Bien podría esta osada afirmación constituir la base de un profundo estudio sociológico acerca de la intrincada composición de nuestra clase burocrática. De acometerse este estudio, con el rigor y la seriedad debidas, es probable que lleguemos a conclusiones bien distintas a las que se insinúan en el artículo periodístico.
Por ejemplo, se podría poner en entredicho la tesis del matutino de que los apellidos de los gobernadores no aparecen con frecuencia en la lista de empleados públicos. Razón hay para ello. Y es que el empleo público, sea temporal o indefinido, se ha convertido, con el correr del tiempo, en una prebenda menor. ¿Por qué beneficiar a los más cercanos con carguitos de poca monta cuando se les puede favorecer con grandes negocios? El negocio privado (y si es también oculto, mejor) ha sustituido al empleo público en el cajón de herramientas del nepotista de turno.
Si revisáramos (especialmente en algunas escribanías bien conocidas) los grandes negocios de la década pasada, aquellos que se generaron al calor del poder y sacando provecho de su proximidad, descubriríamos muchos otros apellidos que no aparecen en los listados de cargos políticos ni en los decretos ómnibus.
No es malo de suyo que las administraciones públicas encuentren su cantera en las familias o en los contactos políticos. Si los elegidos cumplieran con los requisitos legales de idoneidad, ningún problema habría en considerar a las familias o a los políticos como viveros de futuros burócratas. El problema comienza cuando esos parientes o esos incondicionales políticos son inútiles y negados para cualquier función administrativa. "Desertores del arado" les llamarían en otras latitudes.
Lo que el artículo de Nuevo Diario no valora es la cantidad de "agentes" que han obtenido un cargo en el Estado, no por familia ni por política, sino por cuestiones de alcoba.
Y cuando decimos alcoba, no nos limitamos a las relaciones entre las damas y los caballeros, sino -y muy especialmente- a las relaciones entre estos últimos. Muchos altos cargos se deben a pactos secretos forjados en la más solitaria e inconfesable de las intimidades.
Ascendiendo un poco más en la escala moral, podemos encontrar a una amplia franja de féminas de las que todo mundo conoce cómo obtuvieron su cargo y a qué precio.
Un capítulo a analizar especialmente es el de la brecha social existente entre la administración del gobierno propiamente dicho y la del Poder Judicial. Una mirada superficial revela que la función burocrática judicial está íntimamente relacionada con la vieja clase prominente, aunque se trata de un fenómeno que viene desde antes de nuestra independencia. Una porción sustancial de empleadas y empleados judiciales pertenecen a familias muy caracterizadas de Salta; gente "bien" que no ha podido hacer carrera.
En el fondo de todo este asunto subyace la pregunta de por qué el resto de los salteños debe hacerse cargo de mantener a algunos que no han podido prosperar en otros terrenos y que, sin mérito y sin capacidad, trabajan en igualdad de condiciones junto a otras personas que se han planteado el servicio público como una opción de vida y se han preparado concientemente para desempeñarlo.
Lo curioso es que muchos de ellos reciben medallas de oro cuando cumplen 25 o 30 años de servicio. Llegará algún día en que sean ellos los que deban entregar medallas a los ciudadanos que cumplen las bodas de plata pagando sus salarios.
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