La versatilidad del Procurador General, señor Pablo López Viñals, siempre bien dispuesto a seguir los criterios y orientaciones del gobierno en casi cualquier materia, parece haber hallado un límite muy claro en la política de recursos humanos: A diferencia del Gobernador, el Procurador General no desea ni promueve la estabilidad de los empleados al servicio del Ministerio Público de la Provincia de Salta.
Así ha quedado de manifiesto después de que el Colegio de Gobierno de este órgano -extrapoder e independiente, como lo manda la Constitución- decidiera mediante tres resoluciones renovar por un año, bajo diferentes modalidades de contratación, las relaciones laborales de 220 empleados, que seguirán prestando servicios en diferentes oficinas del Ministerio Público de Salta.
Lo curioso es que este personal seguirá prestando servicios al amparo de una maraña de figuras jurídicas a las que eufemísticamente se les ha llamado "pasantías rentadas", "convenios de capacitación laboral", "contratados con recibo de sueldo" o "contratados monotributistas".
La decisión de López Viñals y de Mirta Lapad (la Asesora General de Incapaces de Salta) podría haber pasado desapercibida entre las prisas de finales de año y el alboroto de la feria judicial, pero no lo ha hecho por un detalle sorprendente: 12 agentes -la mayoría de ellos profesionales, que se venían desempeñando como pasantes rentados- quedaron en la calle, al haber sido excluidos de la nómina del personal de feria (otro eufemismo para enmascarar un despido puro y duro).
Disgusto y alerta
El cese de estos trabajadores ha puesto en alerta a buena parte de los magistrados, profesionales y empleados del Ministerio Público de la Defensa, que es donde la mayoría de los agentes despedidos prestaban sus servicios.Una comunicación difundida esta tarde por la Defensora Oficial Civil Nº 4, Natalia Buira, denuncia -esta vez sin eufemismos- que "el Ministerio Público de Salta se halla al margen de la legalidad".
El escrito de Buira -que refleja el ánimo que impera en estos momentos en un importante sector de la magistratura- denuncia también que los despedidos llevaban tres años trabajando para el Ministerio Público de Salta y que la resolución que declara extinguidos sus vínculos laborales fue firmada por López Viñals y por Lapad, pero no por la Defensora General Adriana Arellano, que se encuentra ausente, recuperándose de una reciente operación quirúrgica.
Señala la defensora Buira que tanto las contrataciones precarias como los despidos dispuestos por López Viñals y Lapad "vulneran severamente los tratados internacionales en la materia, la Constitución Nacional y Provincial y las leyes laborales". Pero lo más importante -añade la magistrada- es que "violan los derechos humanos entre ellos el derecho al trabajo estable del personal que se desempeña en el Ministerio Público de Salta".
Peticiones desoídas
La situación de estos empleados es todavía más inexplicable si se tiene en cuenta que el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta pidió en agosto pasado a las autoridades del Ministerio Público que no se echara a la calle a los pasantes contratados. El presidente de aquella corporación hizo un último intento al solicitar hace exactamente una semana tratar este tema con el Colegio de Gobierno, pero su petición fue desoída.En noviembre de 2011, un grupo numeroso de defensores oficiales, asesores de menores e incapaces y fiscales ante las diferentes jurisdicciones, peticionaron en el mismo sentido al Colegio de Gobierno que encabeza López Viñals. En aquella oportunidad, los magistrados llegaron a calificar de "fuga de capital humano" el cese de los pasantes rentados, que finalmente -y sin que nadie pudiera impedirlo- se produjo a comienzos de enero de 2012.
Los magistrados no creen que sean ciertas las restricciones presupuestarias esgrimidas para justificar los ceses, ya que -según dicen- las contrataciones precarias en el ámbito del Ministerio Público continúan. Afirman que las 12 personas despedidas seguramente serán reemplazadas por otras y revelan que el sueldo que aquéllas venían percibiendo era inferior al salario mínimo fijado por el gobierno nacional.
También se denuncia que las contrataciones precarias encubren la finalidad de eludir los aportes jubilatorios, las cotizaciones a la seguridad social, las vacaciones pagas y otros derechos laborales.
Finalmente, han puesto de relieve la paradoja de que un órgano constitucional encargado de tutelar la legalidad recurra a este tipo de prácticas, que no solo colisionan con la ley sino también con los principios constitucionales que rigen en la materia.
