El Ministro de Trabajo de Salta desfigura el derecho de huelga

Rubén Fortuny, Ministro de Trabajo de SaltaLa historia pequeña de la política más pequeña de Salta tiene seguramente reservado un lugar muy grande para el actual Ministro de Trabajo y Previsión del gobierno de Salta, el abogado Rubén Fortuny.

Pocos funcionarios como él han ocupado tantos cargos, tan variados y tan poco relacionados entre sí. Ninguno ha demostrado, como él, un talento tan fino y un instinto tan desarrollado para la controversia trivial y el esperpento político.

El último de estos desatinos es la polémica entablada por el ministro con el Defensor del Pueblo de la Municipalidad de Salta, Álvaro Ulloa de la Serna, a propósito de una muy discutible presentación jurídica que el ombudsman municipal realizara días pasados ante el Ministerio de Derechos Humanos para protestar por lo que él considera un claro avasallamiento de los derechos fundamentales.

A los desaciertos jurídicos y confusiones conceptuales del -sin dudas- bienintencionado Defensor, el Ministro ha respondido sin embargo con una desordenada pataleta seudolegal, en la que se mezclan sin rigor alguno la teoría, la política, el rencor personal y el arrebato por el amor propio herido. Todo ello, cuajado en un escrito que de momento no ha servido más que para dejar al descubierto la muy deficiente formación jurídica de los abogados que asesoran al ministro.

El origen de la disputa

El asunto se relaciona con la impresentable multa impuesta por el señor Fortuny al sindicato Unión Tranviarios Automotor de Salta a raíz de la presunta insumisión de sus dirigentes al mandato coactivo de "conciliación obligatoria" emanado en su día de la Secretaría de Trabajo de Salta (un órgano que, como todo el mundo sabe, se encuentra a cargo de un funcionario que hace poco fue denunciado por copiar letra por letra de un artículo científico publicado en Internet los fundamentos de una resolución administrativa por él firmada).

En su cruce dialéctico (por llamarlo de algún modo) con el señor Ulloa de la Serna, el Ministro de Trabajo de Salta afirma algunas cosas que, por su gravedad, merece la pena destacar y comentar:

1. Que la multa fue impuesta al sindicato UTA, no por disponer una huelga sino por violar la ley (en este caso, la ley nacional 14.786, llamada de Conciliación Obligatoria);

2. Que la multa no fue impuesta al sindicato -esto es, a sus trabajadores afiliados- sino a su "cúpula";

3. Que frente a la convocatoria de huelga y ante la eventualidad de que los salteños viesen menoscabado su "derecho a transportarse" (sic), "el Estado provincial salió a garantizar que se cumplan las leyes y que se preste el servicio público";

4. Que el Defensor del Pueblo no defiende a los trabajadores ni a los usuarios sino (otra vez) a la "cúpula" sindical, a la que el ministro caricaturiza llamándola "los poderosos" que "se burlan de sus afiliados" y actúan "en detrimento de la gente", como en los tiempos de la dictadura militar;

5. Que la Secretaría de Trabajo bajo su mando decidió imponer la conciliación obligatoria "para evitar mayores perjuicios a la gente y garantizar a otros sus derechos fundamentales";

6. Que la conciliación obligatoria es "la herramienta laboral de resolución de conflictos en todos los reclamos colectivos de la provincia y el territorio argentino". En el mismo sentido agrega que "a los fines de garantizar los derechos de todos", existe una reglamentación del derecho de huelga que establece los trámites previos para su ejercicio;

7. Que "el gobierno de la Provincia de Salta respeta todos los derechos constitucionales, incluido el derecho de huelga".

¿Cuándo la conciliación obligatoria es legítima?

Dejando de lado el tono ingenuamente solemne que emplea el ministro para refutar los argumentos del Defensor del Pueblo, de su respuesta solo cabe interpretar que el gobierno de Salta actuó en todo momento -es decir, antes y después de la imposición de la conciliación obligatoria- como una especie de Robin Hood, guiado por el impulso de "bajarle los humos" a "los poderosos" que "se burlan de sus afiliados", o sea a la cúpula del sindicato UTA.

Según Fortuny, la justificación moral de la multa no es la transgresión a un deber legal sino el poder (a su juicio excesivo) que detenta la cúpula sindical.

Esta animosidad, puesta claramente de manifiesto en el desafortunado escrito del ministro, no puede pasar inadvertida ni dejar de producir serias consecuencias jurídicas, ya que el argumento no solo provoca el desplome de su desprolijo edificio teórico sino que también sustrae cualquier legitimidad a los fundamentos de su actuación administrativa.

Ello por cuanto la conciliación obligatoria solo es legítima y no obstativa del regular ejercicio del derecho de huelga, cuando la autoridad que ejerce la mediación, y que impone el llamado cooling-off period, es una autoridad imparcial y técnicamente solvente.

Por tanto, si los convocantes de la huelga tuviesen razones fundadas para presumir que la imposición de la conciliación obligatoria enmascara una maniobra para favorecer a la parte contraria, para anteponer intereses políticos del gobierno al ejercicio del derecho de huelga, o que simplemente se trata de una maniobra dictada por puro ánimo antisindical, la falta de acatamiento a la conciliación, más que un derecho, es una obligación sindical. Y como tal, no puede ser objeto de sanción jurídica alguna.

La realidad es que -a diferencia de lo que afirma el ministro Fortuny- la conciliación obligatoria es un instrumento que se halla en el límite mismo del respeto debido a la libertad sindical; es decir, que roza la inconstitucionalidad. Aun así, sus características y finalidades son muy diferentes de las que el funcionario afirma que posee.

La conciliación obligatoria es, en primer lugar y antes que nada, un derecho reconocido a las partes en conflicto, por mucho que la ley que la regula faculte al gobierno a imponerla de oficio, siempre que lo estimare oportuno "en atención a la naturaleza del conflicto".

A contrario de lo que sostiene el ministro, la conciliación obligatoria no ha sido creada por el legislador como un instrumento "de gobierno" que permita encauzar los conflictos sociales de acuerdo a su conveniencia o a su propio parecer, ni tampoco como una herramienta para tutelar otros intereses generales que no sean el estímulo a la autonomía de los agentes sociales o el desarrollo pleno de su capacidad de negociación colectiva.

Aun en los casos más graves, la imposición coactiva de la conciliación obligatoria -esto es, la suspensión de la huelga- tiene (o debería tener) como única finalidad el que las partes enfrentadas agoten todos los medios existentes de negociación, conciliación y arbitraje. Es decir, todo lo contrario a lo que sostiene el ministro Fortuny al afirmar que la conciliación obligatoria se impone "para evitar mayores perjuicios a la gente y garantizar a otros sus derechos fundamentales".

En otras palabras, que la imposición de la conciliación obligatoria nunca es legítima si con ella se persiguen otros objetivos como la normal prestación de los servicios, el mantenimiento del orden público o cualquier otro que resulte ajeno a la finalidad primordial de la composición negociada o, lo que es lo mismo, de la "paz social".

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha dicho que mecanismos similares a la conciliación obligatoria argentina sólo son legítimos y respetuosos del derecho de libertad sindical en la medida en que son acompañados de procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, que susciten la confianza de las partes en conflicto, que sean rápidos, que garanticen que los interesados puedan participar en todas las etapas y que sean conducidos por una autoridad imparcial (Véase Recopilación de 1996, párrafo 501).

Por tanto, si la autoridad que impone la conciliación obligatoria (y luego se encarga de intentar que las partes alcancen una avenencia) no es una autoridad imparcial (sea porque el ministro del área trata públicamente a los convocantes de la huelga como "una cúpula de poderosos que actúa en detrimento de los derechos de la gente", sea porque se inclina por la parte contraria, o por cualquier otra causa), la inobservancia de los términos de la conciliación -especialmente del periodo de abstención obligatorio- es desde todo punto de vista legítima y resulta, por tanto, amparada por el derecho constitucional a la huelga.

Hay que recordar también que la contraparte del sindicato UTA en este conflicto es una empresa del Estado, gestionada por el gobierno a través de funcionarios que el mismo gobierno designa. Lo cual hace suponer -al sindicato y a cualquiera- que detrás de la encendida defensa de los derechos de los consumidores y usuarios por parte del Ministerio de Trabajo provincial se esconde la defensa de los intereses del propio gobierno y de una empresa pública, cuyo presidente -para mayor sospecha- es un exministro que hasta hace poco compartía aburrimiento en las reuniones del gabinete provincial junto al ministro Fortuny.

Sobre la multa impuesta a UTA

Aunque el gobierno se esfuerce en hacer construcciones teóricas complejas, la irrazonable multa impuesta a UTA comporta una clara penalización del libre ejercicio del derecho constitucional de huelga y un ataque al contenido esencial de la libertad sindical.

Al contrario de lo que afirma el ministro, la multa fue impuesta muy claramente por llevar a cabo una huelga, porque ha sido la huelga y no otra conducta el hecho que ha exteriorizado la voluntad sindical de no acatar el mandato administrativo de abstención.

Si partimos de la base de que la insumisión sindical a la conciliación obligatoria se justifica en la clamorosa falta de imparcialidad de la autoridad que la impone, y que tal insumisión no puede ser exteriorizada sino a través del ejercicio del derecho constitucional de huelga (amparado -conviene recordar- por una norma de rango superior a la ley 14.786), la imposición de la multa supone también la violación del principio universalmente admitido de que el ejercicio de este derecho fundamental no puede ser causa de sanción ni de represalia alguna por parte de los empresarios o de la Administración, ya que en estos supuestos estaríamos ante un acto radicalmente nulo.

Otra cosa bien diferente es que se considere que la realización de la huelga con la inobservancia de la conciliación obligatoria, por las razones apuntadas, pueda configurar un ejercicio irregular de aquel derecho, en cuyo caso debe primar la presunción de legitimidad de la huelga, por lo menos hasta que un juez o un órgano independiente (que no es, obviamente, el Ministerio de Trabajo de Salta) declare lo contrario.

Por otro lado, la pretensión del Ministro de Trabajo de que la multa castigue a la "cúpula" sindical y no a los trabajadores afiliados es un auténtico despropósito, cuando no un gesto revelador de que el gobierno de Salta está aprovechando un conflicto laboral para echarle a los dirigentes sindicales un pulso de poder con muy claras motivaciones políticas.

Es evidente que, de hacerse efectiva en algún momento, la multa no saldrá de los bolsillos de la tan vilipendiada "cúpula" sino del de los trabajadores que con sus recursos mantienen al sindicato.

Sobre los obstáculos para recurrir la sanción impuesta

Y ya para finalizar, convendría no olvidar que si la sanción impuesta al sindicato es un acto radicalmente nulo, nulas son también las actuaciones administrativas posteriores encaminadas a ejecutar la sanción; incluida la absurda exigencia del depósito del 20% de la cuantía de la multa para acceder a los medios de impugnación.

La erección de este obstáculo para acceder a la revisión judicial de la sanción es frontalmente contraria al principio afirmado en 1970 por la Conferencia Internacional del Trabajo en su resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, en la que se reconoce que «los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que incluyen obviamente el derecho de acceso irrestricto a los tribunales de justicia), y que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles».

Es contraria también al principio internacional que establece la inviolabilidad de los locales y bienes sindicales y que consagra la protección de estos últimos como una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio de los derechos sindicales. (Comité de Libertad Sindical de la OIT, caso núm. 1795, párrafo 189 y caso núm. 1791, párrafo 342).

En el mismo sentido, ha dicho el Comité que la confiscación de bienes de las organizaciones sindicales por parte de las autoridades, sin una orden judicial (como es el caso de la multa a UTA y del requisito del depósito previo para recurrir), constituye un atentado contra el derecho de propiedad de los bienes sindicales y una injerencia indebida en las actividades de los sindicatos, contraria a los principios de la libertad sindical. (caso núm. 1957, párrafo 132).

Breve conclusión

A la luz de estos antecedentes, resulta ya muy difícil sostener que "el gobierno de la Provincia de Salta respeta todos los derechos constitucionales, incluido el derecho de huelga". Tan difícil, como que alguien admita la moralidad del juicio del ministro sobre que los poderosos carecen de Derechos Humanos o que, teniéndolos, carecen del derecho a que se los proteja.

Si alguien en este conflicto ha hecho retroceder las relaciones laborales a los tiempos de la dictadura militar, ese alguien ha sido el Ministro de Trabajo de Salta, pues, como los militares, el funcionario de Urtubey no dudó en imponer el peso su poder por sobre la autonomía sindical para impedir el ejercicio del derecho de huelga o, como en este caso, para volverlo excesivamente gravoso.

O el señor Fortuny rectifica -porque muchas veces lo ha hecho y en la buena dirección- o actuación del gobierno de Salta en este caso quedará para la historia no solo como un papelón jurídico de dimensiones mundiales, sino como una ficción de legalidad que oculta la arbitrariedad más pura y el ánimo antisindical más desembozado.

Lo cual, por supuesto, expone al gobierno de la Provincia de Salta no solo a la censura pública sino también a la ejecución por parte de los interesados de su responsabilidad jurídica en el plano internacional.

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