Política

Un estudio de la Dirección de Fiscalización Interna de la Municipalidad de Salta, realizado en 90 negocios y 173 anuncios publicitarios de un área del centro de la ciudad, revela que solo el 2% de estos carteles cumple con las normas municipales que regulan la materia y eluden el pago de la tasa que grava la publicidad y la propaganda. El 15% de estos negocios ni siquiera dispone de la necesaria habilitación municipal.

El portavoz de prensa del Poder Judicial de Salta ha confirmado a primera hora de esta mañana que la fecha de la lectura de la sentencia del juicio que se celebra en esta ciudad por la violación y asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni se pospondrá «estimativamente»  hasta el próximo día 23 de mayo. La fecha prevista inicialmente por el tribunal para este acto procesal era la del 16 de mayo.

El proceso de amparo iniciado por un grupo de padres y que se halla sobre la mesa del Juez de Garantías de la ciudad de Salta, señor Diego Rodríguez Pipino, parece haber entrado en un callejón sin salida, después de que se anunciara oficialmente un «cuarto intermedio»  en la audiencia de partes convocada por el magistrado.

El juez Diego Rodríguez Pipino, que se desempeña de forma interina como vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, ha condenado al ciudadano Roberto Martín Tomás Aranda a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de seis años y costas tras hallarlo responsable los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves en concurso ideal en perjuicio del empresario Alejandro Levín Abrebanel.

Atrás han quedado los tiempos en que los ministros del gobierno se distinguían por su apostura y sus buenos modales. Al menos esto sucede en Salta, una Provincia en la que el Gobernador ha impuesto el desaliño personal como estilo uniforme para sus colaboradores más cercanos y como seña de identidad del Estado.

Al Intendente de Salta, o mejor dicho a sus merchandisers  y asesores de campaña, les gusta jugar con las letras de su breve apellido. Tal vez los expertos hubieran preferido que el Intendente se apellidara Jaureguiberri o Taritolay, porque -ya se sabe- la gente malintencionada asocia los apellidos breves a ciertas cortedades; especialmente las de ánimo, pero sin descartar las anatómicas. Y esto no es bueno para alguien que aspira a ser Gobernador.

El Intendente de Salta y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, dos auténticos pesos pesados de la política lugareña, han protagonizado sonoros encontronazos en el pasado. Pero como en el partido al que ambos pertenecen las querellas del pasado se olvidan con llamativa facilidad, hoy reina entre ambos líderes -antaño mal avenidos- el amor más puro.

En lo que bien podría calificarse como un acto fallido de profundos significados freudianos, el presidente de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, don Ángel Amadeo Longarte, ha deslizado en pleno juicio una frase, entre amistosa y hostil, en la que se refiere de forma sutilmente ambigua a los ciudadanos extranjeros que asisten al juicio penal cuyas sesiones él preside.

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