Vengo siguiendo el incidente relacionado con la Cruz Roja desde sus inicios, con interés y perplejidad; interés porque conozco la trayectoria en nuestro medio de las dos entidades involucradas (la otra es el Hospital Arturo Oñativia, como se sabe) y a varios de sus protagonistas de ambos lados, que me merecen respeto; perplejidad porque resulta inexplicable la incapacidad de acotar el conflicto en su exacta dimensión y darle una solución razonable. Así pues, ¿hasta dónde se tensará la cuerda de la sensatez o ya está decidido que se corte nomás?
Esta nota no será, por cierto, un estudio de títulos para conceder propiedad a la Cruz Roja Filial Salta (CRS) o al Gobierno porque no conozco los detalles y porque -según van las cosas- le cabrá a la Justicia dar a cada uno lo suyo. Me impulsa, entonces, tratar de entender porqué es tan difícil -en Salta y en la Argentina de estos tiempos- llegar a una justa composición de intereses.
En el conflicto están involucradas dos instituciones cuyo compromiso es -en esencia- el bien común, aunque sean de distinta dimensión y naturaleza jurídica.
El Hospital es el Estado Salteño y el Estado somos finalmente todos los habitantes de esta bendita provincia, en cuanto componentes de tal organización social y destinatarios principales de las políticas implementadas por aquellos a quienes temporalmente les conferimos dirigirnos. La Cruz Roja, por su parte, es la denominación usual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (unas 186, entre ellas la de Argentina). Fue inspiración del humanista suizo Henri Dunant (1828-1909, primer premio Nobel de la Paz en 1901) y se trata de una de las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales del mundo, que también recibió el mismo galardón en 1917, 1944 y 1963. Su actividad más señera ha sido, sin duda, la conformación de lo que hoy constituye el Derecho Internacional Humanitario.
En los días pasados la escalada del enfrentamiento llegó al límite cuando el Ministerio de Educación decidió quitar a la Escuela de Enfermería un subsidio de apenas $ 47.000 mensuales, que representa un tercio de los salarios docentes; y después, otro servidor público presidente de la Cámara de Diputados, anunció que desataría el nudo de los bueyes de Gordias con el consabido golpe de espada, en este caso un proyecto de expropiación de los dos terrenos involucrados (la sede de la Cruz Roja y el Hospital: ¿pero no es eso reconocer titularidad en la primera?); más aún, cobijado en el típico cesarismo pejotista, el persistente legislador elevó la apuesta: ¡compensar la indemnización pertinente con los subsidios otorgados a la CRS a lo largo de los años! En el interín, escuché en un reportaje radial a un directivo del Oñativia, que no pude identificar, deslizando la turbia sospecha de un “negocio inmobiliario” y que los alumnos de aquella Escuela se formarían mejor en la de la UNSa (antes desde el mismo hospital se había sostenido que la CRS pretendía desalojarlo). Parecería un guión fellinesco si no fuera que está ocurriendo lo que acá se relata. Así las cosas, hay algo indiscutible y de previo pronunciamiento: la parte que debe hacer el mayor esfuerzo de reflexión, diálogo y ajuste de la controversia es la que posee los atributos del mando, la fuerza política y económica, o sea el gobierno salteño; sobre todo si se tiene en cuenta la antigüedad de un litigio que superó a varios gobernantes de distinto pelaje y eficacia.
Tampoco se puede obviar que la Cruz Roja es más que una escuela de enfermería con 300 estudiantes y 90 docentes, lo cual quedó demostrado por ejemplo después del trágico alud en Tartagal. ¿Qué se pretende con esta demostración de fuerza? ¿que se vaya de Salta? ¿A quién beneficiaría eso? ¿Qué dirá, por caso, Alfredo Llaya? Una política seria de mediano y largo plazos procuraría que la CRA invierta y multiplique su actividad en todas sus líneas de acción. Mutatis mutandi, esto es aplicable también a los organismos con sede en Salta, llámense Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTA, Servicio Geológico Minero o, entre las no gubernamentales, la reconocida OPJ, filial de la Asociación Católica Internacional al Servicio de la Juventud Femenina ACISJF. Aprovechar la presencia de esos entes, su logística y financiamiento no es tarea fácil y requiere ideas claras. Mencioné recién al intendente de Embarcación porque su ciudad es la receptora de un proyecto de ayuda humanitaria para comunidades indígenas, gestado por la Filial Salta, que cuenta con financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Este lunes estarán en Salta inspectores europeos y me animo a vaticinar que ningún funcionario de alto rango los recibirá. Quizás lo haga el director de Defensa Civil, organismo coordinador del proyecto por parte de la provincia. ¡No sean tozudos, muchachos, que cuesta mucho arrimar euros a nuestro país!
Para concluir, no se puede eludir que, aparte de la Universidad estatal y de la CRS, hay otra escuela de enfermería vinculada al gremio ATSA, la cual según se dice (nadie ha logrado confirmarlo por falta de información clara y precisa) recibe beneficios del estado provincial que la CRS nunca obtuvo. Se rumorea en los pasillos que ATSA recibe un aporte equivalente a un millón de horas anuales, calculadas no como horas cátedra sino horas de guardia, por lo que su “financista” sería el Ministerio de Salud. Además la Escuela Ramón Carrillo funciona en una docena de escuelas públicas vía comodato. Y un detalle, su plan de estudios al parecer tiene una carga de 20 horas semanales contra 40 de la CRS. Si debiéramos aplicar el principio de igualdad ante la ley, la distribución de subsidios tendría que ser pareja. ¿O acaso no hay espacio para todos? En suma, ni expropiación ni juicio reivindicatorio: lo que hace falta es una mesa redonda en la que las partes puedan verse las caras y resuelvan el conflicto con inteligencia y mucho sentido común. Si el gobierno no puede resolver uno de esta categoría, ¿qué será con otro de mayor envergadura?
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