Pero -por lo que se está viendo estos últimos días- la señora Presidenta de la Nación reclama para sí el derecho exclusivo a calificar a los demás poderes del Estado sin admitir que éstos, o sus integrantes, le dirijan ninguna crítica.
No parece justo ni conveniente que así ocurra, puesto que cuando la Presidenta califica a los jueces como "de alquiler", no lo hace como Jefa del Estado sino como cabeza del Gobierno, como líder de una parcialidad. Se trata, pues, de una crítica política, no de una crítica "de Estado".
Si en vez de mesura, la Corte hubiera recomendado "cordura", es evidente que a la Presidenta le hubiera sonado a "dictadura". Si hubiese recomendado "raciocinio", la Presidenta escucharía "exterminio"; si los jueces hubieran aludido a la "Constitución", esta palabra sonaría en los oídos presidenciales como "destitución" (vocablo con el que la Jefa del Estado parece obsesionada) o como "prostitución", en el mejor de los casos.
Y así hasta el infinito. Cuando uno no quiere entender, dos no pueden dialogar. Es lo que técnicamente se conoce somo "sordera institucional".
Si un Juez de la Corte Suprema -animus retorquendi- califica de "tonterías" a aquellas afirmaciones de la Presidenta, no está llamando "tonta" a la Jefa del Estado, sino en cambio ejerciendo una defensa política de la función jurisdiccional.
Cuando la Corte recomienda "mesura" a quienes tienen responsabilidades de gobierno, nadie debería sentirse ofendido, porque lo que con ello pide es simplemente moderación, respeto a la magistratura, cuya buena imagen es una garantía de estabilidad no sólo del propio gobierno sino de toda la estructura del Estado.
Sería realmente "tonto" pretender destruir la solidez del Poder Judicial por un "quítame allá esas medidas cautelares".
Cuando la Presidenta identifica "mesura" con "censura", limita interesadamente el significado de esta última palabra, que no sólo se refiere al intento ilegítimo de silenciar la libre opinión de alguien, sino que designa "el juicio que se hace o da acerca de una obra".
La Corte de Justicia y sus jueces pueden, desde luego, censurar a la Presidenta las veces que haga falta, no sólo porque la Presidenta ha censurado previamente a los jueces de alquiler, sino porque las obras presidenciales están sujetas -como las de cualquier magistrado de la Nación- al escrutinio público, a la "censura" pública.
Pretender lo contrario es simplemente antidemocrático.
Y si la prudente recomendación judicial de "mesura" a la señora Presidenta le suena a "censura", al que suscribe, esta insólita victimización presidencial le suena a "basura".
