El Juez de Instrucción Pablo Farah, a cargo de la investigación judicial abierta por el asesinato del joven docente tartagalense Diego Esper, ha dispuesto la libertad "por falta de mérito" del primero de los detenidos como sospechosos de haber dado muerte a Esper.
El detenido, un físicoculturista y stripper, de 25 años y también oriundo de Tartagal, fue sospechado desde un principio de haber ultimado con un golpe en la cabeza a Esper, sin que, al parecer, hubieran motivos consistentes, ni para considerarlo sospechoso ni para privarlo de su libertad.
El stripper mantenía una relación de amistad con el occiso y poseía las llaves de su departamento. En un principio la policía lo detuvo, no tanto por hallarle en su poder las llaves de la casa sino porque en un registro la policía se incautó de unas ropas que se encontraban -supuestamente- manchadas por "un líquido que parecía ser sangre humana".
Casi un mes permaneció detenido el joven stripper tartagalense por una evidencia meramente circunstancial, hasta que las sospechas que pesaban sobre él comenzaron a disiparse cuando la investigación se reorientó hacia la posible responsabilidad criminal de un camionero catamarqueño, que es ahora el principal foco de atención del caso.
Interrogantes
La fallida detención del stripper y la equivocada atribución de responsabilidad en el homicidio, se suman a otros hechos recientes en que los jueces y la Policía de Salta demostraron una cierta precipitación, cuando no un desprecio manifiesto hacia la libertad de personas que, a la postre, resultaron inocentes.Fuentes cercanas a los tribunales recuerdan el reciente caso del contador Torino Dantur, detenido por la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta e imputado por un juez de crímenes horribles, que hoy se encuentra sobreseído de la mayoría de los cargos y al que no se ha podido probar que fuera un corruptor de menores o un extorsionador de mujeres, como en principio había deslizado la policía, a través de filtraciones a la prensa que generaron no poco escándalo.
El gobierno ha renovado una y otra vez la cúpula policial, pero no parece dar en la tecla con las reformas necesarias en una institución esencial para la convivencia ciudadana.
Los cambios producidos no solo no han logrado mejorar el desempeño de los cuerpos de investigación, sino que -y esto es lo realmente preocupante- no han propiciado la más mínima autocrítica por parte del gobierno; especialmente la de su Secretario de Seguridad, el abogado Aldo Rogelio Saravia.
Las mismas fuentes antes citadas señalan que, en otras circunstancias, solo un cuarto de los escándalos policiales registrados últimamente en Salta habría hecho rodar por los suelos la cabeza del Secretario de Seguridad y -aun- la del Ministro de Gobierno, pero que en Salta estos funcionarios parecen planear por encima de los problemas y no estar dispuestos a asumir ninguna responsabilidad política.
