La inquietud fue puesta de manifiesto en un escrito que el presidente de la Corte Guillermo Posadas envió al Ministro de Gobierno Pablo Kosiner, en el que el juez da cuenta de que "uno de los lugares donde se alojan presos de jurisdicción federal es la misma guardia policial de tribunales ubicada en la Ciudad Judicial".
Dice la Corte haber realizado durante los últimos meses un seguimiento de la situación a través de su Secretaría de Derechos Humanos y del Juzgado de Detenidos y Garantías. Los resultados de dicho seguimiento ha sido puestos en conocimiento del Ministro de Gobierno.
Llama la atención que la queja judicial no se dirija a las autoridades federales que ordenan el alojamiento de sus presos en dependencias policiales provinciales, sino que se dirija al ministro encargado de mandar a la Policía de Salta, como si éste no estuviera enterado de la situación.
En la nota enviada por Posadas a Kosiner se puede leer, por ejemplo, lo siguiente: “Las actas labradas por la Secretaría de Derechos Humanos y el Juzgado de Detenidos y Garantías, demuestran que continúa la grave situación en establecimientos policiales de la Provincia, particularmente en la Guardia de Tribunales provocada por la continua recepción de presos federales”.
La propia Corte recuerda que no es la primera vez que aborda esta situación. Sostiene en tal sentido que en octubre del pasado año, el tribunal dictó la Acordada Nº 10.478, en la que advertía la presencia de presos provenientes de jurisdicción federal en los establecimientos penales provinciales, y señalaba a este fenómeno como causa del agravamiento de las condiciones de alojamiento de internos provinciales.
Por último, recuerda la Corte que la Constitución de Salta en su artículo 153 le asigna el deber de supervisar el sistema carcelario, pero no hace mención a ninguna norma que le otorgue facultades para supervisar también a las comisarías de policía.
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