Opinión

Las cambiantes alternativas de un mediático juicio penal que por estos días tiene lugar en Salta han vuelto a poner en el candelero al hombre que sorpresiva y silenciosamente abandonó los primeros planos del gobierno provincial para, de golpe, pasar a integrar la vasta legión de exfuncionarios cobijados bajo el ala generosa del gobernador Urtubey.

Aunque numerosos observadores y analistas económicos coinciden en que el gobierno carece voluntariamente de una estrategia destinada a acotar, al menos, la inflación (una de las mayores del planeta) y, en general, no tiene un proyecto económico más o menos sustentable, es probable que en los próximos meses empiece a manifestarse un interés significativo por la Argentina de parte de la inversión externa. Ya hay pruebas de ello en el campo petrolero.

La soberanía es uno de los pocos conceptos jurídicos que no admiten matices ni escala de grises. Desde Bodino, pasando por Hobbes, hasta Rousseau, aquella cualidad del poder que erige una autoridad independiente sobre un determinado territorio es indivisible y, por ello mismo, no se puede compartir.

No está claro si Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, quiso emular o parodiar a Aníbal Fernández, pero su comentario sobre la huelga general del jueves 10 (“Hubo una fuerte impresión de paro”) fatalmente evoca aquella frase del entonces ministro de Seguridad según la cual la inseguridad pública sólo es “una sensación” de los ciudadanos.

Durante los períodos de transición entre un ciclo político que se extingue y otro que se insinúa, el cambio del talante social se expresa en la gestación de nuevos consensos, que disuelven y suplantan a los preexistentes.

Al iniciarse abril, asuntos que desde hace años lideran el ranking de preocupaciones de la sociedad argentina retornan precipitada y dramáticamente desde las encuestas a la vida real.

Sería muy interesante que la próxima vez que el Gobernador de Salta «diserte»  en foros de países civilizados se anime a contar a su audiencia que aspira a presidir un país que en poco menos de un siglo ha pasado de ser un modelo de convivencia en la diversidad, admirado en todo el mundo, a ser un país en el que los delincuentes roban a sus víctimas montados a caballo y en el que las muchedumbres desordenadas y confusas se cobran justicia por mano propia en expeditivos ajusticiamientos callejeros.

La imagen del Jefe de Policía de la Provincia de Salta empujando desde atrás a sus subordinados para contener a un piquete de docentes enfurecidos, pero inermes, frente al poder ofensivo de los antidisturbios, se ha ganado a pulso un destacado lugar en la historia de la psicopatología institucional de esta Provincia.

La figura de Jean-Michel Bouvier, el padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta en julio de 2011, impresiona y conmueve.

Autoproclamada “madre de todos los argentinos”, la señora de Kirchner aseguró esta semana que no habrá aumentos en las tarifas de servicios públicos. ¿Quién se atreve a dudar de la palabra materna? Lo cierto es que la mayoría de los argentinos empiezan en abril a pagar más por el agua y el gas (y muy pronto, también por la electricidad), con lo que –más allá de la neoparla oficial – las consecuencias para ellos son idénticas a las de un aumento tarifario. Que no se llamen así tiene, en cualquier caso, un sentido no irrelevante: los incrementos que salgan de los bolsillos de los consumidores no aumentarán los ingresos de las empresas que prestan el servicio, sino los recursos del Estado central, que dejará de gatillar subsidios por tales conceptos.

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