Contribuciones

Comisario Marcelo LamiEl comisario Marcelo Lami, recientemente elegido por el gobernador Urtubey para el cargo de jefe de la Policía de la Provincia de Salta, es el autor de unas llamativas declaraciones en las que parece justificar las reacciones pasionales y violentas de los integrantes de la fuerza de seguridad bajo su mando.

Perón y BalbínEl Grupo Consensos, con la firma de Silvio Maresca, Jorge Raventos, Pablo Anzaldi, Claudio Chaves, Juan Maya, Jorge Lulo y Pascual Albanese, ha dado a conocer esta tarde un comunicado en el que convocan a la unidad de las fuerzas opositoras al gobierno Kirchner, exhortándolas a “una acción convergente” en defensa de la democracia y la Constitución.

Inspección ocularEl procedimiento administrativo sancionador regulado por la Ordenanza Municipal 14.136, en vigor desde mayo de 2011, es un procedimiento especial que, en materia de prueba, establece una serie de reglas que giran alrededor del principio de presunción de veracidad de las actas de comprobación labradas por las direcciones o dependencias municipales que ejercen el poder de policía en determinadas materias de su competencia.

Cristina Fernández de KirchnerPertenezco a ese olvidado 46% que NO votó al FPV que con el 54% de los sufragios emitidos consagró a Cristina Wilheim Fernández como Presidenta de la Nación en octubre de 2011.

Ricardo AlonsoLa Cámara de Diputados de Salta, a través de su Comisión de Derechos Humanos (presidida por Lucas Godoy, hijo del presidente de la Cámara), ha dado trámite al escrito presentado por la Cónsul de Bolivia en Salta, señora Ingrid Elena Zabala Castro, a través del cual la funcionaria extranjera expresó su "preocupación" por el contenido -presuntamente discriminatorio hacia ciudadanos de ese país- de unas expresiones vertidas en el recinto de la Cámara por el diputado provincial Ricardo Narciso Alonso.

Según informaciones periodísticas, la señora Zabala Castro al parecer no solo se ha limitado a comunicar a la Cámara de Diputados de Salta su "preocupación", sino que además ha solicitado al presidente que le sean facilitadas la grabación y la versión taquigráfica de la intervención del diputado Alonso, para -supuestamente- "analizar" su contenido y el tono empleado por el diputado en su discurso.

El procedimiento seguido en este asunto, tanto por la funcionaria consular extranjera como por la Cámara de Diputados de Salta, dista mucho de ser regular y ofrece serios reparos desde el punto de vista del derecho interno del vecino país, así como del Derecho Internacional. Unos reparos que, a pesar de su manifiesta obviedad, han sido olímpicamente ignorados por el diputado Godoy, quien ya ha adelantado que "obviamente, cumplirá con el pedido" de la cónsul boliviana y que la Cámara baraja de algún modo la posibilidad de sancionar al diputado Alonso.

Las normas

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia (Ley Nº 1544, de 15 de febrero de 1993), los funcionarios diplomáticos, incluidos los consulares, "están sujetos a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y otros Acuerdos Internacionales de los que Bolivia es parte".

Por su parte, el artículo 5.a) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece entre las funciones consulares la de "proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional".

Volviendo al derecho interno de Bolivia, el Reglamento Consular, sancionado mediante Decreto Supremo 22243, de 11 de julio de 1989, establece en su artículo 36.d) que los cónsules bolivianos están facultados para "interceder en todo género de conflictos entre las autoridades locales y los nacionales bolivianos, e intervenir en las diferencias que ocurrieren entre estos, para solucionarlas amigablemente".

El artículo 64 del mismo reglamento obliga a los cónsules bolivianos, en sus gestiones ante las autoridades locales, a abstenerse de brindar el apoyo consular "a demandas que no fueran fundadas en justicia y principio de legalidad".

Del mismo modo, el artículo 63 señala con claridad que la intervención consular ante las autoridades locales solo es legítima "cuando un ciudadano boliviano sea o esté en peligro de ser víctima de perjuicios en su persona o bienes". En tales casos, el funcionario consular está facultado para poner en conocimiento de tal peligro a las autoridades locales, sosteniendo los derechos que le corresponden y dando cuenta de ello a su embajada o, directamente, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las acciones

Lo primero que salta a la vista, es que la actuación de la señora Cónsul ante las autoridades locales no se produce a consecuencia de ningún acto o conducta de los poderes públicos de la Provincia de Salta que pudieran haberse concretado en un menoscabo actual o potencial de los derechos de los ciudadanos bolivianos residentes en Salta.

En otras palabras, que no ha habido, por parte de autoridad oficial de la Provincia de Salta, acto alguno de restricción de libertades y derechos de residentes bolivianos en su territorio.

Antes al contrario, la reacción consular está motivada por lo que a todas luces es una mera opinión, que -acertada o no- de ninguna manera se ha traducido en "acción", y que además ha sido emitida por un sujeto público amparado claramente por el derecho a la inviolabilidad de opinión.

En segundo lugar, es sumamente discutible que un cónsul boliviano o de otra nacionalidad extranjera esté facultado realizar gestiones de cualquier naturaleza ante las autoridades locales por el disgusto que le provoca un discurso parlamentario que -con independencia de su forma y estilo, de su oportunidad y de su acierto- aboga por el cumplimiento de las normas nacionales que restringen el uso de la pirotecnia. Parece evidente, al menos en este caso, que no se trata de una demanda "fundada en justicia" y sujeta al "principio de legalidad" a que se refiere el artículo 64 del Reglamento Consular boliviano.

En tercer lugar, el pedido de la señora Cónsul de la grabación y la versión taquigráfica del discurso del diputado es un acto desproporcionado y potencialmente hostil, que, tratándose de un poder público en el que reside la soberanía del pueblo de Salta y en donde se debaten los asuntos del Estado al más alto nivel, podría incluso ser interpretado como una injerencia indebida en los asuntos políticos internos del país en donde ejerce su función [conducta prohibida por los instrumentos internacionales, pero puntualmente también por el artículo 38.a) del Reglamento Consular boliviano].

En cuarto y último lugar, de acuerdo con el artículo 36.d) del citado Reglamento, es deber de la señora Cónsul intentar una "solución amigable" en caso de que llegaran a plantearse conflictos entre autoridades locales y nacionales bolivianos. A primera vista, el tenor de la protesta de la señora Cónsul y los medios elegidos para materializarla, no permiten advertir -al menos por el momento- que su actuación en este asunto esté guiada por el noble propósito de arribar a una solución amigable.

Al contrario, da la impresión de que lo que se persigue con esta actitud (que no asume la forma ni de queja ni de protesta diplomática, sino más bien la de un insólito "examen" de la opinión parlamentaria) no es otra cosa que la sanción jurídica o la censura pública de un representante del pueblo de Salta que, equivocado o no, tiene derecho a que sus opiniones sean respetadas, por los salteños, pero también -y muy especialmente- por los agentes diplomáticos extranjeros.

Sede de la OIT en GinebraLa ley 14.786, sancionada a finales de 1958 por el Congreso Nacional argentino, es una norma procedimental de dudosa constitucionalidad prevista, según palabras del propio legislador, "para sustanciar los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".

Imagen ilustrativaEscena Nº 1: El Fiscal de Estado, Ramiro Simón-Padrós Cornejo, en representación de la Provincia de Salta, solicita el amparo del Juez de la Cámara Civil y Comercial de Cuarta Nominación, José Gerardo Ruiz, para que, a fin de asegurar el derecho constitucional al libre tránsito de bienes y personas, amenazado por el corte de la ruta nacional Nº 50, ordene a la empresa Tabacal Agroindustria la apertura de sus caminos internos.

Julio CortazarSe ha puesto de moda satanizar a Europa. Bastó para que los problemas económicos y sociales comenzaran a ensombrecer este continente, para que algunos de los nuestros desenterraran el discurso nacionalista y comenzaran a marcar distancias con las calamidades de la "vieja Europa".

Juez Abel CornejoLos medios de comunicación de la Provincia de Salta publicaron ayer la noticia de que un grupo de diputados provinciales -cuyo número por ahora se desconoce- presentó en el registro de la Cámara un pedido de formación de juicio político al juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo Castellanos.

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