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La guerra de las MalvinasPróximos a las tres décadas de la guerra de las Malvinas, una reflexión fecunda exige pensarla en toda su singularidad. Único episodio bélico en el que la Argentina se involucró desde el siglo XIX, fue disparado a partir de una invasión decidida por la dictadura militar más cruenta de nuestra historia y acompañado por una sociedad imbuida del espíritu de las "guerras justas". En la aventura se conjugaron mezquinas motivaciones políticas de corto plazo con convicciones territorialistas profundamente arraigadas en los argentinos, que aprendieron en la experiencia que sus imágenes del mundo y de la propia Argentina poco tenían que ver con la realidad.

Islas MalvinasLa “Cuestión Malvinas” ha estado presente de directa o indirectamente en varias de nuestras columnas. En esta ocasión recordamos la publicada en el nº 42 de Claves -abril de 1996- bajo el título “La seducción como recurso de política exterior”, en que referíamos los despliegues del ex canciller Di Tella para ganar la confianza de los isleños. Entonces, y sin ánimo profético (pues era fácilmente perceptible), advertíamos que nuestro país había perdido la iniciativa y debíamos centrarnos en la problemática de los espacios marítimos [1]. En el epígrafe de esa nota, transcribimos aquella famosa definición napoleónica (de G. B. Shaw en El hombre del destino), acerca del carácter de los ingleses que termina así: “[…] una nación que permite a su deber entrar en pugna con sus intereses, está perdida”.

José de Guardia de PontéEs muy necesario hacer una diferenciación entre estos dos conceptos, para entender lo que es pasible valorar y lo que no, dentro del concepto de la preservación del patrimonio cultural.

Emilio García MéndezDesde la Edad Media hasta bien entrada la modernidad, era frecuente que la política social (dirigida a los pobres obviamente) se valiera prevalentemente de instrumentos de naturaleza penal para la ejecución de sus acciones. A las Casas para Pobres (Poorhouses) inglesas, verdaderas cárceles, ingresaban, supuestos, autores de delitos, especialmente del difuso y jamás definido “crimen de vagabundeo”. Por tras de esta política, un mercado ávido de fuerza de trabajo procuraba imponer con métodos brutales una subordinación y un disciplinamiento feroz de los sectores mas desposeídos. Mas de cinco siglos después, cualquier semejanza de estas leyes y estos métodos con la barbarie jurídica de la dictadura militar en materia de responsabilidad penal de los menores de edad, no pareciera ser una mera coincidencia. El régimen penal de menores de la dictadura militar, decreto 22.278 de 1980, pronto cumplirá 30 años de vigencia bajo gobiernos democráticos. Según este decreto, la imputabilidad penal en el 99% de los casos comienza – en flagrante violación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Constitución Nacional- a la edad de 16 años. Mucho peor es la situación de los menores de 16 años que la propia dictadura designo no solo como inimputables sino además como no punibles.

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