Constitución de Salta

  • Durante las últimas tres décadas, una elite relativamente minúscula, cuantificada de forma generosa en el 0,6 por cien del total de la población salteña, ha capturado más del 80 por cien del total de los bienes, influencias y prestigios disponibles en Salta.
    Una sociedad de ganador único
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  • Los párrafos siguientes han sido extraídos del capítulo 6 del libro Elementos para una reforma política en la Provincia de Salta, escrito y publicado en octubre de 2018 por Luis Caro Figueroa.
    Para no dejarse intoxicar
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  • Sin revelar la vía procedimental elegida ni la legitimación invocada, El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta ha solicitado a la Corte de Justicia que se le reconozca su carácter de parte legítima en el hasta ahora secreto expediente en el que se tramita la acción popular de inconstitucionalidad ejercida por una asociación de jueces de reciente creación, para modificar el artículo 156 de la Constitución de Salta que establece que los magistrados del más alto tribunal de la Provincia duran seis años en sus cargos.
    Más obstáculos para el progreso del golpe de Estado judicial
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  • El principal obstáculo que hoy aleja a Salta del progreso y oscurece sus perspectivas de futuro es la obstinada e impensada estabilidad de un ecosistema en el que habitan encantados y se reproducen con puntualidad unos ciento cincuenta mil salteños, cuyo nivel de vida no está ligado al ritmo del avance de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva sino a los equilibrios políticos de largo alcance.
    El ecosistema
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  • Finalmente, la Corte de Justicia ha anunciado su conformación especial para decidir sobre la suerte de la acción popular de inconstitucionalidad interpuesta por una asociación de magistrados contra el vigente artículo 156 de la Constitución provincial.
    Vuelve a sobrevolar la sombra del golpe de Estado
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  • En Salta no hay nada que se parezca a un «mando gubernativo», puesto que no hay un órgano constitucional designado formalmente con el nombre de «Gobierno». Urtubey solo manda en el ámbito de la Administración. No ejerce mando alguno sobre el conjuntos de los salteños, pues los ciudadanos están sometidos únicamente a la autoridad de la Ley, como lo está también el mismo gobierno.
    Abuso de poder y del lenguaje
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  • En opinión del autor de este artículo, las transgresiones éticas a las normas sociales deberían quedar fuera de la regulación de las causas de destitución de los jueces y ser estas limitadas al enjuiciamiento político de los gobernantes.
    Una reforma necesaria y urgente
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  • En el mismo momento en que arrecian las críticas contra el tribunal por el desparpajado uso de sus poderes, la Corte de Justicia se ha ufanado hoy de la cantidad de leyes que le han aprobado en la Legislatura. Leyes que han redactado los mismos jueces, que los legisladores se han limitado a levantar la mano para aprobarlas, sobre una serie de materias que, de hecho, han sido sustraídas a la competencia del Poder Legislativo, en cuyo seno nadie puede decir nada sobre estas cuestiones.
    La separación de poderes, anulada en Salta
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  • Los fundamentos jurídicos de la resolución que mantiene en su cargo de consejera de la magistratura a la jueza Rodríguez Faraldo y desestima su pedido de remoción, son exactamente los contrarios a los que su mismo autor expuso con profusión en un libro publicado hace solo cuatro años atrás.
    El combate contra la arbitrariedad
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  • Falú no ha expresado 'su apoyo a la reforma constitucional', como afirma la comunicación oficial del Ministerio de Gobierno, sino que se ha limitado a no rechazar la posibilidad de una reforma, y a partir de esta postura ha avanzado algunas propuestas, como la del referéndum previo.
    Un apoyo que no ha sido tal
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  • La afirmación del título pertenece al Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial de Salta. Su enigmática formulación deja entrever que el gobierno, al que le queda poco más de un año en la oficina, se reserva el papel de árbitro supremo en el debate sobre la reforma constitucional, sin que ninguna norma jurídica le autorice a desempeñar tal papel.
    Una afirmación intolerable
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  • El autor de este artículo alerta a los salteños sobre la necesidad de tomarnos en serio la cuestión de la Constitución, nuestra realidad constitucional y sus necesidades de reforma. Para ello -advierte- urge preparar una 'sociedad abierta de intérpretes constitucionales'.
    Sobre la reforma constitucional en Salta
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  • El autor de este escrito valora positivamente la iniciativa de dos diputados provinciales que propicia un referéndum ciudadano en toda la Provincia para decidir sobre la reforma de la Constitución de Salta. Considera que este proyecto puede ser el comienzo de un camino largo y provechoso de innovaciones institucionales que devuelvan protagonismo al ciudadano, comprometan su responsabilidad y restauren su confianza en la política.
    Loable iniciativa
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  • Dos legisladores provinciales dan un golpe sobre la mesa y con una jugada maestra ponen en evidencia el sesgo elitista, conservador, antidemocrático y excluyente de la operación política que se encuentra en marcha para reformar la Constitución de Salta, sin consultar directamente a los interesados.
    Consulta popular ineludible
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  • Nuestros presos viven apilados en las cárceles, pero al menos disfrutan del 'buen trato' de los agentes penitenciarios. Esta es la visión particular del ministro del gobierno encargado de velar por la vigencia de los derechos humanos en Salta. Su lema es: jodidos pero felices.
    Una realidad vergonzosa
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  • El gobernador Juan Manuel Urtubey ha dicho que estamos en el siglo XXI y que por tanto se debe avanzar en la separación de la Iglesia y el Estado. Su opinión en este sentido va en contra de sus propios actos como Gobernador, pero abre la puerta al establecimiento de una relación más transparente y fructífera entre los protagonistas de esta historia.
    La secularización de Salta
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  • El autor de este escrito efectúa un repaso crítico de las últimas declaraciones del presidente de la Corte de Justicia de Salta, requerido de juicio político por un grupo de diputados provinciales opositores al gobierno.
    Accidentes del discurso
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  • El autor de este escrito cuestiona la legitimidad del ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida por la Constitución de Salta a la Corte de Justicia, en la medida en que su ingente producción normativa crece a expensas de las facultades constitucionales reconocidas al Poder Legislativo.
    Abuso del poder judicial
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  • Las amenazas de los grupos con poder sobre las libertades de los ciudadanos de Salta han propiciado la reacción de algunos sectores políticos que, hasta aquí, se habían mostrado, en unos casos indiferentes, y en otros complacientes con los abusos de quienes desde hace más de treinta años vienen instrumentalizando las instituciones de Salta en su propio beneficio. Aquí la opinión sobre el tema del exdiputado nacional y exministro de Gobierno de Salta, Santos Jacinto Dávalos.
    Contra la tiranía judicial
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  • Hay que aprender a distinguir entre la Corte de Justicia como institución permanente y necesaria que es, por un lado, y los hombres efímeros y contingentes que las ocupan, por el otro. Confundir a la primera con los segundos es el principio del fin de la democracia.
    El debate sobre la configuración de la Corte de Justicia de Salta
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  • El autor de este escrito demuestra que la gran mayoría de las constituciones de Salta, anteriores a la que nos rige, establecieron sin dudar la duración limitada de los cargos de los jueces del máximo tribunal de justicia provincial.
    Reforma de la Constitución de Salta
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  • Un grupo de jueces enemigos de la democracia se congratula por estas horas de haber conseguido 'abrir el debate' sobre la reforma constitucional en Salta, instrumentalizando para ello los remedios procesales previstos en nuestra norma fundamental para otras finalidades. Habrán triunfado en su intento manipulador sólo si los ciudadanos aceptan ahora reformar la Constitución provincial, aprovechando el singular revuelo que ha provocado el intento de golpe de Estado judicial.
    Una cuestión moral
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  • La nueva jueza de la Corte de Justicia de Salta arriba al tribunal en un momento en que el prestigio del Poder Judicial roza sus mínimos históricos y cuando la Constitución por la que prestará juramento es tironeada como un juguete por jueces como ella.
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  • Consultado sobre la reivindicación, por parte de algunos jueces, de una plena independencia judicial, un legislador opuesto al gobierno provincial recuerda que el actual presidente de la Corte de Justicia de Salta fue designado en su cargo 'horas después' de haber dimitido como apoderado del Partido Justicialista.
    Ataque a la Constitución de Salta
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  • El autor de este escrito propone crear en Salta un Consejo de Estado, al estilo de los que hace siglos funcionan en Francia o en España, para colocar allí a los gobernadores que han agotado su mandato, a los jueces de la Corte de Justicia que han finalizado el suyo, a académicos de la historia, a científicos y a otras grandes 'personalidades' de esas que sobran en Salta y que no terminan de encontrar su lugar debajo de nuestro ancho cielo.
    Soluciones para un problema
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  • La maniobra judicial, denunciada por casi todo el arco político salteño, amenaza con romper la convivencia mediante la eternización en sus cargos de unos jueces cuya ambición parece superar ampliamente la de los grandes dictadores de la historia.
    Paradojas de la democracia
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  • La audiencia concedida hoy por el gobernador Urtubey hace pensar que los jueces de otras jurisdicciones del país han decidido ejercer influencia en los asuntos que son privativos de la soberanía territorial de Salta y que apoyan la modificación de la Constitución de esta Provincia por la vía elegida por la Asociación de Jueces; es decir, mediante el ejercicio de la acción popular de inconstitucionalidad.
    Injerencia en asuntos internos de la Provincia de Salta
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  • El autor de este artículo afirma que el desempeño vitalicio de los jueces es una institución atávica, recogida por el constitucionalismo norteamericano a semejanza de las prácticas judiciales inglesas del siglo XVIII y que va perdiendo adeptos de forma acelerada en sus países de origen por su escasa compatibilidad con los mecanismos y las exigencias de la moderna democracia representativa.
    Nueva aportación al debate
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  • Los ánimos se están caldeando en Salta a raíz de la pretensión de un grupo de jueces de que sus colegas reformen la Constitución provincial mediante sentencia, para favorecer los intereses de los propios jueces. El autor de este escrito apoya a quienes reclaman que la Corte de Justicia declare inadmisibles las acciones populares de inconstitucionalidad que actualmente tramitan ante ese tribunal y ofrece razones para fundamentar tal pedido.
    Un debate que va cobrando intensidad a medida que pasan las horas
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  • El elevado tono del debate ha puesto sobre el tapete una realidad hasta ahora soterrada: la de los extraordinariamente amplios poderes constitucionales y legales de que está investida la Corte de Justicia de Salta, que algunos consideran ya una amenaza para el equilibrio democrático.
    Una advertencia para tomar en serio
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  • Aunque sea el nombre que emplea la ley para estos casos, el de 'conjuez' evoca entre nosotros imágenes de precariedad, de compadreo, de amiguismo, de antipatía familiar y de negocios comunes.
    El golpe de Estado judicial en marcha
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  • Quienes sostienen que la operación de reforma de la Constitución por un tribunal opaco no beneficiará a los actuales jueces de la Corte, 'porque sus acuerdos duran seis años', pecan de un optimismo fronterizo con la ingenuidad más absoluta.
    Primavera de constitucionalistas en pleno otoño
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  • En un libro publicado en 2014, firmado por un colectivo de autores, bajo la dirección coordinada de los jueces Abel Cornejo Castellanos y Guillermo Catalano, se afirma que solo una reforma constitucional puede solucionar de una forma legítima lo que ellos califican como 'rémora' del derecho público provincial: la duración temporal de los jueces de la Corte de Justicia.
    El pez por la boca muere (en el mes de la 'memoria')
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  • Cuando la Constitución, o los valores que ella integra, son atacados por los políticos, nuestra tolerancia a sus abusos constitucionales es mucho mayor que cuando la ofensa proviene de los jueces. ¿Cuál es el motivo de esta diferencia?
    La doble vara de medir
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  • Dos legisladores advierten que el intento de los jueces de la Corte de Justicia de Salta de perpetuarse en el poder puede desembocar en su destitución a través del juicio político.
    Ataque a la Constitución de Salta
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  • Los procedimientos supuestamente iniciados para lograr que la propia Corte de Justicia de Salta declare mediante sentencia que los jueces que la integran, además de ser inamovibles, duran en su cargo toda la vida, están envueltos en una densa niebla. La Corte no ha dado a conocer ni los escritos presentados, no ha divulgado los argumentos esgrimidos por las partes y tampoco ha dado a conocer el nombre de los jueces que han firmado aquellos escritos en representación del colectivo judicial.
    Sombras y ocultamiento en las altas esferas judiciales de Salta
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  • Los vastísimos poderes que ejercen aquellos que están o se creen exentos de rendir cuentas al soberano acarrean el peligro de la arrogancia, la enfermedad del poder y el abuso.
    Crisis en la Justicia de Salta
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  • El autor de este escrito defiende la idea de que la inamovilidad indefinida de los jueces no forma parte de ninguna de las garantías fundamentales del debido proceso, y que lo que se debe proteger es la independencia y la imparcialidad de los jueces, a través del empleo de herramientas más democráticas y menos sujetas a sospecha, como la carrera judicial, que en Salta es hoy inexistente.
    No está todo cocinado como parece
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  • Es paradójico que quienes se han arrogado la facultad de enseñar a los electos sean personas que jamás se han sometido al voto de confianza de sus conciudadanos en las urnas.
    Una bofetada a la autonomía municipal
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  • La defensa y protección de los derechos humanos y de las libertades reconocidas por la Constitución es responsabilidad de todos los servidores públicos. No es una responsabilidad política ni una responsabilidad en abstracto.
    Los jueces no tienen más jefe que la Constitución
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  • La llamada «ciudadanía poscosmopolita» es uno de los fenómenos más visibles del proceso de remoralización de la política que tiene lugar en el mundo occidental y que está relacionada con la rehabilitación de la virtud, en el lenguaje y en la práctica de la política.
    Un desafío de futuro
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  • El tribunal reafirma en su pronunciamiento que el habeas corpus constituye un procedimiento excepcional, residual y de concesión restrictiva, que solo procede en casos de ilegitimidad y arbitrariedad evidentes, que no requieran amplitud de debate y prueba, ni admitan otra vía legal apta.
    Agravamiento de las condiciones de detención
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  • El autor de este artículo analiza las expresiones de la Ministra de Educación de la Provincia de Salta en el sentido de que pesa sobre el Estado la obligación de impartir enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
    Para evitar la manipulación
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  • Los ministros del Poder Ejecutivo en Salta se designan y se cambian por decreto. Lo que requiere de una ley es la modificación de su número y de sus funciones. Pero ¿puede una cosa como esta hacerse mediante un decreto de necesidad y urgencia?
    Descalabro institucional en la Provincia
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  • La ministra Berruezo defiende ante la Corte Suprema de Justicia un concepto de educación 'integral' que coincide con la idea que tiene la Iglesia acerca de la integralidad de la persona humana. Idea que choca frontalmente con los objetivos de la educación proclamados en el artículo 48 de la Constitución de Salta.
    Debate sobre la enseñanza religiosa
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  • El autor critica la decisión del Gobernador de Salta de enviar a la Legislatura un proyecto para blindar a los jueces de la Corte de Justicia por él designados, obligando a los gobernadores que lo sucedan en el cargo a solicitar de forma automática el acuerdo para los actuales jueces y privándoles de su derecho a designar a los jueces de su elección.
    La Corte de Justicia más pobre de la historia corre el riesgo de eternizarse
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  • El autor sostiene en este artículo la tesis de que la Constitución de Salta no obliga de ningún modo al Estado provincial a convertirse en proveedor de enseñanza religiosa y que el derecho de los padres, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de Salta, se limita a que sus hijos reciban esta enseñanza 'en' la escuela pública, entendida esta como un mero espacio físico y organizativo; es decir, no curricular ni funcional.
    Debate sobre la enseñanza religiosa
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  • La ministra Berruezo acudirá a la Corte Suprema con una 'carpeta' en la que figuran asuntos que no guardan ninguna relación con el objeto de la litis y que solo se justifican en la declarada intención del gobierno de presentar el debate como una opción dura sobre la enseñanza religiosa.
    Debate sobre la enseñanza religiosa
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