La intervención de Solanet estuvo dirigida a analizar el cambio político y económico pendiente en la República Argentina, de cara a la celebración, este año, del bicentenario de su existencia como país soberano.
Por su interés, Iruya.com reproduce íntegramente el texto del discurso de Solanet, agradeciendo a su autor su gentil autorización para que sea publicado en nuestro sitio.
Señores académicos:
Se mira con añoranza a la Argentina del primer centenario. En aquel entonces nuestra nación se destacaba por un notable crecimiento económico y cultural, que la había llevado a un lugar relevante y además expectante, en la comunidad internacional. Cien años después debemos enfrentar la realidad de un distanciamiento en los planos económico, social e institucional con aquellos países que eran nuestros pares, pero que hoy nos han superado.
Se aproxima el bicentenario del 25 de Mayo de 1810, acontecimiento fundamental y previo a la declaración formal de nuestra independencia. La cercanía de este aniversario ha despertado diversas iniciativas de propuestas consensuadas que permitan iniciar una nueva etapa superadora que vuelva a poner a la Argentina en el lugar relativo que alguna vez ocupó.
La prédica de Alberdi que se plasmó en el texto de la Constitución del 53, no sólo describió la estructura institucional pretendida para un país que se organizaba, sino también las políticas y doctrinas que fueron aplicadas por los sucesivos gobiernos nacionales en los siguientes ochenta años. El pensamiento alberdiano recogía los principios de la república ya antes enunciados por Locke y Montesquieu y que habían sido plasmados por Madison, Jefferson y Franklin en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Las Bases y el Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, las dos principales obras de Alberdi, aunque libros de autor único, bien pueden considerarse como la línea de pensamiento predominante de la generación del 37, una generación de hombres que después de cincuenta años de desunión hizo posible la notable transformación y progreso de la Argentina. Con el marco del Acuerdo de San Nicolás luego de la caída de Rosas, se logró la reconciliación y unidad que construyeron el campo fértil para que aquellas ideas dieran sus frutos. Hoy en víspera del bicentenario, debe aspirarse como entonces, a producir una nueva bisagra en la historia del país.
Como punto de partida y condición necesaria deberá crearse el marco político de entendimiento y cooperación que haga posible transformar el consenso sobre políticas de estado en acciones sostenidas en el largo plazo.
Ese consenso no resulta posible toda vez que los argentinos se vean enfrentados respecto de la interpretación moral de los hechos de la historia que han vivido. Más aún cuando ello deriva en odio y persecución al punto de impedir cualquier entendimiento racional sobre aquellas políticas de estado requeridas para impulsar el país hacia adelante. La reconciliación y la paz interior son por lo tanto condiciones claves para ingresar en una etapa superadora en la vida de nuestro país. Este es uno de los dos temas que trataré en esta exposición.
Hay por cierto muchas cuestiones que tampoco estarán ausentes de un proceso de cambio estructural. Por ejemplo, deberá instrumentarse una reforma política que asegure la representatividad y la transparencia y que genere incentivos para consolidar partidos de vocación democrática y doctrinas compatibles con el progreso, la vida republicana y los valores trascendentes del hombre. La actividad política que busque meramente lograr o mantener el poder, ha sido un rasgo de la Argentina de los últimos sesenta años y dio espacio para el populismo y la corrupción. Esto debe cambiarse.
Hay enormes falencias institucionales, particularmente agravadas en los seis últimos años, que claman por su corrección. Deberá recuperarse la independencia de poderes así como el pleno respeto de la ley y del derecho de propiedad. El restablecimiento de las jerarquías y el orden no deberán ser considerados como objetivos en conflicto con la democracia y menos con el respeto a la vida y los derechos humanos. A partir de este entendimiento y de una justicia eficiente, se podrá mejorar la seguridad de las personas, tan deteriorada en las últimas décadas.
En el plano institucional deberá contemplarse la recuperación de un federalismo equilibrado, acorde con los principios de la Constitución de 1853.
Todos estos temas así como otros tan importantes como la educación, las políticas sociales, el medio ambiente y las relaciones con el mundo, deberían constituir capítulos esenciales de un acuerdo para el bicentenario. No obstante, en mérito a la limitación de nuestro tiempo, concentraré mi enfoque en sólo dos cuestiones: Una, la pacificación; la otra, la economía.
La paz interior y la reconciliación
El inicio del siglo XXI ha encontrado a nuestra sociedad dividida y enfrentada por diversos hechos que dejaron profundas heridas, ocurridos principalmente en la segunda mitad del siglo anterior. Más particularmente estos acontecimientos alcanzaron una instancia de violencia dolorosa y lamentable en la década del setenta. Las corrientes de pensamiento que desviaron las aspiraciones de cambio hacia la justificación de la violencia, tuvieron una fuerte penetración en la Argentina así como en otros países de la región. La exteriorización de esta tendencia no se limitó a episodios callejeros como los que pudieron verse en el mayo francés del 68 o aún en una escalada más peligrosa como nuestro Cordobazo un año después. Tampoco quedó constreñida a la acción de grupos terroristas violentos pero limitados, como lo fueron las Brigadas Rojas en Italia, la Baader-Meinhof en Alemania o la ETA en España. El alcance de estas manifestaciones de violencia fue acotado por el enfoque gramsciano que predominaba en los comunismos europeos. En la Argentina en cambio, tras varios años de desencuentro y violencia política, la lucha armada alcanzó una dimensión extraordinaria tras la aparición y el desarrollo de organizaciones terroristas que persiguieron la toma del poder bajo el signo común de ideologías de extrema izquierda. La fuerte penetración del marxismo leninismo y del trotskismo en ciertos estamentos intelectuales y académicos, alimentó a numerosos jóvenes, particularmente universitarios, e infiltró a algunas agrupaciones sindicales. El guevarismo a su vez, con su énfasis en la lucha armada y en el foquismo, encontró un terreno fértil y arrastró a un segmento importante de esos grupos hacia la violencia organizada. En un país altamente urbanizado como el nuestro, el toque supuestamente romántico y épico de la Sierra Maestra del Che se tradujo en las criminales prácticas terroristas de los grupos armados. La dimensión de éstos así como su armamento, su apoyo externo y la actuación de tipo clandestino en las ciudades, hizo difícil su represión con los medios que disponía el estado. La guerra de guerrillas, con elementos uniformados, sólo se dio en la selva tucumana. El restó de las acciones tomó la forma del terrorismo ampliamente extendido, con organización celular y clandestina.La incapacidad de la justicia penal ordinaria de juzgar y condenar ese tipo de delitos, motivó en 1971 la creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación. El gobierno militar de aquel entonces siguió el camino de la ley y las garantías de la defensa para juzgar a los terroristas. Y lo logró apreciablemente. Pero tanto la acción policial como aquella actuación de la justicia fueron objetadas y combatidas por sectores políticos cercanos a la guerrilla. Finalmente aquellos tribunales fueron desmantelados en mayo de 1973 por un gobierno constitucional políticamente infiltrado por ideólogos afines o comprometidos con aquella violencia subversiva. Se fueron así desarrollando condiciones para que un año más tarde, el gobierno constitucional del mismo partido peronista aunque esta vez encabezado por su propio fundador, aplicara opciones de represión ilegal a través de una fuerza parapolicial, la Triple A. Más tarde, ante el clamor ciudadano por terminar con una subversión que tenía el alcance de una guerra interna y que desbordaba a las fuerzas del orden, el gobierno constitucional de Isabel Martinez de Perón introdujo y ordenó a las fuerzas armadas aniquilar el accionar subversivo. Al elegir los métodos para hacerlo, lamentablemente se descartó volver a crear un tribunal especial y se optó por privilegiar la eficacia y la urgencia, seguramente sin medir debidamente las consecuencias que ello tendría en la generación de excesos y la violación de derechos humanos. La guerra antisubversiva tomó el carácter conocido que luego se continuó con el gobierno militar que se inició en marzo de 1976.
Para quienes vivimos esas épocas queda claro que la represión nació como una reacción ante una acción previa, y que las violaciones a los derechos humanos fueron una indebida y lamentable consecuencia pero no una iniciativa de mentes perversas para lograr objetivos políticos. Los excesos y la represión misma finalizaron cuando el terrorismo fue derrotado.
El gobierno constitucional del Dr. Alfonsín decidió el enjuiciamiento de las Juntas Militares y paralelamente aunque en forma muy limitada, a los dirigentes de la guerrilla. Pero no pudo evitar que los tribunales federales avanzaran en el enjuiciamiento de miembros de menor jerarquía, incluyendo suboficiales y policías. Esto llevó a levantamientos castrenses y finalmente a la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La extinción de las causas penales fue muy abarcativa y alcanzó también a terroristas. Posteriormente el Presidente Menem dio un paso fundamental hacia el cierre de estas heridas al dictar los indultos para todos los que habían participado en la guerra interna, tanto militares como subversivos.
Sin embargo en estos últimos seis años se desanduvo fuertemente este camino. Por esas volteretas electorales de la política, accedió al poder un grupo de personas que por razones ideológicas u oportunistas - algún día se sabrá - eligió el camino de la exaltación de los grupos guerrilleros de los setenta y la persecución a las fuerzas armadas y de seguridad. La presión presidencial sobre el Parlamento y la Justicia, al amparo de actitudes sectarias e intolerantes, impulsó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos. Se reabrieron los procesos y bajo intensa presión política los jueces desconocieron en forma sistemática los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ley penal más benigna y derechos adquiridos. Me remito en este aspecto al dictamen de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales del 25 de agosto de 2005.
Se condenó en base a leyes sancionadas posteriormente a los hechos juzgados y se prolongaron y se siguen prolongando centenares de prisiones preventivas sin condena, por plazos superiores a los que la ley admite. Superados por impulso político esos principios de la justicia, apareció la figura de la imprescriptibilidad por la calificación de lesa humanidad. Si por el mero hecho de una realidad política se ha llegado hasta este punto, entonces y en todo caso la jurisprudencia internacional establece que el mismo tratamiento debiera aplicarse a los crímenes del terrorismo organizado y apoyado por otros estados. Sin embargo, hasta hoy ha habido un tratamiento asimétrico y solo se ha vuelto a juzgar a una de las partes. De esta forma la justicia parece convertirse en venganza.
Estas circunstancias han abierto heridas y han exacerbado sentimientos. El discurso oficial además alimentó el odio y la división como estrategia de creación de poder. La reacción contra los excesos represivos, pero alimentada por posiciones ideológicas, propagó un fuerte antimilitarismo. Así como fue imprescindible que las fuerzas armadas entendieran para siempre que debe ser respetado el poder civil emanado de la Constitución, debe entenderse que no hay Nación ni Estado sin fuerzas armadas que puedan cumplir adecuadamente sus funciones específicas. También debe entenderse que no es aceptable que estas rémoras ideológicas haya generado una suerte de aversión a todo lo que se parezca al mantenimiento del orden o a la represión del delito común. El piqueterismo y la inseguridad ciudadana se han convertido en factores de disociación social. En ámbitos elevados de la política y de la justicia se expone la interpretación de que quienes cometen crímenes y delitos no deben ser culpados por ello sino que debe adjudicarse la causa al entorno socioeconómico en que se crió y habita el delincuente. En la misma línea aparece la afirmación de que no debe criminalizarse la protesta social, y bajo esta premisa no deben reprimirse piquetes, cortes de calles y rutas o ataques a la propiedad. De esta forma la justicia ha sido presionada e inhibida de actuar con eficacia frente a la creciente inseguridad de las personas. Esto ha producido reacciones por parte de quienes han sufrido en carne propia el crimen y la violencia. Ha habido manifestaciones y enfrentamientos que han pasado a constituirse en hechos políticos y factores adicionales de desunión.
Debemos hablar también de los estilos políticos de conducción del gobierno de los últimos años que emplearon la confrontación como estrategia permanente. Imperó el maniqueísmo y la búsqueda de culpables en la relación gobierno-gobernados y esto magnificó las divisiones en el tejido social del país.
En definitiva, en las vísperas del bicentenario encontramos a la sociedad argentina profundamente dividida y exasperada. Los rasgos hostiles de la actual campaña electoral lo han puesto de manifiesto. Ningún país puede proponerse objetivos y acuerdos superadores, en estas condiciones. La reconciliación y la pacificación interior son una condición esencial. En un acuerdo por el bicentenario debería haber un reconocimiento general de las responsabilidades y culpas del pasado, pero habría que superarlo y lograr la tolerancia para mirar hacia adelante. Deberán dictarse las normas legislativas y las acciones judiciales superadoras, retomando el camino por el que años antes ya se había avanzado.
La economía
Nuestro bicentenario encuentra al mundo transitando una crisis financiera y económica de una magnitud sólo comparable con la ocurrida en los años treinta. Las medidas encaradas por los principales países indujeron a muchos a pregonar la caída del capitalismo y a vaticinar un cambio copernicano en las reglas que han conducido exitosamente las economías del mundo libre en los últimos doscientos años. Pensamos que no es así. La heterodoxia que suponen las medidas aplicadas se ha asemejado a los remedios que se aplican a un enfermo con un episodio infeccioso grave que podría dañar su salud permanentemente. El tratamiento en la emergencia no debiera modificar el criterio del médico respecto del comportamiento del paciente cuando éste goza de una salud normal. El conjunto de disposiciones adoptadas por la reunión del G20 en Londres en abril pasado, confirman que la línea trazada por los principales países es la de introducir mecanismos más eficaces de seguimiento, regulación y prevención para preservar la eficacia del capitalismo, pero no para destruirlo ni sustituirlo.Hay señales positivas en cuanto a la superación de la crisis internacional. Las fuertes medidas instrumentadas por los gobiernos de los principales países están haciendo posible reencauzar sus economías. Ninguna de estas medidas hubiera sido aceptable si no se las analizara en el contexto de una crisis que podía haber ocasionado daños irreparables y profundos no solo a las economías sino a todo el entramado social.
La experiencia de los años treinta y el mejor conocimiento de los ciclos y su tratamiento, facilitó la rápida reacción de los gobiernos y de los bancos centrales. La aplicación de fondos presupuestarios a la capitalización de bancos en riesgo de bancarrota hubiera constituido normalmente un paso inaceptable por su aparente inequidad y connotación moral. Sin embargo, la eventualidad de efectos negativos e irreversibles sobre todo el conjunto social movieron justificadamente las decisiones de gobiernos y parlamentos en ese sentido. El riesgo sistémico global y el riesgo moral particular en cada acción de salvataje, estuvieron en los distintos platillos de la balanza en difíciles opciones para todos los gobiernos, cualquiera sea su signo ideológico.
La crisis argentina, a diferencia de la mundial, es estructural más que temporal. Nuestro país ha sufrido en los últimos setenta años un deterioro relativo de su nivel económico frente al mundo. No hay lugar para interpretaciones mañosas ni ideologizadas sobre sus causas cuando se compara nuestro país con Canadá o Australia, que hasta la crisis del treinta exponían rasgos similares de nivel y estructura socioeconómica a la Argentina. Las razones de nuestro retraso y de nuestras crisis recurrentes deben encontrarse en el intervencionismo, el estatismo, el proteccionismo y en políticas distribucionistas sin base real y con sentido puramente demagógico. Estos desvíos son los que determinaron una inadecuada orientación de la inversión y su baja productividad. Ello a su vez se tradujo en falta de competitividad y en los consecuentes estrangulamientos externos. El estatismo y el populismo fueron los causantes de los crónicos desequilibrios presupuestarios y de la inflación. La Argentina expone el lamentable record de haber pasado por tres defaults y una hiperinflación en los últimos veinte años. Los intentos de revertir estas políticas sólo fueron esporádicos e insuficientes. No hubo continuidad para sostenerlos o bien fueron experiencias híbridas o en algunos casos coincidentes con adversas situaciones internacionales. Lo notable es que una parte importante de la población hoy acepta que las llamadas políticas “neoliberales” han sido la causa de todos nuestros males. Es un argumento que suele ir ligado a las interpretaciones conspirativas de nuestro fatal destino al subdesarrollo que habría sido decidido por los grandes centros del capitalismo internacional. Obviamente estas interpretaciones implican un desconocimiento de cómo funciona el mundo y de cómo han progresado las naciones, grandes o chicas, que supieron elegir el camino adecuado.
Es una condición necesaria para el despegue argentino que se erradique el extendido convencimiento de que dependemos de lo que otros dicten para nosotros y que se asuma que nuestro destino colectivo dependerá de nuestro propio esfuerzo e inteligencia. Deberá además adquirirse la seguridad que podemos desarrollar capacidades para competir frente al mundo y ganar un espacio no sólo en la agricultura sino también en la industria y en los servicios. La crisis económico financiera que están atravesando los países desarrollados y que se ha extendido a todo el mundo, no debe llevar erróneamente a convalidar teorías conspirativas o a decretar la defunción de la economía de mercado. El muro de Berlín cayó definitivamente y no debe caber ninguna duda que la democracia y la preservación de la libertad política son incompatibles con la socialización de los medios de producción y con el estatismo. La actual crisis será superada porque los países aprenden de sus errores. Confiamos en que el conocimiento acumulado permita corregirlos sin destruir los cimientos que hicieron la grandeza de las naciones. La Argentina tiene la oportunidad de emerger de la crisis vigorosamente si es capaz de dejar atrás su crónica propensión al dirigismo y al dispendio populista y elige el camino que oportunamente tomaron los países exitosos.
Los desafíos esenciales del cambio en el bicentenario pueden resumirse en diez campos de acción: 1) La apertura competitiva al comercio internacional en un esquema de relaciones internacionales amplias y no sesgadas por alianzas ideológicas que nos aparten del primer mundo; 2) El pleno respeto por las normas del derecho internacional y el cumplimiento de los compromisos financieros y contractuales externos e internos; 3) Una gestión pública eficiente para asegurar la solvencia fiscal permanente con una presión tributaria moderada y una reforma profunda del federalismo fiscal devolviendo potestades tributarias a las provincias; 4) El pleno respeto del derecho de propiedad; 5) La aplicación del principio de subsidiaridad en el marco de la libertad económica y la estabilidad monetaria; 6) Seguridad jurídica basada en instituciones sólidas y respetadas, asegurando la independencia de poderes; 7) Una mejora sustancial en la honestidad y la ética pública; 8) La erradicación del populismo y la demagogia; 9) Recuperación de la seguridad personal; 10) Una acción social estatal genuina y libre de clientelismo y demagogia.
Estas deberían ser las líneas de acción si pretendemos recuperar nuestro país hacia los destinos que nunca debió haber abandonado.
