Un despacho oficial del área de prensa del gobierno de Salta dice que durante una reunión mantenida por los secretarios Maximiliano Troyano y Aldo Rogelio Saravia con el periodista cerrillano Carlos Villanueva, los funcionarios dijeron: “Por disposición del gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro Pablo Kosiner se atenderá este caso con absoluta disponibilidad de gente y medios”.

El ministro de Gobierno y Seguridad de Salta, señor Pablo Kosiner, carga con una pesada cruz. Cual si hubiese recibido una condena al malentendido eterno, el ministro tiene que soportar que sus declaraciones públicas sean perpetuamente deformadas por la prensa.

O el Ministro de Gobierno de Salta no ha tenido un buen día o los periodistas que recogieron sus declaraciones sobre las zapatillas colgadas no han acertado a reflejar con precisión la opinión del funcionario al respecto.

La lucha contra el tráfico de seres humanos, también conocido como trata, se ha convertido en el buque insignia de las políticas de seguridad del gobierno de Salta, hasta el extremo de que el ministro del área y su secretario la han calificado de exitosa 'política de estado'.

El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de Salta, Pablo Kosiner, mantuvo hoy una reunión con representantes de iglesias evangélicas, con quienes abordó el problema de las adicciones a las drogas y el narcotráfico.

A los capacitadores de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta les ha salido una seria competencia.

La prensa de Salta ha presentado como una curiosidad el hecho de que las fuerzas de seguridad (bomberos, policías, aviación civil, rescatistas, etc.) que participaron en la búsqueda del turista santafesino Héctor Oviedo, reportado como perdido en el Departamento salteño de Los Andes, y hallado luego sano y salvo, exijan ahora al desprevenido paseante la devolución de los gastos en que debieron incurrir aquellas fuerzas para intentar rescatarlo.

El gobierno de la Provincia adhirió al Convenio Marco de Cooperación y Asistencia celebrado entre los ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de Salud, mediante el cual se coordinarán políticas públicas en materia sanitaria en beneficio de las personas privadas de libertad y de quienes egresen del Servicio Penitenciario, mediante la incorporación a planes de salud vigentes.