El sobreseimiento judicial de un contador salteño que había sido detenido y acusado por la policía de corrupción de menores, pornografía infantil, acoso sexual y abuso a sus propias hijas, ha dejado hace unos días en serio entredicho la transparencia de algunos procedimientos de la Policía de Salta.
Los analistas coinciden en criticar no tanto el sesgo de la investigación cuanto la forma en que algunos elementos de convicción fueron filtrados a la prensa, en lo que se califica ya como un acto de suma irresponsabilidad.
La cuestión ha vuelto a cobrar vigencia con ocasión del asesinato de un joven profesor universitario, ocurrido ayer en su céntrico departamento de la ciudad de Salta.
Un diario local, que no se caracteriza precisamente por mantener una línea editorial sobria en materia de sucesos policiales con víctimas mortales, ha publicado datos de la investigación que sólo pueden haber salido de fuentes policiales y que, por sus características y detalles, constituyen un agravio a la víctima y a su familia.
Esta información -que no ha sido recogida por otros medios que han difundido la misma noticia- da cuenta del presunto hallazgo policial de fotografías de la víctima vestido de mujer y de otros detalles que darían a entender que el fallecido no sólo era homosexual sino que eventualmente podría haberse dedicado a la prostitución.
La difusión de este tipo de información no favorece en lo más mínimo el avance de la investigación y es razonable pensar que sólo ha sido insertada en la crónica del suceso, bien con el ánimo de introducir un elemento que atraiga el interés malsano de algunos lectores, bien con la intención de entorpecer la búsqueda de la verdad.
Es de esperar que el Ministro de Gobierno de Salta y el Secretario de Seguridad exijan ya mismo explicaciones a los policías que acudieron a la escena del crimen y que abran una investigación tendente a esclarecer quiénes y en qué circunstancias facilitaron la filtración a la prensa de detalles que, no sólo la ley sino el decoro y el sentido común, mandan a que permanezcan reservados.
En tanto el Ministro y el Secretario guarden silencio sobre el tema o que, aun condenando lo ocurrido, no procedan a depurar las responsabilidades del caso, habrá que pensar que la seguridad de Salta y los derechos de los ciudadanos, especialmente su intimidad, se hallan en manos de personas irresponsables.




