciente impugnación al conjeturar desdeñosamente distintos motivos por los cuales mujeres y hombres, a su juicio, “odian” a la Presidente.

El rechazo de la opinión pública

Las manifestaciones masivas del 13 de septiembre corporizaron ese notorio y sostenido movimiento de rechazo de la opinión pública y, al mismo tiempo, parecieron introducir un nuevo ritmo en los acontecimientos, que incrementaron su velocidad. El gobierno contribuyó decisivamente a esa aceleración.

Desde antes de los comicios de octubre de 2011 se observaba una tendencia de la Presidente al aislamiento: ordenó las listas electorales del oficialismo sin consultar a las organizaciones territoriales del peronismo, privilegió en las boletas y en los cargos mejor pagados de la burocracia estatal a los grupos juveniles de los que decidió rodearse apostando a su obediencia, proyectó (como decisión absolutamente personal) a Amado Boudou (un funcionario de escasos antecedentes políticos) a la vicepresidencia del país, rompió relaciones con las estructuras sindicales en las que había confiado su difunto esposo, alentó a sus seguidores a que acosaran a socios importantísimos de la coalición oficialista como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero después del 13 de septiembre fue por más: impulsó a sus funcionarios a desafiar y maltratar verbalmente a las clases medias que habían reclamado en calles y plazos, se enredó en una irritada riña verbal con jóvenes estudiantes de universidades estadounidenses que le preguntaron sobre asuntos que ella elude responder en Argentina, les contestó en muchos casos muy lejos de la verdad que conocen tanto esos estudiantes como la ciudadanía argentina (defendió, por caso, la seriedad científica y la autenticidad de las estadísticas del INDEC), quebró una línea en relación con la defensa de las actuaciones judiciales por el atentado contra la AMIA y le propuso al gobierno fundamentalista de Irán una negociación sobre el tema, con lo que puso en discusión la soberanía jurídica del país, se ubicó mundialmente junto a uno de los gobiernos más sospechados del planeta y deterioró gravemente sus relaciones con las instituciones de la comunidad judía.

Un cacerolazo uniformado

En fin, desde el martes prolonga un conflicto delicadísimo en Prefectura y Gendarmería que se ha extendido inclusive más allá de esas fuerzas de seguridad, después de que un decreto firmado por la Presidente, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y la ministra del ramo Nilda Garré determinara que prefectos y gendarmes vieran caóticamente recortados sus salarios.

Estos efectivos (como decenas de miles de empleados y funcionarios públicos civiles y militares) cobran una parte muchas veces muy significativa de sus sueldos “en negro”, es decir, como “suplementos” que no aportan a las cajas jubilatorias, lo que, a la hora de la pasividad, recortará los beneficios que reciban. La poda de esos suplementos se sumó al descontento generado entre los gendarmes por los permanentes traslados del personal de un sitio a otro, el obligado alejamiento de sus familias, las deficientes condiciones de alojamiento en los destinos momentáneos, etc, datos todos que revelan el extravío del cometido fundamental de esa fuerza de seguridad, vinculado a la custodia de las fronteras.

El reclamo de gendarmes y prefectos (que contó con la simpatía y solidaridad de personal de otras fuerzas y hasta con el respaldo de la CGT que lidera Hugo Moyano) tuvo los rasgos generales de una disputa por remuneraciones y condiciones de trabajo. El oficialismo decidió, en cambio, tratarlo como una acción de carácter golpista. “Detrás de un reclamo gremial de orden salarial se esconde una maniobra decididamente destituyente que no podemos permitir” – afirmaron las fuerzas que constituyen el cinturón de apoyo incondicional al gobierno, Unidos y Organizados; como habitualmente, culparon del hecho a los medios y particularmente, aunque sin nombrarlo, a Clarín:- Los grupos que no se subordinan a la legalidad y que buscan eludir el cumplimiento de la ley de medios están fogoneando un conflicto con el claro objeto de desafiar a la democracia. Las imágenes que todos vimos parecen sacadas de un pasado oscuro que nunca más vamos a permitir que se repita en la Argentina”. El jefe de gabinete, Abal Medina, remachó: "Los argentinos sabemos muy bien lo que fue el pasado, y vimos ayer imágenes que nunca más queremos que se repitan. No lo vamos a permitir y aplicaremos toda la fuerza de la ley para los autores materiales e intelectuales, que serán sancionados".

En verdad, cuando el jefe de gabinete aventuró esas palabras, no parecía en condiciones de sancionar a nadie más allá de las cúpulas de ambas fuerzas de Seguridad sobre quienes el oficialismo decidió descargar la culpa de los recortes salariales. El gobierno, en rigor, pareció desmentir esas responsabilidades pues lo que la Casa Rosada suspendió fue el decreto -que no había sido suscripto por la cúpula de las fuerzas, sino por la cúpula del poder político- y al hacerlo, de paso, dio señales de repliegue frente aquellos a quienes definía como golpistas y destituyentes. Por otra parte, aunque la ministra Garré aseguraba que el incidente quedaba concluido con aquellos relevos, la ebullición se mantendría y extendería en el espacio y en el tiempo.

Los reclamos de las fuerzas de seguridad están lejos de constituir una amenaza golpista. Pero sin duda el mal manejo de toda esta situación – que se inicia mucho antes de las protestas- ha provocado una ruptura alarmante de la cadena de mandos y ha deteriorado aún más las condiciones de gobernabilidad.

El aislamiento en Palacio y el arrogante desafío a la realidad suman a ese deterioro. A lo largo de esta última década se han debilitado operativamente las Fuerzas Armadas, minimizadas y siempre en capilla; las fuerzas policiales han sido puestas en la picota y desde el poder se ha exhortado a los ciudadanos a desconfiar de ellas. Ahora se estigmatiza como golpistas en potencia a gendarmes y prefectos que reclaman porque les guillotinan el salario. No deja de ser irónico que quienes recitan el discurso ideológico del fortalecimiento del Estado, con uno u otro razonamiento lo estén dejando inerme frente a viejas y nuevas amenazas a la seguridad pública.

Las presiones del pato rengo

Sin haber digerido aún el cacerolazo de septiembre y sin haber superado esta suerte de “cacerolazo uniformado” que protagonizan gendarmes y prefectos, el poder central afronta ahora una semana en que deberá escuchar cacerolas gremiales: la marcha a Plaza de Mayo convocada para el miércoles 10 por la Central de Trabajadores Argentinos que conduce Pablo Micelli (con el apoyo de los camioneros de Hugo Moyano). ¿También interpretará esa movilización como una maniobra golpista? ¿También culpará por ella al señor Héctor Magnetto, el CEO de Clarín?

La obsesión oficialista con el Grupo Clarín (y, por extensión, con todos los medios de comunicación que opinan con autonomía) responde a una mirada simplista: consideran que la prensa independiente “le llena la cabeza” a una ciudadanía a la que, como surge de ese razonamiento, subestiman. Por ese motivo el gobierno ha convertido el 7 de diciembre en una fecha decisiva y se muestra dispuesto a apelar a cualquier instrumento para conseguir que a partir de ese día se ponga en marcha el desmantelamiento del sistema de medios que pertenece a ese Grupo.

Pero para eso necesita un fallo judicial. Por eso en la última semana intentó dar un golpe en el Consejo de la Magistratura para imponer a una funcionaria del Poder Ejecutivo como magistrada del juzgado que debe pronunciarse en la causa por inconstitucionalidad de la Ley de Medios que se inició por un recurso del Grupo Clarín. Como el oficialismo no cuenta en el Consejo de la Magistratura con la mayoría especial (dos tercios) que se requiere para nombrar jueces, inventó un procedimiento ilegal para eliminar de la votación al representante de los magistrados. Simultáneamente, el ministro de Justicia advirtió que impugnará al juez subrogante aprobado por una decisión de la Corte Suprema y lo presionó para que no se le ocurra fallar en el caso de la Ley de Medios.

Es probable que, si las cosas siguen como van, tanto empeño se convierta en un esfuerzo vano. El creciente aislamiento del gobierno induce a fuerzas políticas, empresarios, jefaturas territoriales y corporaciones a mirar más allá de las autoridades actuales -tan tempranamente atacadas por el síndrome del pato rengo- y a evaluar más bien el juicio de aquellos que se insinúan como autoridades del futuro y el de las fuerzas permanentes.

Las presiones de un poder que tiene fecha de vencimiento tienden a ser más ruido que nueces.

Discurso en HarvardEs difícil recordar alguna gira al exterior de un presidente argentino que haya concluido con saldo tan negativo como la que la señora de Kirchner acaba de hacer a los Estados Unidos. Primero, el paso por la asamblea general de la ONU deparó el anuncio de una negociación con el gobierno iraní referida a un hecho (atentado AMIA) sobre el que ya hay pronunciamiento de la justicia argentina y un pedido de captura internacional de funcionarios actuales y pretéritos del régimen de la República Islámica. Argentina oficializó así un marcado giro y, de paso, confirmó informaciones que oportunamente había desmentido sobre contactos previos del canciller Héctor Timerman con voceros del presidente Mahmoud Ahmadinejad. La novedad provocó escepticismo e inquietud y sumó al creciente aislamiento internacional del gobierno el lastre que representa la intolerante conducta iraní y las sospechas sobre el curso armamentístico de su desarrollo nuclear.

José Ignacio RucciAl cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, y mientras me preparo a acompañar la demostración del peronismo ante los Tribunales de Comodoro Py, quiero reproducir este artículo que publiqué con mi firma el 13 de febrero de 2007 en Ambito Financiero

Imagen ilustrativaSiete días le demandó al gobierno asimilar el impacto de las cacerolas del 13 de septiembre y es posible que todavía no haya terminado de digerirlo. La reacción del oficialismo se balanceó contradictoriamente entre la necesidad de contener y estimular a su desconcertado frente interno y la esforzada (y por instantes fallida) cautela presidencial, preocupada por no provocar más reacciones.

La inusual circunspección del vértice gubernamental no sólo se manifestó en una semana de abstinencia de cadenas de teledifusión y en el marginamiento momentáneo de la consigna reeleccionista, sino también en el cono de sombra que desde el poder se proyectó sobre la ajada figura del vicepresidente Amado Boudou, uno de los puntos más vulnerables del gobierno.

Disparen contra la clase media

Pese a tantas precauciones, la Presidente a veces parece irrefrenable en sus ganas de expresarse con los mismos argumentos que usan sus voceros más termocéfalos. Los anduvo orillando cuando, en medio de reflexiones sobre las clases medias, les adjudicó a estas "desprecio hacia determinados sectores sociales que no pudieron tener mejores ingresos". No aludió explícitamente a los manifestantes del 13/S, pero indudablemente el disparo buscaba ese blanco. En el seno del poder ha prevalecido una explicación que quiere ser clasista y que atribuye las movilizaciones y la oposición al gobierno a una especie de satelismo de esas clases medias (“pequeña burguesía”) a “la oligarquía” (o “los gorilas”, o “las corporaciones). Los voceros de pico más caliente azotan a ese sector (al que la mayoría de ellos pertenece o, dependiendo del conjeturable ascenso económico, perteneció) y hasta lo acusan de “llevar a la plaza a sus mucamas para que golpeen las cacerolas”: señal inequívoca de que tales intérpretes atraviesan la realidad mirando por el espejo retrovisor. Esa explicación desnuda más plenamente su precariedad al no dar cuenta de la creciente resistencia que el gobierno encuentra más allá de los sectores medios, en el movimiento obrero y también las capas más vulnerables de la sociedad.

Las cifras que muestran encuestas recientes (como la que la consultora Datamática produjo inmediatamente después del cacerolazo del 13 de septiembre) indican que las opiniones negativas sobre la Presidente y sobre su pretendida re-reelección superan el 60 por ciento (en materia de imagen, la señora de Kirchner recibe 61,5 por ciento de dictámenes negativos, contra 25,9 por ciento positivos; la oposición a la reforma constitucional re-reeleccionista las opiniones contrarias llega al 66,8 por ciento). Esas proporciones indican que los rechazos atraviesan todos los sectores de la sociedad, así sea desparejamente. En fin: el 11 del mes de octubre estarán en la Plaza de Mayo trabajadores vinculados a tres centrales gremiales: la CTA de Pablo Micelli, la CGT de Hugo Moyano y la CGT Azul y Blanca que orienta Luis Barrionuevo. ¿Qué explicación clasista a la violeta imaginarán esos ideólogos retroprogresistas?

Sería un error suponer que todos los intérpretes del gobierno naufragan en interpretaciones simplificadoras. Hay observadores lúcidos que toman distancia de ellas: “Un riesgo acecha al oficialismo –escribe, por ejemplo, Mario Wainfeld en Página 12- . Es suponer que la protesta sólo aglutina a exaltados gorilas, que los hubo y se dejaron oír. También presuponer que sólo el odio mueve a los participantes, aunque unos cuantos lo destilaron en dosis pestilentes. Y, sobre todo, desdeñar todas las críticas o creer que éstas se encierran en la burbuja de la minoría que se expresó (…) La CGT de Hugo Moyano (que era oficialista cuando se cosechó el 54 por ciento de los votos) y la CTA de Pablo Micheli (opositora ha rato) unieron fuerzas para una marcha en común Es factible reprobar sus alineamientos, pero no lo sería identificar a quienes seguramente adherirán con las clases dominantes”. Las observaciones de Wainfeld demuestran que se puede simpatizar con el oficialismo sin despreciar los datos que ofrece la realidad y sin extraviarse en la retórica del disparate.

En cualquier caso, el bluff de una rápida “contramarcha” con que se entusiasmaron algunos sectores del oficialismo fue cautamente postergado por indicación de la Casa Rosada. Si se trata de discutir el poder sobre la calle, el gobierno no puede darse el lujo de un fracaso. Se esforzará en juntar todos sus porotos a fines de octubre, cuando se recuerde la muerte de Néstor Kirchner.

El debate en las redes

Del otro lado del mostrador, en las redes sociales que canalizaron las protestas del 13/S el trabajo residió en asimilar el éxito alcanzado. Al parecer también allí –un espacio amplio, plural y heterogéneo por definición- se desarrolló un debate intenso, que en última instancia podría resumirse en dos posiciones: la de quienes pugnaban por golpear sobre caliente y convocar a una nueva marcha a corto plazo (a principios de octubre) y la de quienes, razonablemente, sugerían esperar hasta que el gobierno jugara sus cartas y darse tiempo para que una segunda movilización supere notoriamente la primera (y cualquiera que el oficialismo desarrolle en el medio).

Al parecer el cambio de opiniones se zanjó en este segundo sentido: la próxima cita de las cacerolas será, según empiezan a informar las cadenas de mails, el 8 de noviembre. Será nacional, como la anterior y se propone congregar un millón de argentinos. Si el oficialismo, que ahora descansa sobre una nueva sigla militante (UYO, sin hache, pues corresponde al nombre Unidos y Organizados), hace efectiva su movilización de fin de octubre, deberá asumir como desafío no sólo la marcha opositora del 13/S, sino la que ocurrirá diez días después del homenaje a Kirchner.

La pulseada política

Como era previsible, la gran movilización inorgánica del 13 de septiembre operó como revulsivo en la política organizada. Velozmente se observaron reacciones en el sistema político que procuran leer adecuadamente el mensaje de las cacerolas. Hay una atmósfera de búsqueda de coincidencias (no necesariamente de alianzas electorales) entre las corrientes opositoras y hay comprensión de que la movilización social ha tenido la propiedad de modificar la relación de fuerzas entre el gobierno central y todos aquellos que aspiran a moverse con mayor autonomía.

Un ejemplo llamativo es el del gobernador de Santa Cruz: jaqueado por el poder central, asfixiado financieramente, boicoteado por la mayoría de la legislatura local, que responde a la Casa Rosada (vía Máximo K.), nadie apostaba un centavo a la suerte de Peralta. Este, sin embargo, resiste y además se anima a alzar la voz y a referirse ácidamente al proyecto reeleccionista (“Cuando olfateen que Cristina no puede ser reelecta, todos van a salir corriendo", dijo). La frase es una oración fúnebre al plan político casi excluyente del entorno cristinista. Sin duda Peralta entiende que un golpe contra su gobierno, una intervención o un desplazamiento se ha vuelto más difícil para el poder central en la atmósfera creada por la protesta del jueves 13. Y eso lo fortalece relativamente.

José Manuel De la Sota, por su parte, avanza en las filas del peronismo. Ha empezado a verse con líderes de distintos distritos y el martes participará en Buenos Aires de un acto en memoria y reclamo de justicia por el asesinato de José Ignacio Rucci, que acaba de ser declarado “prescripto”. El gobernador cordobés acompañará a dirigentes sindicales opositores: Moyano, Barrionuevo y Gerónimo Venegas, el representante de los peones rurales y de las 62 Organizaciones. Son movidas que, filas adentro del peronismo, abren las puertas a transmigraciones que siempre se producen cuando una jefatura da muestra de debilidad y agotamiento.

No habría que descartar que en el próximo cacerolazo converjan lo espontáneo y lo orgánico, las redes sociales y las redes políticas. “Las cacerolas y los bombos”, como sugirió esta semana un dirigente gremial.

Si eso ocurre, siete días no alcanzarán para que el gobierno lo asimile.

Abal MedinaEmpeñado en trabajar por su continuidad a través de la re-reelección de la señora de Kirchner, el oficialismo parece optar por la ceguera voluntaria ante una realidad que no lo favorece. La inopinada manifestación nacional de protesta que se produjo el jueves 13 de septiembre sólo mereció el ocultamiento de los medios ligados al poder político y las interpretaciones despectivas o devaluatorias del gobierno central y sus voceros: “A esa gente le importa más lo que ocurre en Miami que lo que ocurre en San Juan”, dictaminó el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Cristina Fernández de KirchnerSurge de esto una cuestión: si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez; pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. N. Maquiavelo. El Príncipe.

Eduardo DuhaldeEn la experiencia argentina, el “dispositivo Duhalde” demostró su éxito: en 1998 amenazó a Carlos Menem con un plebiscito en la provincia de Buenos Aires sobre la re-re y el riojano, que sabía que lo perdería, desistió de intentarla. La re-re de Cristina tampoco pasaría la prueba. Pero, ¿quién podría convocar una consulta? Hipótesis: De la Sota, Macri y Bonfatti, los tres a una.

Cristina Fernández de KirchnerAunque el relato del oficialismo pierde pie en la opinión pública y decae marcadamente la homogeneidad de la coalición kirchnerista, el gobierno no puede renunciar a su plan de reformar la Constitución para reelegir a Cristina Kirchner: no tiene otro candidato. El creciente cambio de atmósfera en la opinión pública empieza a ser acompañado por movimientos de los actores políticos. Se generan los anticuerpos. Evocación de La Hora del Pueblo.

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