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La confusa información que de modo oficial está suministrando el gobierno de Salta a los medios de comunicación en relación con el grave conflicto laboral suscitado en el Ingenio El Tabacal está provocando no pocos problemas.

A media mañana de hoy, el gobierno de Salta, a través de la Secretaría de Comunicación, publicó en su página web oficial un despacho de prensa cuyo titular reza textualmente "El Gobierno Provincial tomó medidas para garantizar la libre circulación en la ruta 50".

El titular induce a confusión, por cuanto es de público conocimiento que la circulación vial por dicha carretera se encuentra interrumpida como consecuencia del conflicto laboral que mantiene enfrentados a la empresa Tabacal Agroindustria con el Sindicato de Trabajadores del Azúcar. Un piquete sindical mantiene desde hace días cortada la ruta a la altura del ingenio.

La confusión se produce porque, en rigor, el gobierno provincial no ha tomado ninguna medida encaminada a hacer efectiva la garantía de la libre circulación por la mencionada ruta, sino que se ha limitado a pedirle al juez competente que adopte tales medidas. Lo cual es lógico, ya que el único poder del Estado facultado para tutelar aquella garantía constitucional en casos como éste es el Poder Judicial y no el Ejecutivo.

El juez, por su parte, ha accedido al pedido del gobierno y ordenado en consecuencia a la empresa que permita la circulación vial por sus "caminos internos", para permitir el libre tránsito desde y hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, “hasta tanto se restablezca la normal circulación por la Ruta Nacional Nº 50”, según reza textualmente la información oficial del gobierno.

En consecuencia, "las medidas" a que se refiere el titular de la web oficial han sido adoptadas por el juez y no por el gobierno.

Sorprendente autorización de allanamiento

Pero lo más cuestionable de la información oficial es sin dudas la afirmación de que el gobierno "dio participación" al Ministerio de Seguridad de la Provincia (esto es, a la policía) “a los fines de garantizar la seguridad y la protección de personas y bienes transportados y evitar daño al patrimonio de la propietaria, autorizándose a allanar el domicilio (sic) y hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario”.

Esta información no solo es confusa sino muy grave, por cuanto el gobierno carece en absoluto de facultades para autorizar a la policía provincial a "allanar el domicilio" de nadie. Una orden o autorización de semejante alcance y envergadura solo puede ser emitida por un juez competente y ejecutada por la policía bajo estricto control judicial.

Si el juez hubiese ordenado a la policía allanar (extremo que por el momento no ha podido ser confirmado), dicha orden es inmediatamente ejecutiva; es decir, que no requiere una autorización previa por parte del gobierno, que debe limitarse a obedecer la orden del juez y permitir que la policía cumpla con su deber de auxilio a la justicia.

Por otro lado, el allanamiento de la inviolabilidad del domicilio que consagran las leyes no parece ser, ni de lejos, una medida idónea ni para garantizar la seguridad de las personas y bienes transportados ni para evitar que se produzca un daño patrimonial a la empresa. Al contrario, una medida de esta naturaleza puede provocar que se produzcan los efectos negativos que con ella se pretenden evitar.