Dinero, tecnología y voto electrónico

Imaginemos por un momento qué ocurriría si un gobierno cualquiera decidiera sustituir totalmente la moneda que los ciudadanos utilizan para sus transacciones por un dinero virtual que requiera el empleo de dispositivos electrónicos para su uso. Imaginemos también que, un año antes de la sustitución total, el mismo gobierno decide lanzar una masiva campaña para enseñar a todos los ciudadanos a utilizar el nuevo dinero y los dispositivos asociados.

Paralelamente, pensemos en la forma en que los ciudadanos y consumidores hemos aprendido a hacer uso del dinero que hoy todos conocemos. Es decir, detengámonos a reflexionar sobre el proceso a través del cual todos hemos llegado a comprender y aceptar que el dinero es un bien común que empleamos como instrumento para facilitar la vida económica y social.

Si hacemos este ejercicio, probablemente nos demos cuenta casi de inmediato de que, salvo en comunidades muy primitivas, los seres humanos conocemos el uso social del dinero y su utilidad mucho antes de ingresar al sistema educativo formal. Es decir, que nuestro aprendizaje ha sido y sigue siendo muy precoz y que proviene, bien de la experiencia práctica, bien de la imitación, pero casi nunca de un curso o una campaña de educación organizada por el gobierno.

Pensemos también en las personas que se desplazan a otros países sin conocer el idioma o las costumbres locales y que, sin embargo, lo primero que aprenden -y sin que un gobierno les enseñe- es a utilizar la moneda de ese país; esto es, a calcular los pagos, a revisar los vueltos y a controlar que nuestras transacciones, incluso las más pequeñas, sean justas, y que no nos engañen.

Todo esto es posible porque el dinero, cualquiera sea su denominación, su valor y las cantidades que de él poseamos, tiene unas características, comunes en cualquier contexto socioeconómico, que facilitan enormemente el que todo el mundo pueda usarlo, con plena confianza, sin dudas paralizantes y sin mayores conflictos.

Estas características son básicamente tres: su aceptación generalizada, su facilidad de uso y la plena confianza de los usuarios.

Ninguno de estos atributos es el resultado o la consecuencia de un aprendizaje organizado por los gobiernos, por los bancos o por los comerciantes. Cuando las sociedades primitivas evolucionaron desde el trueque a la aceptación generalizada del dinero no hubo, que se sepa, necesidad de instruir a las personas en el uso de la moneda.

De modo que si en algún momento se planteara la necesidad o la conveniencia de sustituir el dinero que todos conocemos, y que se viene utilizando desde hace siglos, por un sistema enteramente nuevo, basado en dispositivos electrónicos (físicos y lógicos), es muy razonable pensar que ese nuevo medio de pago no tendría ninguna posibilidad de implantarse con éxito si no gozara, al menos, de las tres características básicas que hacen del dinero actual un medio fácil de usar, seguro y fiable para nuestras transacciones.

Pero aun suponiendo que el nuevo dinero electrónico consiguiera reunir estos tres requisitos, si quienes van a hacer uso de él tuvieran la necesidad de someterse previamente a un entrenamiento especial, por mínimo que fuese, el sistema seguramente fracasaría y no llegaría a implantarse.

El voto

Así como nadie nos ha enseñado a utilizar el dinero para comprar, vender, prestar o devolver, tampoco nadie nos ha enseñado a votar, ni debería hacerlo.

El voto, entendido como el método por el cual los ciudadanos que integramos un cuerpo electoral tomamos una decisión, expresamos una opinión o elegimos a alguien para que ocupe un cargo público, es antiguo como el dinero y, al igual que éste, siempre ha sido fácil de utilizar por todos, incluso -quizá sea mejor decir especialmente- por las personas menos instruidas.

Al igual que el dinero, el voto requiere para cumplir con su papel y alcanzar su finalidad de la más amplia confianza de quienes lo utilizan, así como de seguridad, transparencia y facilidad de uso.

Quien ha votado en un país podría hacerlo también en cualquier otro, con la misma sencillez y facilidad con que utilizan el dinero las personas que se desplazan entre fronteras. Casi todos podríamos también, si nos lo propusiésemos, contar los votos o controlar la regularidad de unas elecciones en cualquier país diferente al nuestro.

Las analogías entre el voto y el dinero son incluso más profundas, porque así como todos entendemos que el dinero es el instrumento que permite a todas las personas, sin distinción, formar parte del sistema económico y actuar en él, también sabemos que el voto es la herramienta que hace posible que todos, sin exclusiones, participemos del sistema político, como protagonistas, no como simples víctimas.

Por tanto, si el uso de cualquiera de estos instrumentos tuviera algún secreto que solo unos pocos conocieran; si careciera de la sencillez necesaria u ofreciera dificultad para su empleo, aunque ésta fuese mínima, seguramente ninguno de los dos serviría para facilitar y asegurar la participación de todos.

Si aplicamos al voto el razonamiento anterior sobre el dinero, arribaremos aquí también a la conclusión de que cualquier cambio que nos propongamos realizar en el sistema de emisión del sufragio no solo debiera tener en cuenta la necesidad de que el nuevo sistema cumpla con las exigencias básicas de confianza, seguridad, transparencia y sencillez, sino también con la premisa de que quienes deseen o sean obligados a utilizar el nuevo sistema no precisen de ningún entrenamiento previo.

Dicho en otros términos, que al igual que sucede con el sistema monetario, podemos perfectamente atrevernos a diseñar un sistema de votación más avanzado, seguro, fiable y transparente que el actual, basado en las tecnologías más modernas y vanguardistas, pero si el nuevo sistema presenta una mínima dificultad que hace necesaria, conveniente o indispensable una educación o una formación previa del usuario, el sistema seguramente fracasará y no llegará a implantarse.

Pero llevemos el razonamiento aún más lejos y pensemos que aunque de verdad se lograra en poco tiempo formar a todos los ciudadanos en el uso de la nueva herramienta, la sociedad política quedaría irremediable y peligrosamente dividida entre "usuarios básicos" y "usuarios avanzados" del sistema de votación. Si se prefiere, entre "enseñantes" y "enseñados", entre "sapientes" e "ignorantes" (o más o menos ignorantes), o entre "idóneos" e "ineptos" (o más o menos ineptos).

Esto es algo que, por supuesto, no ocurre con el sistema de votación que todos ya conocemos, al que puede acceder todo el mundo en condiciones de igualdad, sin necesidad de la intervención previa de instructores especializados y con absoluta independencia de los conocimientos, de la destreza o de la habilidad de cada uno.

Si en algún punto la democracia es y debe ser estrictamente igualitaria este punto es, sin dudas, la emisión del voto. Y no se trata solamente de proclamar la igualdad del valor del sufragio (un hombre = un voto) sino también de asegurar previamente que todos tengan exactamente la misma capacidad a la hora de realizar el acto material de votar.

La tecnología

El próximo día 6 de octubre están convocados a votar unos 900.000 ciudadanos salteños. De ellos, una cantidad cercana a los 600.000 se enfrentará por primera vez a una máquina de votación electrónica. A ninguno de los electores convocados le será permitido emitir su voto de otra forma que no sea a través de esta máquina. Probablemente ninguno deseará hacerlo con ayuda de otra persona y muchos, aunque necesiten de esta ayuda, no la pedirán por temor a provocar la nulidad de su voto. Por tanto, quien no consiga entenderse con la máquina no podrá ejercer su derecho, o lo ejercerá mal, llevando a cabo, quizá, una elección no deseada.

Se supone que una cantidad de ciudadanos, que oscila entre el 15 y el 30 por cien del padrón, se enfrentará a este momento decisivo con unos conocimientos mínimos. Pero ello supone también que habrá una cantidad muy importante de votantes que llegará a las mesas electorales con conocimiento cero.

El gobierno de Salta no ha dicho, ni dirá, cuánto ha gastado en el nuevo sistema; ni en el hardware, ni el software, ni en el soporte, ni en la logística. Pero es posible que este dato se conozca algún día. Lo que seguramente no se sabrá nunca es qué cantidades se ha gastado el gobierno para hacer propaganda política del nuevo sistema; es decir, cuánto ha "invertido" para dar legitimidad a un sistema que debería haber nacido con el máximo consenso posible pero que ha necesitado y sigue necesitando de una campaña publicitaria de «posicionamiento». Tampoco se sabrá nunca -y sería muy útil saber- cuánto ha supuesto para las arcas del Estado el monstruoso montaje organizado por instituciones públicas para dar a una parte de los ciudadanos una formación que nunca se debiera haber impartido si el nuevo sistema hubiera nacido ya con un nivel de usabilidad igual o superior al del tradicional voto de papel y urna.

Sin embargo, lo que debería preocupar profundamente a los salteños no es precisamente este gasto inicial, ya de por sí exagerado, sino algo mucho más grave y potencialmente aún más gravoso.

Pensemos por un momento que el sistema de votación con papeleta, sobre y urna -que todavía goza de una amplia aceptación y confianza generalizada, no solo en la Argentina sino también en las principales democracias del mundo, que están hoy muy lejos de abolirlo- podría haber seguido 100 años más sin actualizaciones, retoques ni «upgrades» de ninguna naturaleza.

Cabe entonces peguntarse: ¿Sucederá lo mismo con el sistema de voto electrónico que hará su debut en Salta el día 6 de octubre?

La respuesta solo puede ser negativa.

El dinero

Si lo que pretende el gobierno de Salta es implantar el voto electrónico de una vez y para siempre, los ciudadanos deben saber que mantener en el tiempo esta modalidad costará dinero, esfuerzos y tropiezos varios.

Los salteños tienen derecho a saber ya mismo lo que les costará, al menos en los próximos 20 años, mantener actualizado el voto electrónico; no solo en dinero sino también en esfuerzo de comprensión y adaptación, en calidad democrática y en transparencia.

Cualquier salteño que sabe cómo funciona una computadora, una tablet o un smartphone conoce también perfectamente la velocidad de vértigo a la que se actualizan las aplicaciones, los sistemas operativos y, por supuesto, el hardware. Cualquiera sabe que muchos de estos cambios son profundos y que normalmente obligan a los usuarios a efectuar gastos, a realizar importantes esfuerzos de adaptación que llevan su tiempo y a someterse a un re-aprendizaje casi permanente.

Sería, por tanto, absurdo pensar que en las próximas elecciones provinciales de 2015 o 2017 (por no hablar de las de la próxima década) los salteños utilizaremos los mismos terminales de voto electrónico o el mismo software utilizados en 2013, pues en poco tiempo tanto el uno como el otro se habrán quedado obsoletos y no habrá más remedio que reemplazarlos, si es que no queremos que la herramienta se vuelva inútil.

Es ingenuo pensar que el gobierno no volverá a gastar dinero -mucho dinero- en la actualización y mejora del sistema, así como en el entrenamiento continuo de los electores; una actividad a la que los cambios tecnológicos harán cada vez más necesaria. Es muy peligroso no darse cuenta de que a medida que estos cambios se producen se irá profundizando la fractura de la igualdad democrática entre los ciudadanos y ahondando la brecha entre los votantes tecnológicamente más preparados y los menos.

Es hoy quizá más importante que nunca conocer con certeza cuál será el coste real a largo plazo de la implantación del voto electrónico en Salta. El gobierno tiene la obligación de informar con todo detalle sobre este punto, ya que conocer lo que costará la sostenibilidad del sistema es necesario para que todos los ciudadanos puedan valorar la razonabilidad y la conveniencia de un gasto que, forzosamente habrá de detraer recursos de otras áreas de políticas sustantivas -como la educación o la salud- que en los próximos años demandarán una mayor inversión por parte del Estado.

Últimas noticias

eXTReMe Tracker