Así lo ha resuelto la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Salta, que no obstante ha decidido mantener como presidente del directorio al empresario Marcos Jacobo Levín, cuya destitución cautelar había sido peticionada por el también empresario Luis Alberto Derudder, socio de la citada empresa, en conflicto con el primero.
El portavoz judicial de Salta ha informado hoy que la magistrada María Cristina Montalbetti, integrante del tribunal, afirmó en su voto la improcedencia del desplazamiento provisorio de Levín, argumentando que “las medidas cautelares tienen carácter accesorio del principal y no pueden por sí mismas constituirse en anticipo jurisdiccional de la acción de remoción, razón por la cual no cabe a través de una cautelar resolver el fondo de la cuestión”.
El voto de Montalbetti considera en cualquier caso procedente la designación de un coadministrador de la sociedad (la Ley de Sociedades faculta al juez a designar a un mero veedor, a uno o varios administradores o a uno o varios coadministradores).
La resolución judicial dispone que el coadministrador que se designe intervendrá en todos los actos, de forma conjunta con los órganos de administración y gobierno de la empresa. Los jueces aclaran que el coadministrador no tendrá facultades excluyentes de dirección o gobierno ni podrá sustituir la voluntad de los miembros naturales de la comisión directiva; tampoco podrá hacerse cargo de los bienes ni tener iniciativas propias de carácter ejecutivo.
De este modo, el contencioso por el control de La Veloz del Norte entra en una fase de empate, ya que el coadministrador judicial que se desempeñará mientras dure la vigencia de la medida cautelar acordada, lo hará conjuntamente con Luis Alberto Derudder y Marcos Jacobo Levín.
La designación del coadministrador judicial correrá por cuenta del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 11ª Nominación de la ciudad de Salta, previo sorteo. El tribunal ha dejado a salvo la posibilidad de que el nombre del coadministrador pueda ser propuesto de común acuerdo por las partes en conflicto.
Otra magistrada del mismo tribunal, la señora Claudia Ibáñez de Alemán, ha dicho en su voto que en el caso de autos "ha desaparecido por completo la affectio societatis" y que su inexistencia dificulta de modo permanente la administración de la compañía. La misma magistrada ha recordado que la intervención judicial es “una medida cautelar societaria de excepción, a la cual puede recurrirse una vez agotadas todas las instancias para conjurar el peligro potencial de acciones u omisiones”.
