La polémica fue oportunamente denunciada por la ONG salteña RED-SOL, organización que ha requerido al Procurador General Pablo López Viñals para que intervenga en la defensa de vecinos que se ven perjudicados por la proliferación de edificios que no cumplen con los requisitos técnicos y que obtuvieron habilitación por vía de excepción.
El concejal ha señalado que las obras de derrumbe habrían sido autorizadas durante la vigencia de normativa actualmente derogada y que existiendo una nueva reglamentación que prohíbe la demolición, la actuación del propietario es ilegal y no puede ser consentida por las autoridades municipales.
Para Saravia “resulta evidente que el estricto apego a la ley impone dictar los actos administrativos tendeentes a ordenar la inmediata paralización de la obra de demolición y reabrir las actuaciones administrativas a los efectos de que el propietario involucrado proceda a readecuar el proyecto que debe ser reconsiderado por la autoridad de aplicación de conformidad con la reglamentación vigente a la fecha”.
Por último, señaló que, en este caso, no se puede invocar la existencia de derechos adquiridos que colisionan flagrantemente con el marco normativo.
